Va tomando progresivamente
importancia el conocimiento de parte de la ciudadanía del manejo de los
recursos naturales con que cuenta nuestra generosa geografía. Pioneros en el
tema los entrerrianos desde Gualeguaychú desplegaron una sostenida resistencia
a la contaminación del río
Uruguay, y en el conflicto de larga data no está dicha la última palabra,
con respecto a la actitud ante la presencia de la pastera UPM, ex Botnia.
Eso por el este del país,
mientras en la zona cordillerana se despliega una no menos intensa y
sostenida defensa especialmente de las cuencas hídricas de la zona
cordillerana, ante la embestida fenomenal de los intereses ligados a la
minería, que han demostrado el avasallamiento de cualquier resistencia que se
oponga a la explotación que más le convenga a las megaempresas
multinacionales.
Por eso recibimos
con beneplácito el saber que la Cámara
de Diputados aprobó en
particular la propuesta conocida como la ley
de glaciares que resurgió a
partir de un acuerdo entre Bonasso y el senador Daniel Filmus, que ahora pasa
al Senado con el compromiso de la presidenta que prometió no vetar la
ley, como ya sucediera.
Hasta aquí si algo
apreciamos es que los reclamos más sostenidos ante el avance de los intereses
corporativos no han sido precisamente los que se dieron en las
instituciones de la democracia y del juego de intereses queda como testimonio
la conducta de los gobiernos de las provincias mineras y del propio poder
ejecutivo de la Nación. Decimos
entonces que los reclamos y voces más airadas se elevaron desde las asambleas
populares. Pobladores de
regiones distantes de los grandes centros urbanos, alzaron sus voces, fueron
objeto de represión silenciada y sin contar con el apoyo masivo de difusión, se
ingeniaron para hacer conocer su problemática. Su labor tesonera fue sembrando
conciencia entre la población del país, acerca de la necesidad de participar
para defender los recursos naturales de los fabulosos lobby empresariales que
embisten cooptando dirigentes en todas las esferas.
Lo que sucedió en Córdoba con la ley de bosques es otro ejemplo de subestimación
de la voluntad popular, dado que mientras se elaboró un proyecto con la
participación de pobladores, entidades intermedias y orientadores científicos,
en una comisión creada por el propio gobierno, se sanciona desde la Unicameral una Ley que merece el repudio de
las partes con calificativos tan duros como los expresados desde la Federación Agraria que señala: …”
Asusta la “ligereza” con la cual han aprobado esta Ley, e invita a dudar sobre
si solo se trata de un problema de desconocimiento (combinada con acrítica
obediencia partidaria) o lisa llanamente fueron comprados…”
En Córdoba también vivimos el culebrón del
desembarco frustro de la empresa Innviron que sedujo rápidamente a los
intendentes de sus tres principales ciudades: la
ciudad capital, Villa María y Río Cuarto, con
las promesas de reconvertir la basura en energía invirtiendo muchos millones de
dólares para tal fin , proponiendo un interesante como sospechoso
negocio, que entre otras cosas no dejaba claro el cuidado del medio
ambiente.
En nuestra ciudad fue necesaria un firme cuestionamiento
al proyecto hasta tanto se conocieran y verificaran las promesas vertidas por
Innviron. Es de destacar que funcionaran los mecanismos de la democracia:
la oportunidad de participar en Audiencia Pública, la oposición destacada de
los partidos minoritarios cumpliendo su rol y la opinión
pública alerta lograron poner paños fríos a un apresurado
negocio que se desplomó cuando Giacomino el propio intendente de la ciudad de
Córdoba, no bien llegó de su viaje a Estados Unidos al efecto de corroborar los
pergaminos de la empresa, le bajara impiadosamente el pulgar.
El preciado bien del país que constituye
nuestro suelo y sus recursos está evidenciando en su camino legislativo, quien
es quien a la hora de elaborar las normas que regulen su uso y cuidado. Y
también nos está ayudando a entender que los canales de participación popular
siguen sin existir en gran cantidad de casos , o lo que es más grave aún que
las decisiones de la gente no se respetan como lo demuestra lo sucedido con la
ley de bosques de Córdoba.
Conclusión: la clase dirigente no aprendió la lección del 2001 al
repetir sus errores, mientras la población participando de las asambleas
continúa defendiendo los intereses de las futuras generaciones, ante el avasallamiento
de las inescrupulosas corporaciones, y sus aliados en el poder.
CIUDADANOS AUTOCONVOCADOS DE RIO CUARTO
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