Carlos Laje, el yerno de De la Sota en problemas

En diciembre del 2010, la prensa daba cuenta de la inhabilitación que aplicara el BID o sea el Banco Interamericano de Desarrollo a Carlos Laje, por “prácticas fraudulentas” en la aplicación de un crédito de por lo menos 60 millones de pesos.

Laje,  además de médico es pareja de una de las hijas de José Manuel De la Sota, y participó administrativamente del préstamo con el que se llevó adelante el Programa de reforma de la Atención Primaria de Salud (Proaps). Los números que se manejan son asombrosos desde la óptica del ciudadano común, porque refiere la información que en el año 2007, ese Programa y de acuerdo a lo que consta en el presupuesto provincial para solamente ese año el monto del crédito fue de 60.170.300 pesos, con gastos de consultoría de 13.180.925 pesos. A su vez señala también que este crédito estuvo a cargo de una de las Agencias de la administración cordobesa, fue la Agencia de Inversión y Financiamiento (Acif), a cargo de Horacio Miró, cómo es de presuponer muy cercano al ex gobernador y a su cuestionado yerno.

Así entre Proaps y Acif capaz que a nosotros, los de abajo, nos hicieron GiTraSa  o sea gilada traga sapos, porque hubo sospechas con el manejo de estas sumas interesantes, la salud carga como siempre con los problemas de arrastre y el prestamista o sea el BID inhabilita a funcionarios . No es que seamos mal pensados pero ¿Qué pasó, para qué el Banco Interamericano de Desarrollo diera a conocer que hubo “práctica fraudulenta” que la entidad describe como “cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberadamente o por negligencia grave, engañe o intente engañar a alguna parte para obtener un beneficio financiero, o para evadir una obligación”?

Laje reparte responsabilidades y “distinciones” cómo la inhabilitación, con médico Enrique Eduardo Rozenblat, quien se desempeñó como Coordinador General de la Subunidad Ejecutora del Proaps durante la segunda gestión de De la Sota. Para destacar es el hecho de que entre los antecedentes de Rozenblat figura un cuestionamiento por compras de vacunas  con un sobreprecio desde el ex e inolvidable IPAM. O sea si no lo tiene presente: el Instituto Provincial de Atención Médica. Todos estamentos de la órbita de la cartera sanitaria a cargo del ministro Oscar González, que estuvo y está en el cargo, dándole continuidad a la gestión justicialista en un área más que sensible de la responsabilidad de gobierno.

El ministro Oscar González, apeló al argumento de que la sanción administrativa no había tenido un correlato judicial, y siguió con su tropa. Entonces, cómo nadie se va de la administración pública así porque sí,  tenga presente este dato, en la actualidad, el mencionado Carlos Laje, es el director del Observatorio de Salud de la Provincia, organismo creado en julio de 2007 por resolución N° 336, con el objetivo de “plantear la organización sistemática y ordenada de información destinada a diferentes actores –gestores, profesionales, ciudadanos– así como la generación de conocimientos, y la realización de actividades de fortalecimiento del Sistema de Salud en forma conjunta con los efectores involucrados”.

Así someramente es la reseña de situaciones que alcanzan por estos días nuevas consideraciones, pero esta vez desde España parte la sospecha y tiene que ver con la Escuela Andaluza de Salud Pública (Easp) “existen indicios de que dicho organismo (la Easp) contrató y pagó a dos funcionarios argentinos (Laje y Rozenblat) con el único objetivo de obtener la adjudicación de un proyecto en este país”, hechos que habrían sucedido en el 2006. La sospecha es tal que motivó, que ahora el fiscal de 2ª Nominación del fuero Penal, Económico y Anticorrupción, Gustavo Hidalgo, abriera una investigación “de oficio” sobre el desempeño de Carlos Laje, en la implementación del Programa de Reforma de la Atención Primaria de la Salud (Proaps) durante la segunda gestión de José Manuel De la Sota.

Parece que el bochorno internacional de esta sospecha hacen que el fiscal se aboque a tocar el tema porque “evidentemente, de la información publicada por el diario La Razón (España), surgen datos nuevos y motivos para investigar”. La crónica refiere que  en los próximos días, Hidalgo solicitará documentación del Proaps que acredite y especifique cuál fue el grado de participación y responsabilidad de Laje y de Rozenblat, y en qué marco se desarrolló la consultoría adjudicada por estos funcionarios a la Escuela Andaluza de Salud Pública.

Pueda ser que este empujón haga que conozcamos que pasó con este enredo, la atención de salud y el país todo necesitan no sólo recursos sino funcionarios incuestionables. Investigar y  hacer justicia es el camino para lograrlo, y terminar con las ventajas que otorga el amparo del ala ancha del poder para vivir en impunidad.

CIUDADANOS AUTOCONVOCADOS DE RIO CUARTO

Datos: La Voz el Interior