Dos puntos de vista acerca del reciente conflicto en la UNRC

Pluralidad o división

Por Gonzalo Dal Bianco                                                                                                

Después de la peor tormenta que debió transitar desde que llegó al Rectorado de la Universidad Nacional, Marcelo Ruiz pudo reingresar al predio luego de 72 horas en las que los accesos al campus permanecieron bloqueados por la protesta de los trabajadores no docentes, que rechazaban una resolución que permitía al sindicato de Ate participar como veedor en los concursos para sumarse o ascender en la planta de personal.

Pero además, la polémica Resolución 903 del 21 de septiembre dejaba abierta la posibilidad de equiparar a ese gremio con Aturc en todos los derechos sindicales salvo aquellos vinculados a la discusión en paritarias.

El gremio mayoritario reaccionó entonces con virulencia y declaró una batalla al Rectorado. Pero el origen de la disputa tiene su enclave lejos en el tiempo. Nada fue por generación espontánea. Incluso retrocede mucho más allá de lo que sugirió ayer una alta fuente universitaria mientras esperaba detrás de la barrera de ingreso al campus: “Esto no comenzó acá, viene del 5 de mayo”, murmuró. La referencia se vinculaba al día en que asumió su cargo la dupla Marcelo Ruiz - Javier Salminis, tras imponerse al oficialismo encabezado por Oscar Spada y Aníbal Bessone. La reñida elección, que llegó a segunda vuelta por el apretado resultado de la primera, terminó con el 49,25% de los votos para los ganadores y el 48,65% para los derrotados. En aquel momento, los docentes de Económicas fueron clave porque terminaron votando mayoritariamente a Ruiz y con eso le alcanzó para imponerse en los comicios, cuando pocos lo creían. El decano de Económicas, Roberto Tafani, se mostró en esta batalla cerca de las autoridades universitarias, al igual que la de Exactas, Rosa Catana.

En aquellas elecciones hubo fotos que marcaron respaldos. Por ejemplo, en el búnker del ganador se paseó toda la cúpula local, y hasta dirigentes nacionales, de la CTA.

Conducciones de gremios de base reunidos en esa central y hasta diputados nacionales de Proyecto Sur. La base para seguir los resultados fue aquella noche la Facultad de Ciencias Exactas, puntualmente el Departamento de Matemática, en la planta baja, de donde surgió el actual rector.

El oficialismo, como siempre, montó su central de monitoreo en la Secretaría de Economía. Y allí estaba el titular del sindicato de trabajadores no docentes, Eduardo Tello -actual secretario general de la CGT Río Cuarto-, junto a la conducción de la Federación Universitaria que lidera desde hace casi una década la agrupación estudiantil Espacio Independiente.

Como la ocupación de los lugares tampoco es casual, el 10 de octubre del año pasado el sindicato de Aturc encabezó la primera protesta contra la conducción de Ruiz. ¿El lugar del reclamo? La Secretaría de Economía, donde los trabajadores realizaron una toma del edificio. Pegados en los vidrios, los carteles de Aturc enviaban un mensaje: “Rector, con el convenio no”. En aquel momento la discusión fue más que llamativa: las autoridades dispusieron el pase a planta de 10 trabajadores que venían desempeñándose desde hacía más de una década como subrogantes. A partir de esa decisión, fueron confirmados en los cargos que ostentaban y por ende, mejoraron sus ingresos. Pero el gremio de Aturc cuestionó la modalidad, al ser por decreto. Pretendió que fuera por concurso, tal como lo establecía el Estatuto.

Fue un antecedente claro del conflicto que mantuvo en el centro de la escena esta semana a la Universidad. ¿Dónde permanecieron los no docentes durante la toma en estos días? También en la Secretaría de Economía, donde incluso se montó la conferencia de prensa que encabezó Eduardo Tello y el abogado laboralista Daniel Lacase.

Aún se puede viajar más atrás en el tiempo: también en octubre, pero de 2010. En ese momento, la elección fue en el gremio docente, del que Ruiz fue secretario general por dos períodos para luego dejarlo en manos de su adjunto, Jorge Adaro. En los comicios de hace dos años, el grupo que representaba al oficialismo acusaba al entonces rector Oscar Spada de colaborar con la lista de sus adversarios que proponía como titular a Ricardo Carrera. Incluso la denuncia apuntó también a la Intendencia de la ciudad. Sin embargo, Adaro logró la reelección.

