Sampacho: pedido de suspensión del intendente Bordese

El productor rural Carlos Vettorazi en la primavera del  2008  destapó la olla, y quedó sembrada la duda con respecto a las maniobras que habrían determinado que los campos expropiados para construir la represa Zelegüa, fueron especialmente apetecidos para cultivos agropecuarios,  en cuyo tramado para tal explotación comprometió seriamente a los intendentes de tres localidades vecinas a Río Cuarto: Miriam Sánchez  intendenta de Chaján, junto a los intendentes Santiago Bordese de Sampacho y Heraldo Pontel de Suco. Vinculados con el hecho aparecieron también  el juez de Paz Gustavo Reinoso de Chaján y el abogado Silvio Parisato de la Procuración de Córdoba.

El caso llegó a la Justicia donde el fiscal Julio Rivero, quien inició la investigación, había solicitado la acusación de los sospechosos tras advertir irregularidades por un presunto negociado. En tanto el Juez de Control, Daniel Muñoz, había dispuesto  sobreseer a los intendentes, la Cámara Segunda del Crimen dispuso revocar esta decisión y los mencionados funcionarios irán a juicio, de acuerdo a este criterio. Se les imputa  el delito de coautores de violación de los deberes de funcionario público y negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública en grado de tentativa.  El juicio será bajo la modalidad con jurados populares, en fecha a determinar. Por el momento se ha interpuesto un recurso de casación.

Ante esta situación procesal de los funcionarios, en la localidad de Sampacho, el concejal Carlos Hugo Mondino solicitó ante el órgano legislativo la suspensión del intendente Bordese. De su parte de prensa leemos:

 “En la sesión del  día jueves 15 de abril el tema fue tratado en el Concejo y no pudo ser aprobada la suspensión por el voto negativo de la mayoría oficialista."

El Concejal fundamentó su petición en el hecho de que en octubre del 2008 el Bloque oficialista de Unión por Córdoba votó por mayoría la suspensión del funcionario "sin más trámite" en caso de que la causa fuera elevada a juicio.

Llamó profundamente la atención de que se desoyera no solo aquella decisión asumida por los mismos Concejales que hoy se contradicen, sino los riesgos que se asumen al desoir el mandato de la Ley Orgánica Municipal 8102, que en su artículo 112 expresa claramente que debe ser separado del cargo todo funcionario imputado cuya causa se eleve a juicio.”

Pero parece que no todos en el Justicialismo están a favor de la votación que permitió al intendente Bordese seguir en su cargo dado que la información refiere que entre el público que asistió a la reunión del Concejo se encontraba  el representante del Partido Justicialista de Sampacho, Raúl Gallegos  quien fue  autorizado a hacer uso de la palabra  y expresó "que en nombre y representación del Partido Justicialista de Sampacho viene a adherir públicamente al pedido de suspensión presentado por el Concejal Mondino de la Coalición Cívica".

Las conclusiones que podemos sacar de esta situación es que hay una ley que regula el funcionamiento del municipio y que la misma se debe cumplir, no sólo en Sampacho sino en los otros municipios con intendentes en igualdad de condiciones en esta situación judicial. También apreciamos que las pugnas entre las distintas fracciones de un mismo partido político existen en todos lados, independientemente del tamaño de una población.

Sería realmente interesante conocer en qué fundamenta Unión por Córdoba su falta de apego al cumplimento de la norma. No es una simple curiosidad, es una demanda por esclarecer una situación que hace a la calidad  de democracia que tenemos,  y eso importa en cualquier lugar del país.

CIUDADANOS AUTOCONVOCADOS DE RIO CUARTO

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Es necesario desarmar la bomba de tiempo de la confrontación

A casi tres décadas de la recuperación democrática, sobreviven en Argentina las prácticas más autoritarias de su oscuro pasado. Las agresiones contra periodistas, alentadas por el oficialismo, se inscriben en un clima que debe ser desactivado.

