Buscar en este blog

4 jul 2010

BOTNIA: Bloquear el paso a Uruguay no fue delito






El juez federal entrerriano Gustavo Pimentel se negó ayer a citar a indagatoria a los diez asambleístas acusados por el Gobierno de una larga serie de delitos vinculados con el corte del puente internacional que une Gualeguaychú con Fray Bentos. Pero no sólo dijo que no los citará: adelantó que, a su juicio, no habían cometido ningún delito y sostuvo que el Gobierno es también responsable de lo que pasó.
Según el juez, el corte era ilegal, pero había en los asambleístas "un déficit de conciencia en la realización del ilícito" que les impidió "comprender la criminalidad del acto".
Pimentel considera que la causa de este error son las señales emanadas del propio Estado, como la inacción de las fuerzas de prevención que, "en desmedro de sus deberes", no hicieron nada durante los dos años que duró el corte, y la postura del Gobierno en el Tribunal Arbitral del Mercosur, donde dijo que había "comprendido, sin alentar", las manifestaciones de los asambleístas "por entender que constituyen el ejercicio de un legítimo derecho", relató el juez.
"Como si esto no fuera ya suficiente para generar en la mente de cualquier ciudadano una confusión -sostiene el fallo- resta traer a colación la ley provincial 9922 (1409/09), cuyo artículo 1°, expresamente, declara paraje histórico y cultural el kilómetro 28 de la ruta internacional 136", en Arroyo Verde, el lugar del corte.
El juez advirtió que en esa declaración se proclamó que ese paraje "era la referencia física y geográfica de la larga lucha que ha emprendido el pueblo de Gualeguaychú" y que se "ensalzó" así "desde la esfera legisferante provincial" la metodología utilizada por los asambleístas.
Por todo esto, más el "contexto social imperante", Pimentel sostuvo que "es evidente que en la subjetividad de todos aquellos que llevaran adelante la medida de fuerza no existían razones sensatas para suponer el carácter prohibido de su hecho".
En el Gobierno, estas consideraciones no cayeron nada bien. "Es un claro caso de prejuzgamiento", dijo a LA NACION un alto funcionario que sigue de cerca el caso.
Pero no fue todo malo para la estrategia oficial. En la primera parte del fallo de ayer el Estado nacional fue reconocido como parte querellante. Eso le permite al procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, tener acceso a la causa, pedir medidas de prueba, apelar decisiones e impulsar la investigación. No obstante, después de lo sostenido ayer por el juez, son pocas las posibilidades de que algún asambleísta sea condenado por el corte.
Pimentel es juez federal subrogante de Concepción del Uruguay. Es el mismo magistrado que el 8 de junio pasado ordenó liberar el puente. Sostuvo entonces que ya existían otros fallos que habían ordenado levantar el corte y que supeditar esta medida al desmantelamiento de la planta de Botnia, como pretendían los asambleístas, era "desproporcionado e irrazonable".
Su fallo de ayer fue breve pero contundente. El magistrado hizo especial hincapié en que el corte no había sido reprimido. Dijo que los manifestantes se habían encontrado con una "conducta paciente y tolerante de la fuerza de prevención, que habilitó su permanencia ininterrumpida en el lugar de los hechos por un alongado tiempo (más de dos años), sin ejercer actos de autoridad, en desmedro de las atribuciones y deberes propios".
Pero les advirtió a los asambleístas que si vuelven a hacer lo mismo ya no estarán exculpados porque ahora saben bien que un corte como el que llevaron adelante va en contra de la ley. "El decurso de los acontecimientos importa ya la necesaria instancia reflexiva que ha de erradicar toda duda sobre la inexistencia de la permisión", afirmó Pimentel en el último de los considerandos de su fallo.
Fuente: LaNación

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Los comentarios publicados son de responsabilidad exclusiva de quien los envíe. No siempre refleja nuestra opinión.