La disputa, entonces, se vino dando en varios planos entre los dos sectores. Porque no era la primera vez que la oposición intentaba un frente para quedarse con ese estratégico cargo de la Asociación Gremial Docente. Porque siempre se supo la especial relación entre Spada y el titular de Conadu, Carlos De Feo. O entre este dirigente nacional y la conducción del Espacio Independiente. En cambio, Ruiz y Adaro siempre se presentaron como férrea oposición a la conducción de la Federación que lidera el histórico kirchnerista De Feo. Por ese motivo, convocaron a innumerables medidas de fuerza que su federación no sólo no acompañó, sino que cuestionó con severidad. En Río Cuarto los docentes realizaron en los últimos años decenas de días de paro sin que Conadu moviera un dedo. Es más, perteneciendo a la Conadu, muchas veces el gremio de base riocuartense trabajó en tándem con la Conadu Histórica. Cosa que aún sigue haciendo.

Pero hay más. A partir del capítulo más trágico de la Universidad, como fue el de la explosión en la Planta Piloto, ocurrida el 5 de diciembre de 2007, las principales acusaciones por la falta de medidas de seguridad evidentes, y la carencia de controles, surgieron de la conducción del gremio docente, que por esos días lideró las multitudinarias asambleas en el campus y la Plaza Roca. Hoy, el gremio aparece cuestionado por un sector docente al continuar como querellante en la causa que fue elevada a juicio, aún sin fecha.

“Esto se veía venir, sólo hacía falta saber cuándo ocurriría”, fue en lo único que coincidieron esta semana las voces de ambos sectores políticos. Porque fue una batalla política que encontró esta vez una excusa gremial. Y que además contó con la anticipación de sus dos máximos protagonistas. Ruiz avisó que caminaría hacia la pluralidad sindical en su camino como rector. Tello, el 24 de abril de 2011, conociendo ya quién se haría cargo de la Universidad en los años siguientes le dijo a PUNTAL: “Hay un solo empleador que es la Universidad, una sola relación laboral que es el convenio, y un solo sindicato que es la Aturc”.

Nada ocurre por generación espontánea, y menos en el terreno político.
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Exceso en la defensa del modelo sindical argentino

Por Luis Reinaudi, Pro­fe­sor de De­re­cho del Tra­ba­jo en la UNC

La con­tu­maz ne­ga­ti­va de al­gu­nos sec­to­res a re­co­no­cer que al­go ha cam­bia­do en el mo­de­lo sin­di­cal ar­gen­ti­no se ex­pre­sa en dis­tin­tos ni­ve­les y ám­bi­tos, a ve­ces con un dog­ma­tis­mo que se pa­re­ce mu­cho a la so­breac­tua­ción.