Por: Norma Morandini 20.04.2010
Fuente: SENADORA NACIONAL Y PERIODISTA 

A casi tres décadas de la restauración democrática sobreviven en Argentina las prácticas más autoritarias de su oscuro pasado: si en el inicio de la democratización podía verse colgada de los kioscos la palabra "subversivos" en la tapa de la revista "Cabildo", una publicación de ultraderecha que así calificaba a los 500 periodistas cuyos nombres encolumnados como prontuarios llenaban sus páginas, hoy los afiches anónimos que aparecieron en la ciudad de Buenos Aires con los nombres y fotografías de los periodistas del Grupo Clarín o las agresiones a Fernando Bravo comparten el mismo desprecio, ya no tan sólo hacia periodistas concretos sino a la prensa como actividad constitutiva de la democracia.

Si en el medio no estuviera la tragedia de nuestro país, que tiene entre sus presos-desparecidos una centena de periodistas, todo podría reducirse a una anécdota o a la expresión de grupos minoritarios. Pero cuando desde el mismo poder se descalifica, ataca y agrede a la prensa, a la que se confunde con propaganda o adversario político, se avivan los fantasmas de ese oscuro pasado porque se le abre el camino a la violencia.

Es por eso que apelo al mejor sentimiento y compromiso de la Presidente de la Nación con los Derechos Humanos para desarmar, con la disuasión, esa bomba de tiempo de irracionalidad en la que no ganará nadie porque volveremos a perder todos los argentinos.

La Historia argentina, como todas las grandes tragedias de la humanidad, llámese nazismo o estalinismo, se sustentaron en la idea de que el fin justifica los medios, pero cuando los medios se constituyen en un fin en sí mismo amenazan a los mismos fines proyectados, ya que las cuestiones humanas siempre son imprevisibles.

La violencia verbal, la descalificación y la devaluación del Otro es una lógica que inevitablemente nos lleva al campo de batallas, donde sólo quedan heridos. Y eso lo sabemos muy bien los argentinos. Cuando se lanza a rodar la peligrosa rueda de la descalificación personal en nombre de la defensa de ideas, en realidad, se pierde control sobre la violencia que entraña siempre la confrontación.

Apelo, igualmente, a la mejor inteligencia de nuestro país para que el compromiso sea con el respeto irrestricto a esos mismos Derechos, que por ser valores universales no admiten interpretación. No son de izquierda ni de derecha: son la base de una legalidad compartida.

Tal como sucedió con el nazismo, cuyos horrores dieron al mundo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el terrorismo de Estado vivificó para los argentinos la idea de Derechos, ajena a nuestra tradición autoritaria. Porque actúo de buena fe, no pongo en dudas la buena fe de los otros. Pero si para fortalecer argumentos políticos es necesario descalificar, insultar o atacar lo que fracasa es la política, que le da la razón a la guerra como su continuación.

Apelo, finalmente, a la mejor energía democrática de nuestro país para que la moderación triunfe sobre los gritos porque, tal como advirtió la filósofa política Hannah Arendt, ya debiéramos saber que cada reducción del poder es una abierta invitación a la violencia, aunque sea por el sólo hecho de que quienes tienen el poder y sienten que se les desliza de las manos, sean el gobierno o los gobernados, siempre les ha sido difícil no caer en la tentación de sustituirlo por la violencia. Ojalá la Presidente mujer pueda ofrecernos lo que engrandece a los gobernantes: el respeto a la libertad, ya que sólo con libertad podemos reclamar por la falta del pan y la ausencia de justicia.

Venta de Gamsur

La empresa de recolección de residuos es una fuente permanente de noticias. Fue de allí que partió  el primer conflicto gremial serio con el municipio y sus muchachos desparramaron basura y agresiones frente a la sede de gobierno local  cuando recién se había  instalado Jure en su despacho de intendente. No era una inocente manifestación y su modalidad sorprendió por la violencia. Sentó precedentes y dejó bien en claro que cualquier negociación  y no sólo salarial en la empresa tenía nuevos e importantes interlocutores como el líder de la CGT, Hugo Moyano.

La cuesta fue dura de remontar para el gobierno de Jure porque  la empresa hacía agua por los cuatro costados generando un tembladeral con la sola amenaza de un corte de servicios. Y así llegamos a la estatización que se presentó no como una panacea, pero sí como un brillante negocio que le permitía al Municipio recuperar por lo menos cierto grado de independencia en la tarea de trascendencia vital para la comunidad. Desplazados los particulares que conformaban la sociedad, los números de la operación siempre fueron cuestionados, no muy claros, y se evidenciaron desprolijidades que no es raro que aparezcan cuando se administran bienes del Estado, de todo tipo.

