GUALCAMAYO, OTRA VEZ EN PIE DE GUERRA

Demandan a la constructora porque nunca les escrituró

José Luis Salazar

La Justicia Federal había consensuado entre la empresa y 33 familias de Río Cuarto un plazo de escrituración. Pero los vecinos denuncian que la firma Admicor no cumplió su parte por eso le piden al juez que, si la constructora sigue en rebeldía sea el propio magistrado quien avale los títulos de propiedad

“A esta altura, desconfiamos hasta del Papa... hace más de 20 años que estamos con problemas con estas casas y la solución nunca llega”. Así de gráfica fue Laura Sagardoy, una de las vecinas de barrio Gualcamayo, cuando se le preguntó sobre el último desaguisado que se produjo entre las familias del barrio y la empresa que levantó las viviendas mellizas, en el sector lindante con el Bimaco.

Es que cansados de las idas y vueltas, los adherentes de la controvertida cooperativa sanjuanina decidieron presentar una demanda en la Justicia Federal de la provincia cuyana reclamando a la empresa constructora Admicor S.A. que cumpla con los plazos que fijó un juez para entregarles las escrituras a los vecinos.

El que presentó la demanda fue el interventor de la cooperativa, Héctor Márquez, quien actuó en nombre de las 33 familias riocuartenses que siguen en conflicto por la cancelación de los inmuebles y en reclamo de los títulos de propiedad. Pero también lo hizo en representación de 88 adjudicatarios sanjuaninos y 67 de la provincia de Mendoza.

Todos ellos le piden al juez que lleva la causa, Miguel Angel Gálvez, que ordene a la firma Admicor S.A. cumplir con el convenio que oportunamente suscribió y que fuera homologado por la Justicia Federal.

En ese convenio, la constructora debía ceder las escrituras traslativas de dominio a favor de la cooperativa Gualcamayo, la que a su vez escrituraría las viviendas a nombre de cada uno de los adjudicatarios. Para que eso ocurra, se acordaron quitas que fueron desde el 40 al 60 por ciento de los valores que Admicor pretendía cobrar por las coquetas viviendas de ladrillo visto, y los vecinos debieron suscribir compromisos de pago del saldo que les quedaba por las propiedades.

De esa manera se le pondría un corte a la interminable pulseada. Pero nada de eso ocurrió porque junto a la falta de colaboración de la firma se le sumó una inhibición que la Afip le había aplicado a Admicor S.A., circunstancia que terminaría trabando todo el proceso.

Entretanto los vecinos cumplieron con su parte del acuerdo. O bien acordaron la cancelación total de la deuda o bien se acogieron a alguno de los planes de pago que se les proponía.

Del total de 33 familias riocuartenses involucradas en el largo litigio, 15 decidieron pagar el saldo de sus viviendas y el resto optó por la financiación, sólo que cumplidos los plazos, se toparon con una nueva decepción.

“Al final no se pudo escriturar y eso me deja a mí en una situación incómoda porque como representante de la intervención que dictó el juez de San Juan quiero que la gente no vea fantasmas ni cosas raras y no piensen que uno está prendido con alguien. Esperemos que ese delincuente de Suárez termine con esta cuestión y deje de pedalearnos, por eso es que iniciamos esta demanda”, confió a PUNTAL, José Luis Salazar, uno de los adjudicatarios que se puso a la cabeza de los reclamos.

Salazar se refirió así, al arquitecto sanjuanino Jorge Suárez que históricamente mantuvo una pésima relación con varios de los vecinos de Gualcamayo porque le atribuían que su única intención era recuperar para sí la mayoría de las casas que se habían levantado en el sector.

“No es fácil confiar en esa persona porque hasta octubre del año pasado parecía que todos estábamos en condiciones de escriturar y después empezaron a aparecer las inhibiciones y las trabas. Por más que pusimos buena voluntad, nunca logramos tener un buen diálogo con el arquitecto Suárez”, dijo Laura Sagardoy y agregó. “En mi caso, hace ya siete años que tengo la casa paga y no logró que me la escrituren”.

La mujer adelantó que tiene planeado encadenarse en el Juzgado Federal de San Juan hasta tanto le den la respuesta que ella y una treintena de familias más esperan desde hace más de dos décadas.