Lo di­cho vie­ne a cuen­to de lo ocu­rri­do en la Uni­ver­si­dad Na­cio­nal de Río Cuar­to, don­de una de­ci­sión ad­mi­nis­tra­ti­va vir­tual­men­te irre­le­van­te en ma­te­ria de re­pre­sen­ta­ción sin­di­cal ha ge­ne­ra­do una reac­ción vi­ru­len­ta y es­ti­mu­la­do la rei­te­ra­ción de con­cep­tos que en el es­ta­do ac­tual de la le­gis­la­ción y la ju­ris­pru­den­cia pa­re­ce­rían su­pe­ra­dos.Las crí­ti­cas con­tra el sis­te­ma es­truc­tu­ra­do en tor­no al pri­vi­le­gio pa­ra el sin­di­ca­to con per­so­ne­ría gre­mial se man­tu­vie­ron du­ran­te mu­cho tiem­po en el mar­co de la dis­cu­sión teó­ri­ca pe­ro hoy, co­mo con­se­cuen­cia de los pro­nun­cia­mien­tos dic­ta­dos por la Cor­te Su­pre­ma a par­tir de 2008, pue­de de­cir­se que aquel só­li­do bar­co ha si­do per­fo­ra­do ba­jo su lí­nea de flo­ta­ción.Se ha re­la­ti­vi­za­do la im­por­tan­cia de es­tos pro­nun­cia­mien­tos ju­ris­dic­cio­na­les y, so­bre to­do, se ha re­cor­da­do de ma­ne­ra ta­jan­te que los fa­llos ju­di­cia­les no mo­di­fi­can las nor­mas, por lo que quien dis­cre­pe con ellas, aun­que sea en coin­ci­den­cia con el más al­to tri­bu­nal, de­be re­sig­nar­se a tran­si­tar una vez más el lar­go y  len­to ca­mi­no ju­di­cial pa­ra lle­gar a él.Vea­mos có­mo se en­tron­ca es­te de­ba­te con la si­tua­ción en la UNRC.La Aso­cia­ción Tra­ba­ja­do­res del Es­ta­do, sec­cio­nal Río Cuar­to, afi­lia a tra­ba­ja­do­res de la Uni­ver­si­dad. Des­de 2009 ejer­ce el de­re­cho de per­ci­bir la cuo­ta sin­di­cal por nó­mi­na, es­to es me­dian­te des­cuen­to por pla­ni­lla de ha­be­res, y des­de prin­ci­pios del co­rrien­te año, por re­so­lu­ción rec­to­ral, tie­ne re­co­no­ci­mien­to gre­mial con la so­la ex­cep­ción de la par­ti­ci­pa­ción en los me­ca­nis­mos de ne­go­cia­ción co­lec­ti­va. Con ba­se en di­cho re­co­no­ci­mien­to, la aso­cia­ción sin­di­cal de que se tra­ta eli­ge de­le­ga­dos que son re­co­no­ci­dos, rea­li­za asam­bleas y reu­nio­nes, sin que ello ha­ya si­do ob­je­ta­do por otra en­ti­dad sin­di­cal ni por la au­to­ri­dad de apli­ca­ción.Por el con­tra­rio, la re­cien­te de­ci­sión rec­to­ral que ad­mi­tió la de­sig­na­ción de vee­do­res de ATE en los con­cur­sos pa­ra per­so­nal no do­cen­te des­ce­rra­jó un sor­pren­den­te con­flic­to gre­mial que, en prin­ci­pio, apa­re­ce co­mo des­me­su­ra­do aten­to a la me­nor tras­cen­den­cia de la re­so­lu­ción que se cues­tio­na. En efec­to, ta­les vee­do­res no in­te­gran los Tri­bu­na­les de con­cur­so, no ejer­cen fun­ción vin­cu­lan­te al­gu­na, no cons­ti­tu­yen una re­pre­sen­ta­ción es­pe­cí­fi­ca­men­te sin­di­cal y ni si­quie­ra im­pli­can un pri­vi­le­gio pa­ra el gre­mio que los de­sig­na ya que, por de­fi­ni­ción, el sis­te­ma con­cur­sal es pú­bli­co y abier­to a la asis­ten­cia de quie­nes ten­gan in­te­rés le­gí­ti­mo. Tal pa­re­ce, en­ton­ces, que la re­so­lu­ción tan fuer­te­men­te cues­tio­na­da, hoy sus­pen­di­da en su eje­cu­ción, no ha si­do si­no un pre­tex­to pa­ra vol­ver so­bre las mo­di­fi­ca­cio­nes re­gis­tra­das en el pa­no­ra­ma de la re­pre­sen­ta­ción sin­di­cal. An­te to­do, en el sec­tor pú­bli­co la pre­ten­di­da uni­ci­dad pro­mo­cio­na­da por el sis­te­ma le­gal vi­gen­te nun­ca fue tan inex­pug­na­ble co­mo se pre­ten­de. La su­per­po­si­ción de sin­di­ca­tos con per­so­ne­ría ha si­do mo­ne­da co­rrien­te tan­to