Cuando el debate estaba enfocado en la actual administración a cargo de José Lago, un funcionario  clásico y polivalente dentro del staff administrativo del radicalismo desde las épocas de  Antonio Rins, una nueva propuesta para con Gamsur irrumpe generando desde su anuncio todo tipo de comentarios.

El intendente Jure, curado de espanto en su debut en el sillón de Mójica, según trasciende por los medios, habría andado por Buenos Aires, intercambiando opiniones con el mandamás de la CGT, acerca del posible destino de la mencionada empresa. Y luego  sí, ya en  la ciudad hizo pública la oferta de compra de Gamsur, por la empresa Innviron de origen americano, que produciría energía a partir de los residuos.

De arranque una presencia femenina y opositora le cantó las cuarenta a Jure, con una solicitada que lo obligó a mostrar su mejor cintura política. Se trataba nada menos que Adriana Nazario, ex funcionario del gobierno municipal de Alberto Cantero y del provincial que encabezó su pareja, el ex gobernador De la Sota, quien cada tanto aparece como posible candidata a intendente de su ciudad natal, y en este momento aprovechó el interesante tema para salir a la palestra.

La convocatoria del intendente Jure a una reunión con Nazario suavizó el matiz que tomó inicialmente la discusión por el tema Gamsur. Porque hasta aquí los riocuartenses no sabíamos de qué se trataba, pero ya nos posicionábamos para ver el nuevo debate, un clásico al que nos tiene acostumbrados los partidos mayoritarios de la ciudad, que siendo oficialismo u oposición o viceversa primero disputan y luego acuerdan. Los ejemplos sobran.

Ahora el tema de la privatización de Gamsur está en los medios, la propuesta de generar energía a partir de los residuos, entusiasma. Tan luego hablar de  producción energía cuando  en la provincia este verano mendigábamos por un poco de electricidad para soportar el rigor estival. No estamos tan faltos de memoria, pero así como nos recordamos los padecimientos de enero, también somos memoriosos para tener bien en claro, la época dorada del neoliberalismo encabezado en el país por la gestión justicialista del inolvidable Carlos Menem y su ministro Cavallo, que sumando huestes en todo el país, por ende en nuestra ciudad, apoyaron fervorosamente la onda privatista que estos jerarcas encabezaron. Así, para qué vamos a hablar de las consecuencias de esas gestiones, los hechos conocidos nos eximen de comentarios, pero en tales circunstancias las bondades que precedieron a cada una de estas ventas con las que se entregó buena parte de los mejores recursos naturales del país, fueron suficientemente precedidas por una publicidad que sedujo a más de un ingenuo. Y si no por citar algunos ejemplos recordemos la fuerza con que se impuso el sistema de jubilaciones privadas,  y la venta de YPF a la que adhirió fervorosamente el matrimonio Kirchner.

Significativamente, en forma prudente el intendente Jure, llama a todos los sectores a participar con su opinión acerca del paso a dar con Gamsur. Y los medios difunden la propuesta de la empresa compradora. Podemos preguntarnos por ejemplo, qué experiencia hay al respecto con lo que propone Innviron en el mundo, porque los ciudadanos comunes desconocemos y desconfiamos, también nos preguntamos por qué somos una ciudad señalada por la buena fortuna, juntamente con la difícil ciudad de Córdoba  para que esta empresa se interese en nosotros, y así podríamos seguir. Porque cuando de vendernos algo se trata todo es fantástico, pero luego los resultados ya nos enseñaron que no  se condicen con las bondades que desde los medios la publicidad oficial se encarga de promover, entonces  aparecen los déficit  y los problemas.

Esperamos que los pasos de análisis de este otro nuevo y prometedor negocio, sean todo lo riguroso que las circunstancias exigen y que  no se de otro paso en falso. Ya aprendimos que  a los errores de los gobiernos como siempre los  terminamos pagando  los ciudadanos con nuestros impuestos, que no precisamente van a las obras que necesitamos no sólo en la ciudad, sino en el país.

