Los médicos sobre cuyas espaldas el Gobierno depositó la responsabilidad de prevenir enfermedades como la gripe porcina y el dengue no cobran sus salarios desde diciembre de 2008. Y están de paro por tiempo indeterminado hasta que se regularice su situación. Se trata de 7.850 profesionales del programa Médicos Comunitarios que desarrollan tareas en 2.100 unidades sanitarias y centros de atención primaria de las zonas más carenciadas del país. Perciben salarios de 2.300 pesos mensuales y trabajan en condiciones de precariedad laboral: no tienen estabilidad, vacaciones ni licencias por enfermedad. El paro lleva ya dos semanas y afecta las tareas de prevención de epidemias. “Con la finalidad de afrontar la demanda de consultas en los centros sanitarios decidimos ampliar el programa de médicos comunitarios para acrecentar la capacidad de consulta de hospitales, salas de primeros auxilios y diversos centros de atención”, anunció el martes el jefe de Gabinete, Sergio Massa. “Cuando lo escuché por televisión, no lo podía creer, sentí que nos estaban cargando”, relató a Crítica de la Argentina Alicia Vega, médica de la Unidad Sanitaria 17 de Villa Corina, partido de Avellaneda. “Hace cuatro meses que no cobramos y ahora que nos necesitan para mostrar que están haciendo prevención, nos convocan públicamente para que saquemos las papas del fuego, no tienen vergüenza”, agregó. El programa “Médicos Comunitarios” se desarrolla desde el año 2004 con el objetivo de “contribuir a fortalecer la estrategia de atención primaria de la salud como política de Estado en el marco del Plan Federal de Salud”, tal como expresó el día de su lanzamiento el por entonces ministro Ginés González García en un acto realizado en la Casa Rosada. En aquella presentación –de la que participó el presidente Néstor Kirchner– se explicó que “las estrategias comprenden el refuerzo con recurso humano calificado a los Centros de Salud de todo el país a través del otorgamiento de becas de apoyo económico”. “En realidad fue una forma elegante de invitar a los profesionales recién recibidos a participar de un plan cuyos objetivos compartimos desde el punto de vista sanitario pero que en la práctica se transformó en una nueva forma de precarización laboral que permitió parchar la falta de nombramiento de recursos humanos con trabajos basura que no contemplan ninguno de los beneficios laborales de la relación de dependencia”, dijo el doctor Federico Paolino, secretario adjunto de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA). Estos profesionales perciben salarios que oscilan entre 2.200 y 2.500 pesos y tienen una carga horaria de 36 horas semanales. “Hasta agosto del año pasado cobrábamos entre 1.500 y 1.800 pesos según la antigüedad en el programa; nos anunciaron un aumento de 700 pesos que recién se hizo efectivo a partir de diciembre. Pero ése fue el último sueldo que nos pagaron, desde entonces dejamos de percibir nuestros salarios”, explicó Vega. Si bien el programa es nacional, los médicos son contratados por los municipios y las provincias que adhirieron oportunamente al sistema. Los fondos se giran desde el ministerio hacia los distritos y son éstos los que abonan a los profesionales. “Hasta fines del año pasado, Nación efectuó las transferencias de los montos destinados al pago de nuestros sueldos, a partir de enero se cortó el financiamiento y nos dijeron que iban a tratar de resolverlo, pero hace cuatro meses que nos están bicicleteando”, relató Natalia Cizmar, trabajadora social de la Unidad Sanitaria “Alicia Franco” ubicada en Bernal Oeste. Ante la falta de respuesta por parte de la cartera sanitaria a los reclamos de regularización salarial, AMRA dispuso un paro por tiempo indeterminado de todos los profesionales que se desempeñan en estos programas. La medida de fuerza comenzó el 18 de abril y se prolongará “hasta que se abonen los salarios adeudados y se contemple un plan de efectivización de todos los profesionales”, dijo Paolino. MASSA DESINFORMADO. Un dato que el jefe de gabinete ignoró a la hora de los anuncios, es que este programa cambió de nombre en febrero de este año. “Ahora se llama Programa de Salud Familiar e integró distintos planes que financiaban recursos humanos en salud destinados a la atención primaria”, explicó el doctor Mario Acuña funcionario ministerial responsable del área. “Hasta el martes contábamos con un presupuesto de 120 millones de pesos anuales, ahora no sé qué va a pasar con los fondos adicionales que se comprometieron a enviarnos”, afirmó. Acuña reconoció que existe una deuda con los profesionales correspondiente al primer trimestre de este año pero la atribuyó a “demoras administrativas del ministerio y de los municipios intervinientes en el programa”. Y admitió que “las condiciones laborales de los contratados son precarias”. LA COMUNIDAD, SIN PREVENCION. El paro de actividades provocó serios inconvenientes en el desarrollo de los planes preventivos destinados a los sectores más carenciados de la comunidad. “Dejamos de efectuar tareas de concientización comunitaria para patologías virales como el dengue o la gripe, no se hacen tampoco acciones de prevención y promoción de la salud en VIH sida, se discontinuó el programa de control de niños sanos y se interrumpió la distribución de anticonceptivos” relató Maira Corsiglio, sicóloga de la Unidad Sanitaria “San Martín” de San Francisco Solano. “En el barrio pensaban que no iba más porque estaba enferma”, contó Maria Daniela Toribio, tocoginecóloga de la Unidad Sanitaria “Casella Piñero” de Dock Sud. “Cuando se enteraron, la comunidad empezó a movilizarse para reclamar que volvamos a trabajar pero nosotros les explicamos que es imprescindible que nos paguen lo que nos deben” completó la profesional.
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