El juez federal entrerriano Gustavo Pimentel
se negó ayer a citar a indagatoria a los diez asambleístas acusados por el
Gobierno de una larga serie de delitos vinculados con el corte del puente
internacional que une Gualeguaychú con Fray Bentos. Pero no sólo dijo que no
los citará: adelantó que, a su juicio, no habían cometido ningún delito y
sostuvo que el Gobierno es también responsable de lo que pasó.
Según el juez, el corte era ilegal, pero había
en los asambleístas "un déficit de conciencia en la realización del
ilícito" que les impidió "comprender la criminalidad del acto".
Pimentel considera que la causa de este error
son las señales emanadas del propio Estado, como la inacción de las fuerzas de
prevención que, "en desmedro de sus deberes", no hicieron nada
durante los dos años que duró el corte, y la postura del Gobierno en el
Tribunal Arbitral del Mercosur, donde dijo que había "comprendido, sin
alentar", las manifestaciones de los asambleístas "por entender que
constituyen el ejercicio de un legítimo derecho", relató el juez.
"Como si esto no fuera ya suficiente para
generar en la mente de cualquier ciudadano una confusión -sostiene el fallo-
resta traer a colación la ley provincial 9922 (1409/09), cuyo artículo 1°,
expresamente, declara paraje histórico y cultural el kilómetro 28 de la ruta
internacional 136", en Arroyo Verde, el lugar del corte.
El juez advirtió que en esa declaración se
proclamó que ese paraje "era la referencia física y geográfica de la larga
lucha que ha emprendido el pueblo de Gualeguaychú" y que se
"ensalzó" así "desde la esfera legisferante provincial" la
metodología utilizada por los asambleístas.
Por todo esto, más el "contexto social
imperante", Pimentel sostuvo que "es evidente que en la subjetividad
de todos aquellos que llevaran adelante la medida de fuerza no existían razones
sensatas para suponer el carácter prohibido de su hecho".
En el Gobierno, estas consideraciones no
cayeron nada bien. "Es un claro caso de prejuzgamiento", dijo a LA NACION un alto funcionario
que sigue de cerca el caso.
Pero no fue todo malo para la estrategia
oficial. En la primera parte del fallo de ayer el Estado nacional fue
reconocido como parte querellante. Eso le permite al procurador del Tesoro,
Joaquín Da Rocha, tener acceso a la causa, pedir medidas de prueba, apelar
decisiones e impulsar la investigación. No obstante, después de lo sostenido
ayer por el juez, son pocas las posibilidades de que algún asambleísta sea
condenado por el corte.
Pimentel es juez federal subrogante de
Concepción del Uruguay. Es el mismo magistrado que el 8 de junio pasado ordenó
liberar el puente. Sostuvo entonces que ya existían otros fallos que habían
ordenado levantar el corte y que supeditar esta medida al desmantelamiento de
la planta de Botnia, como pretendían los asambleístas, era
"desproporcionado e irrazonable".
Su fallo de ayer fue breve pero contundente.
El magistrado hizo especial hincapié en que el corte no había sido reprimido.
Dijo que los manifestantes se habían encontrado con una "conducta paciente
y tolerante de la fuerza de prevención, que habilitó su permanencia
ininterrumpida en el lugar de los hechos por un alongado tiempo (más de dos
años), sin ejercer actos de autoridad, en desmedro de las atribuciones y
deberes propios".
Pero les advirtió a los asambleístas que si
vuelven a hacer lo mismo ya no estarán exculpados porque ahora saben bien que
un corte como el que llevaron adelante va en contra de la ley. "El decurso
de los acontecimientos importa ya la necesaria instancia reflexiva que ha de
erradicar toda duda sobre la inexistencia de la permisión", afirmó
Pimentel en el último de los considerandos de su fallo.
Fuente: LaNación
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