CIUDADANOS AUTOCONVOCADOS DE RIO CUARTO

Causas judiciales de funcionarios locales y regionales II

Hace un mes que resumimos las causas que están en la Justicia  comprometiendo a funcionarios locales,  y como el desarrollo de cada una tiene un especial interés social, exponemos a continuación cómo siguen algunas de ellas, para no perder un capítulo de estos culebrones que nos brinda el diario vivir de la ciudad.

Veamos y empecemos por la causa de “los criollitos”. En la misma, el jefe del Bloque de Concejales del oficialismo Gustavo Segre, dependía de la decisión que adoptara el Juez de Control Daniel Muñoz quien dispondría o no su falta de mérito ante la imputación de adulteración de una factura en la que un tramposo 3 se adelantó a la cifra original de 12 pesos y convirtió la suma en 312 pesos que fueron la piedra del escándalo. La duda capital de quien fue el autor de esta obra de arte, no ha sido develada, pero… El juez dispuso la “falta de mérito” con lo que no se eleva la causa  a juicio, pero tampoco le valió para el sobreseimiento. O sea que deben seguir investigando. Conclusión: Segre y su secretaria Abasolo, siguen imputados. Ante esta alternativa el fiscal Rivero, no se rinde y apeló la decisión, ahora entra en escena la Cámara del Crimen, quien dispondrá qué es lo que corresponde, si el criterio de Muñoz de seguir investigando, o el del fiscal Rivero de elevar la causa a juicio.

Mientras el concejal, y sus pares tanto oficialistas como oposición festejaron la resolución, en la causa Segre y Abasolo siguen con una imputación por uso de un documento adulterado, lo cual no es poca cosa. Estos indigestos criollitos ya le trajeron a más de uno, dolor y no precisamente de barriga. Sería lindo llegar a conocer quién “amasó” la factura, porque lo único que quedó claro es que a alguien se le fue la birome, y de acuerdo a lo expuesto por  los distintos protagonistas, no son muchas las posibilidades de llegar a saber quién fue y qué responsabilidades tienen el funcionario y su secretaria.

El final abierto, puede brindarnos otra “perlita” adonde el resultado sea la nunca bien ponderada impunidad.

Causas de las explosiones en la Universidad

 La Cámara Federal de Apelaciones que estuvo revisando las instalaciones de la Planta Piloto de la Universidad local, lugar en donde se produjera el desgraciado hecho, dictaminó  que:

Quedan procesados por el delito de estrago culposo agravado por muerte de personas, en carácter de coautores:

Carlos Bortis : ex Vicedecano y ex Presidente de la Fundación UNRC.

José Luis Pincini : ex Secretario de Coordinación Técnica de la UNRC.

Sergio Antonelli: ex Secretario de Coordinación Técnica de Ingeniería.

Miriam Ferrari: ex Directora del Dpto. De Tecnología Química.

Edith Ducrós: ex Vice Directora del Dpto. De Tecnología Química.

Javier Boretti: empleado de la empresa De Smet.

Procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en carácter de autor, revocando la falta de mérito dispuesta por el juez Carlos Ochoa:

Diego Moi­tre ex De­ca­no, se de­ja en cla­ro que el pro­ce­sa­mien­to por in­cum­pli­mien­to de los de­be­res de fun­cio­na­rio pú­bli­co “no se le en­ros­tra la omi­sión pe­nal pre­vis­ta en el ar­tí­cu­lo 248 del C.P. res­pec­to de la tra­ge­dia de­ri­va­da del pro­yec­to que lle­vó ade­lan­te el Gru­po GIDPO, si­no por ha­ber te­ni­do co­no­ci­mien­to con bas­tan­te an­te­rio­ri­dad de que no se cum­plían las nor­mas de se­gu­ri­dad en la Plan­ta Pi­lo­to”.

Con pedido de investigaciones:

Liliana Ruetsch: integrante del grupo GIDPO, conducido por el fallecido Dr. Mattea a cargo de los trabajos que determinaron los hechos, y única sobreviviente.