en los ám­bi­tos na­cio­nal, pro­vin­cial y mu­ni­ci­pal cuan­to en re­par­ti­cio­nes del mis­mo ám­bi­to (AN­SeS, PA­MI, en­tre otros) des­de lar­ga da­ta, co­mo ne­ce­sa­rio e ine­vi­ta­ble re­co­no­ci­mien­to de una rea­li­dad que, se­gún es­cri­be Are­se,  “su­pe­ró a la nor­ma des­de an­ta­ño, lo que re­sul­tó lue­go des­bor­da­do des­de otro cos­ta­do por la Ley 24.185 que es­ta­ble­ció en ma­te­ria de ne­go­cia­ción co­lec­ti­va la con­cu­rren­cia de sin­di­ca­tos con per­so­ne­ría gre­mial”, de­jan­do “plas­ma­da la re­pre­sen­ta­ti­vi­dad plu­ral y si­mul­tá­nea de los tra­ba­ja­do­res del sec­tor pú­bli­co”.La re­so­lu­ción 255 dic­ta­da por el mi­nis­tro To­ma­da en 2003 vi­no a re­co­no­cer esa rea­li­dad, al ex­pre­sar que “la per­so­ne­ría gre­mial que se otor­gue a aso­cia­cio­nes sin­di­ca­les re­pre­sen­ta­ti­vas del sec­tor pú­bli­co no des­pla­za­rá en el co­lec­ti­vo asig­na­do a las per­so­ne­rías gre­mia­les pree­xis­ten­tes”. En sus fun­da­men­tos, se re­co­no­ce que la Ley 24185 ha re­cep­ta­do en el sec­tor “la rea­li­dad his­tó­ri­ca de la re­pre­sen­ta­ción de es­te co­lec­ti­vo de tra­ba­ja­do­res (que) co­rres­pon­de si­mul­tá­nea­men­te a más de una aso­cia­ción sin­di­cal con per­so­ne­ría gre­mial”. Fue con ba­se en ese de­cre­to que la Pro­cu­ra­do­ra Ge­ne­ral, al dic­ta­mi­nar en la cau­sa “ATE c/Mi­nis­te­rio de Tra­ba­jo” su­gi­rió a la Cor­te Su­pre­ma que la re­so­lu­ción del con­flic­to en­tre el gre­mio que agru­pa al per­so­nal ci­vil de las Fuer­zas Ar­ma­das (PE­CI­FA) y ATE, por la elec­ción de de­le­ga­dos en el Con­se­jo Su­pre­mo de las FF.AA., pa­sa­ba por com­par­tir la re­pre­sen­ta­ción en­tre am­bos sin­di­ca­tos. Sin em­bar­go, el tri­bu­nal ci­me­ro de­se­chó la al­ter­na­ti­va pro­pues­ta y, avan­zan­do con­tra la vi­sión or­to­do­xa del mo­de­lo, fi­jó cla­ra­men­te al­gu­nas pre­ci­sio­nes que los de­fen­so­res de aquél se nie­gan a acep­tar. Re­cor­dó que, se­gún la Co­mi­sión de Ex­per­tos de la OIT, la per­so­ne­ría gre­mial “no de­be­ría im­pli­car pa­ra el sin­di­ca­to que la ob­tie­ne, pri­vi­le­gios que ex­ce­dan de una prio­ri­dad (no la ex­clu­si­vi­dad, ad­vier­to) en ma­te­ria de re­pre­sen­ta­ción en las ne­go­cia­cio­nes co­lec­ti­vas, en la con­sul­ta por las au­to­ri­da­des y en la de­sig­na­ción de los de­le­ga­dos an­te los or­ga­nis­mos in­ter­na­cio­na­les”. Y no es ocio­so se­ña­lar que, pa­ra fun­da­men­tar su fa­llo, la Cor­te Su­pre­ma nos hi­zo re­cor­dar que en rea­li­dad ha cam­bia­do la le­gis­la­ción en la ma­te­ria, a par­tir de la in­cor­po­ra­ción al ple­xo cons­ti­tu­cio­nal (re­for­ma del 94) de los tra­ta­dos in­ter­na­cio­na­les so­bre li­ber­tad sin­di­cal y la con­se­cuen­te vi­gen­cia de su in­ter­pre­ta­ción por los or­ga­nis­mos in­ter­na­cio­na­les con ju­ris­dic­ción pa­ra ello.En de­fi­ni­ti­va: la ca­si in­o­cua au­to­ri­za­ción pa­ra de­sig­nar vee­do­res con­cur­sa­les apa­re­ce co­mo una fa­cul­tad in­dis­cu­ti­ble de la au­to­ri­dad uni­ver­si­ta­ria. No obs­tan­te, si se in­sis­te en cues­tio­nar­la des­de la óp­ti­ca de la re­pre­sen­ta­ción sin­di­cal, se es­tá re­man­do con­tra la co­rrien­te. Si me equi­vo­co, me equi­vo­co en la bue­na com­pa­ñía de la Cor­te Su­pre­ma y de los más pres­ti­gio­sos or­ga­nis­mos in­ter­na­cio­na­les.



Fuente: Puntal-05-10-12 y 13-10-12