Se da de baja entonces la moratoria previsional que permitía jubilarse a las personas que no tenían los años estipulados por ley de aportes, y que descontaba una parte de lo recibido hasta completar la deuda pendiente. En reemplazo accederán a una asignación universal que alcanza el 80% del haber mínimo jubilatorio.
"De vez en cuando una moratoria es muy buena porque es la ambulancia que levanta a los heridos que deja la informalidad laboral", destaca Fabre, que aclara que "las moratorias no eran gratuitas", dado que el jubilado estaba obligado a pagar a la AFIP una cuota durante una cantidad de tiempo para "comprar los años" de aportes que le faltaban a fin de llegar a los 30 reglamentarios.
"La idea es mantenerle a la gente un monto de asignación, pero también premiar a aquellos que toda su vida se esforzaron y aportaron", dicen desde la cartera laboral.
Tal como publicó LA NACION, la pensión daría derecho a las prestaciones del PAMI. Quien la cobre podría trabajar y reunir aportes para pedir después su jubilación. En el Gobierno estiman que en el primer año podrían otorgarse unos 60.000 beneficios.
Según la propuesta del Poder Ejecutivo, la posibilidad de acceder a la nueva pensión estaría limitada en el tiempo: la solicitud debería hacerse en los tres años siguientes a la aprobación de la ley. Pasado ese tiempo el Gobierno apuesta a poner en marcha una reforma jubilatoria integral, pero en el mientras tanto, planea diferenciar a quienes tienen la totalidad de los aportes, de quienes no los tienen. Los primeros, tendrán su jubilación, los segundos, una pensión que además les permita cobrar y seguir trabajando.
Fuente: La Nación 21.07.16
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