Una condena a científicos italianos

La Justicia italiana sentó en el banquillo a los integrantes de una Comisión de profesionales que recibieron una dura  sentencia conocida por estos días que sacudió al mundo especialmente al vinculado al saber. Se trata de la condena que recibieron siete científicos italianos que fueron condenados a seis años de cárcel por haber subestimado los riesgos de un sismo; aquel que sucedió en la madrugada del 6 de abril de 2009,   en la ciudad de L'Aquila en la región de los Abruzos con una intensidad de 6,3 grados en la escala de Richter y  dejó un saldo de 309 personas muertas y 1500 heridos

Los temores de los vecinos ante los temblores que se venían dando en la zona,  fueron  calmados allí mismo siete días previos a la tragedia por  una Comisión de Altos Riesgos formada por expertos. Dicha Comisión dictaminó que no existía peligro concreto, y los vecinos se fueron tranquilos a sus casa con la convicción de una explicación proveniente de los avezados exponentes. Uno de los ahora condenados, Bernardo de Bernardinis, entonces subdirector técnico de Protección Civil, llegó a declarar tras la reunión con sus colegas: “En esta zona la oleada de sacudidas es algo que no alarma. Al revés, los técnicos piensan que es una situación favorable que la tierra se mueva, es señal de que el terremoto va perdiendo fuerza”.

Una frase pronunciada por Guido Fioravanti, resume el sentimiento de muchos de los 73.000 vecinos de la capital de los Abruzos: “Mi padre murió porque creyó al Estado”.

Ahora, en una sentencia inédita el juez italiano Marco Billi acaba de condenar a los siete integrantes de la comisión a seis años de cárcel por homicidio culposo múltiple. Según el juez, las informaciones que los expertos suministraron a los vecinos fueron “inexactas, incompletas y contradictorias”.

Los expertos son chivo expiatorio de los políticos, según el mundo científico, y es la comunidad científica internacional, que desde que se abrió el proceso no ha dejado de apoyar a sus colegas encausados. “Se les quiere convertir en el chivo expiatorio de los políticos. Las casas se cayeron porque estaban mal construidas” “ No se les puede condenar por no prever algo imposible de prever”, son los comentarios corrientes .Conviene destacar que el número de casas destruidas fue de 20.000  y quedaron sin vivienda 65.000 personas. 

 Los abogados de los expertos ya han anunciado que recurrirán la sentencia, que además de los años de cárcel incluye la imposibilidad de volver a ocupar un puesto público, una compensación a las víctimas de 7,8 millones de euros y las costas, que ascienden a 100.000 euros. La entonces presidenta de la provincia, Stefania Pezzopane, del centro-izquierda, ha declarado: “Esta sentencia requería valor y los jueces lo han tenido. Al fin un poco de justicia para L’Aquila”.

Fuente: El País