Falta de mérito:
Aníbal Demarco. Gerente de Productos de la empresa De Smet SAIC

 Para conocer los caminos de la Justicia es interesante conocer los fundamentos del fallo de  la Cámara

Uno por uno, qué dijo el presidente de la Cámara en su voto

Car­los Bor­tis - Ex vi­ce­de­ca­no y ex pre­si­den­te de la Fun­da­ción UNRC (procesado)
“De la sus­crip­ción de ta­les do­cu­men­tos por par­te de Bor­tis pue­de co­le­gir­se su co­no­ci­mien­to del pro­yec­to de inves­ti­ga­ción lle­va­do ade­lan­te en la Plan­ta Pi­lo­to por par­te del Gru­po GID­PO, tan­to de su na­tu­ra­le­za cuan­to de su al­can­ce”.

 “Di­cho en otros tér­mi­nos, Bor­tis no po­día ig­no­rar que el pro­yec­to im­pli­ca­ba la ma­ni­pu­la­ción de una sus­tan­cia al­ta­men­te vo­lá­til co­mo el he­xa­no y en un vo­lu­men muy por enci­ma del em­plea­do con ha­bi­tua­li­dad en el ám­bi­to de la Plan­ta Pi­lo­to, con los ries­gos que ello po­día traer apa­re­ja­do”.
“Con­si­de­ro que tam­po­co po­día des­co­no­cer los lí­mi­tes en ma­te­ria de se­gu­ri­dad de la Plan­ta Pi­lo­to, de ca­ra a los re­que­ri­mien­tos de la in­ves­ti­ga­ción en cues­tión”.

Jo­sé Luis Pin­ci­ni - Ex se­cre­ta­rio de coor­di­na­ción téc­ni­ca de la UNRC - y Ser­gio An­to­ne­lli - Ex se­cre­ta­rio de coor­di­na­ción téc­ni­ca de In­ge­nie­ría- (procesados) “Am­bos fue­ron fun­cio­na­rios a car­go del área con com­pe­ten­cia es­pe­cí­fi­ca en di­cha ma­te­ria de se­gu­ri­dad e hi­gie­ne. En efec­to, en su ca­li­dad de miem­bros de la Co­mi­sión de Hi­gie­ne y Se­gu­ri­dad, Pin­ci­ni y An­to­ne­lli te­nían a su car­go el man­da­to ac­ti­vo y con­cre­to de re­le­va­mien­to de po­ten­cia­les pe­li­gros y de dis­mi­nu­ción de ta­les ries­gos”.

 “Tu­vie­ron la po­si­bi­li­dad de evi­tar el si­nies­tro in­ves­ti­ga­do: de­bían, en un pla­no ge­ne­ral, ve­lar por el cum­pli­mien­to de las nor­mas es­ti­pu­la­das de la Ley de Hi­gie­ne y Se­gu­ri­dad, así co­mo de­bían, en un pla­no más con­cre­to, eje­cu­tar las fun­cio­nes de ins­pec­ción y adop­ción de me­di­das de pre­ven­ción”.

Mi­riam Fe­rra­ri - Ex di­rec­to­ra del De­p­to. de Tec­no­lo­gía Quí­mi­ca - y Edith Du­crós - Ex vi­ce­di­rec­to­ra del De­par­ta­men­to de Tec­no­lo­gía Quí­mi­ca - (procesadas)

“Las ac­ti­vi­da­des de in­ves­ti­ga­ción de­sa­rro­lla­das por el Gru­po GID­PO de­bían con­tar ne­ce­sa­ria­men­te con la aproba­ción de las au­to­ri­da­des del De­par­ta­men­to”. “Existía una obli­ga­ción que pe­sa­ba so­bre ellas de su­per­vi­sar las ac­ti­vi­da­des del Gru­po GID­PO, as­pec­to que co­bra re­le­van­cia en la pon­de­ra­ción de la par­ti­ci­pa­ción de las im­pu­ta­das en el si­nies­tro”. “Se en­cuen­tra de­bi­da­men­te acre­di­ta­do en la cau­sa el co­no­ci­mien­to de am­bas res­pec­to del ti­po de pro­yec­to que es­ta­ba lle­van­do a ca­bo el GID­PO. Se ha­lla pro­ba­do, en par­ti­cu­lar, su co­no­ci­mien­to res­pec­to del pe­li­gro que traía apa­re­ja­do, por su­pe­rar la es­ca­la de la­bo­ra­to­rio”.

