En diciembre del 2010, la prensa daba cuenta de la inhabilitación que aplicara el BID o sea el Banco Interamericano de Desarrollo a Carlos Laje, por “prácticas fraudulentas” en la aplicación de un crédito de por lo menos 60 millones de pesos.
Laje, además de
médico es pareja de una de las hijas de José Manuel De la Sota, y participó
administrativamente del préstamo con el que se llevó adelante el Programa de
reforma de la Atención Primaria de Salud (Proaps). Los números que se manejan
son asombrosos desde la óptica del ciudadano común, porque refiere la
información que en el año 2007, ese Programa y de acuerdo a lo que consta en el
presupuesto provincial para solamente ese año el monto del crédito fue de
60.170.300 pesos, con gastos de consultoría de 13.180.925 pesos. A su vez
señala también que este crédito estuvo a cargo de una de las Agencias de la
administración cordobesa, fue la Agencia de Inversión y Financiamiento (Acif),
a cargo de Horacio Miró, cómo es de presuponer muy cercano al ex gobernador y a
su cuestionado yerno.
Así entre Proaps y Acif capaz que a nosotros, los de
abajo, nos hicieron GiTraSa o sea gilada
traga sapos, porque hubo sospechas con el manejo de estas sumas interesantes,
la salud carga como siempre con los problemas de arrastre y el prestamista o
sea el BID inhabilita a funcionarios . No es que seamos mal pensados pero ¿Qué
pasó, para qué el Banco Interamericano de Desarrollo diera a conocer que hubo “práctica fraudulenta” que la entidad
describe como “cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos
y circunstancias, que deliberadamente o por negligencia grave, engañe o intente
engañar a alguna parte para obtener un beneficio financiero, o para evadir una
obligación”?
Laje reparte responsabilidades y “distinciones” cómo
la inhabilitación, con médico Enrique Eduardo Rozenblat, quien se desempeñó
como Coordinador General de la Subunidad Ejecutora del Proaps durante la segunda
gestión de De la Sota. Para destacar es el hecho de que entre los antecedentes
de Rozenblat figura un cuestionamiento por compras de vacunas con un sobreprecio desde el ex e inolvidable
IPAM. O sea si no lo tiene presente: el Instituto Provincial de Atención Médica.
Todos estamentos de la órbita de la cartera sanitaria a cargo del ministro
Oscar González, que estuvo y está en el cargo, dándole continuidad a la gestión
justicialista en un área más que sensible de la responsabilidad de gobierno.
El
ministro Oscar González, apeló
al argumento de que la sanción administrativa no había tenido un correlato
judicial, y siguió con su tropa. Entonces, cómo nadie se va de la
administración pública así porque sí, tenga presente este dato, en la actualidad, el
mencionado Carlos Laje, es el
director del Observatorio de Salud de la
Provincia, organismo creado en julio de 2007 por resolución N° 336, con el
objetivo de “plantear la organización sistemática y ordenada de información
destinada a diferentes actores –gestores, profesionales, ciudadanos– así como
la generación de conocimientos, y la realización de actividades de
fortalecimiento del Sistema de Salud en forma conjunta con los efectores
involucrados”.
Así
someramente es la reseña de situaciones que alcanzan por estos días nuevas
consideraciones, pero esta vez desde España
parte la sospecha y tiene que ver con la Escuela Andaluza de Salud Pública (Easp) “existen indicios de que
dicho organismo (la Easp) contrató y pagó a dos funcionarios argentinos (Laje y
Rozenblat) con el único objetivo de obtener la adjudicación de un proyecto en
este país”, hechos que habrían sucedido en el 2006. La sospecha es tal que
motivó, que ahora el fiscal de 2ª
Nominación del fuero Penal, Económico y Anticorrupción, Gustavo Hidalgo,
abriera una investigación “de oficio”
sobre el desempeño de Carlos Laje, en la implementación del Programa de Reforma de la Atención Primaria
de la Salud (Proaps) durante la segunda gestión de José Manuel De la Sota.
Parece que el bochorno internacional de
esta sospecha hacen que el fiscal se aboque a tocar el tema porque “evidentemente,
de la información publicada por el diario La Razón (España), surgen
datos nuevos y motivos para investigar”. La crónica refiere que en los próximos días, Hidalgo solicitará
documentación del Proaps que acredite y especifique cuál fue el grado de
participación y responsabilidad de Laje y de Rozenblat, y en qué marco se
desarrolló la consultoría adjudicada por estos funcionarios a la Escuela
Andaluza de Salud Pública.
Pueda
ser que este empujón haga que conozcamos que pasó con este enredo, la atención
de salud y el país todo necesitan no sólo recursos sino funcionarios
incuestionables. Investigar y hacer
justicia es el camino para lograrlo, y terminar con las ventajas que otorga el
amparo del ala ancha del poder para vivir en impunidad.
CIUDADANOS AUTOCONVOCADOS DE RIO
CUARTO
Datos: La Voz el Interior
Datos: La Voz el Interior
esto es para ir a la carcel como zanola porque quitaron recursos destiandos a la salud,muchos hubiesen necesitado de lso mimso, los enfermos oncologicos deambulan por los hospitales, las colas en lso mismos desalientan la atencion de quienes no tiene medios para hacerlso,con esta lacra se deberia termina de cuajo SON DELICNCUENTES Y TAMBIEN QUIENES LO SOSTIENE EN LSO CARGOS, cuando lso cordobeses que fuimos reaccionarios nos vamos a rebelarf de esta banda de delincuentes que hacen lo que quieren, hasta darse el gusto de gastar millones de pesos en alquileres de edificos que ya tenian cuando la gente se muere por falta de atencion.-luchemso por uan provincia mejor sin charlatanes ni delincuente, la merecemos.-
ResponderEliminar