Aní­bal De­mar­co - Ge­ren­te de Pro­duc­to de la em­pre­sa De Smet SAIC (falta de mérito)

“Las tra­ta­ti­vas ten­dien­tes a di­cho con­ve­nio ha­bían si­do ini­cia­das en sep­tiem­bre de 2007 por el di­rec­tor del equi­po uni­ver­si­ta­rio, Dr. Mi­guel Án­gel Mat­tea, y el ge­ren­te de Pro­duc­to de la em­pre­sa, el im­pu­ta­do Aní­bal De­mar­co”. “Al no ha­ber te­ni­do una par­ti­ci­pa­ción ac­ti­va en el de­sa­rro­llo de la in­ves­ti­ga­ción, De­mar­co no pu­do opo­ner­se a las con­di­cio­nes de eje­cu­ción del men­ta­do pro­yec­to, que -se­gún lo vis­to- fue­ron es­ta­ble­ci­das en su to­ta­li­dad por el di­rec­tor del GID­PO, a quien co­rres­pon­día la con­duc­ción y con­trol de la ex­pe­rien­cia. De­bo su­bra­yar que tam­po­co se cuen­ta con ele­men­tos de con­vic­ción que in­di­quen que el en­cau­sa­do tu­vie­ra co­no­ci­mien­to de los in­con­ve­nien­tes y lí­mi­tes que pre­sen­ta­ba la Plan­ta”.

Ja­vier Bo­ret­ti - Em­plea­do de la em­pre­sa De Smet y par­ti­ci­pan­te del ex­pe­ri­men­to (procesado)

 “En los he­chos y más allá de lo acor­da­do en los ci­ta­dos do­cu­men­tos, Bo­ret­ti ha­bría par­ti­ci­pa­do en la ex­pe­rien­cia, a tra­vés de di­ver­sas in­ter­ven­cio­nes”.

“Asi­mis­mo, ca­be apun­tar que el he­xa­no ha­bría si­do re­ci­bi­do en la Plan­ta de la U.N.R.C. por Bo­ret­ti, se­gún lo mues­tra la do­cu­men­ta­ción apor­ta­da por el apo­de­ra­do de Aceitera General Deheza S.A.”.

“El im­pu­ta­do se ha­bría pues­to a dis­po­si­ción del GID­PO y ha­bría co­la­bo­ra­do en su eje­cu­ción, en es­pe­cial en lo que ata­ñe al le­van­ta­mien­to y acon­di­cio­na­mien­to de las ins­ta­la­cio­nes ne­ce­sa­rias pa­ra los en­sa­yos”.

Liliana Ruetsch - Integrante del Gidpo y única sobreviviente de ese grupo (pedido de investigación)
“Tras revisar las circunstancias del suceso y determinar las participaciones penales de los imputados a la luz del conjunto de probanzas recopiladas en el proceso, surgiría -a mi juicio- la posibilidad de responsabilidad penal de la nombrada en el siniestro producido a colación de la experiencia con hexano que realizaba el Grupo GIDPO en la Planta Piloto de la Facultad de Ingeniería”.

CIUDADANOS AUTOCONVOCADOS DE RIO CUARTO

Fuente diario Puntal

Dr. Rins: "Las condiciones en que viven los internos son peores que las de un animal doméstico"

 

La situación en la cárcel local sigue siendo tema de  noticias y reflexiones. Las expresiones  que expuso a la prensa  el abogado Nicolás Rins quien visitó la cárcel con la madre de Silvio Adrián Robledo de 26 años de edad, detenido en esta Unidad Penitenciaria,  fallecido en dudosas circunstancias, quedan como testimonio de  que realmente las condiciones de los internos en el penal son de una precariedad que le permite al letrado definir la calidad de vida con la contundente definición  : "Las condiciones en que viven los internos son peores que las de un animal doméstico".
Si queremos que las cárceles cumplan con su rol de rehabilitar a los detenidos en ellas, no estamos en el mejor camino para lograrlo.

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"DESPUES DE LA TORMENTA" declaraciones del Jefe Servicio Penitenciario provincial J. M. Bouvier

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