Gastos reservados para el Ministerio de Seguridad a cargo de Alejo Paredes

Ministro Daniel Alejo Paredes

Parece que los gastos reservados no son un privilegio de la administración nacional, y que en provincias también se cuecen habas, Córdoba no es la excepción. Por lo tanto y para saber de qué se trata y adonde van a parar fondos públicos sobre los que no se determinan finalidades específicas, es interesante leer la nota que Javier Cámara publicara el pasado 23 del corriente en La Voz. No podemos menos que coincidir con la frase  con la que el periodista inicia su nota, cuando hace referencia a los 6.000.000 de pesos de gastos reservados, una suma más que significativa de la que dispuso el ministerio a cargo de Alejo Paredes durante el 2012 : “En una democracia con altos índices de corrupción, todo gasto público cuyo destino no se transparenta puede generar desconfianza y, en consecuencia, polémica. Más aún cuando el monto es importante”.

Le acercamos el texto para que sepa de que se trata estos gastos reservados que también nos informamos en nuestra provincia son otra herencia del gobierno de facto ya que explicita la misma nota “el concepto “gasto reservado” lo creó el decreto 3.278/81, suscripto por la intervención militar en Córdoba. Lo clasifica como “erogaciones sin discriminar”, e incluye entre ellas a “gastos reservados” y “situaciones de emergencia”.

En un año, más de $6 millones en gastos reservados para Seguridad

 

Es lo que pidió el ministerio a cargo de Alejo Paredes durante este año. Superó lo presupuestado para 2012 en casi un millón de pesos.

En una democracia con altos índices de corrupción, todo gasto público cuyo destino no se transparenta puede generar desconfianza y, en consecuencia, polémica. Más aún cuando el monto es importante.
En 2012, el Ministerio de Seguridad de la Provincia erogó 6.160.000 pesos en concepto de gastos reservados, 829 mil pesos más de lo presupuestado originalmente (5,331 millones).

¿Para qué se utilizó ese dinero? No se sabe ni se sabrá. Este diario intentó dialogar con el ministro de Seguridad, Alejo Paredes, pero no respondió los llamados telefónicos ni los correos electrónicos.

En la actualidad, Paredes es el único funcionario provincial que tiene bajo su responsabilidad la administración de gastos reservados. Hasta hace unos años, el titular del Poder Ejecutivo también podía utilizar estos recursos públicos. Pero a raíz de las continuas polémicas y críticas opositoras, el entonces gobernador Juan Schiaretti decidió eliminar ese privilegio y restringirlo al responsable del área de seguridad.

Durante 2012, esta cartera pidió al Tribunal de Cuentas visar siete expedientes sobre gastos reservados. El menos costoso fue de 720 mil pesos; el más costoso, 940 mil pesos. La suma de todos esos expedientes sumó 6,16 millones de pesos; pero de acuerdo con la Ejecución presupuestaria del tercer trimestre (presentada en la Legislatura provincial), hasta septiembre se utilizaron 6.271.000 pesos, 111 mil pesos más que lo informado al Tribunal de Cuentas. De este monto, siguiendo siempre la ejecución mencionada, hasta septiembre se ejecutaron 4,05 millones y pagado sólo 3,57 millones.

Las diferencias en los montos no se pueden controlar, simplemente porque no hay rendición de cuentas y porque los funcionarios responsables del gasto no las explican.

Rechazo opositor.
El tribuno de Cuentas por la oposición, el juecista José Medina, rechazó los siete expedientes, con una dura crítica al concepto de los gastos reservados.
Para Medina, el mantenimiento de ese concepto, que implica para el funcionario de turno no informar el destino del gasto ni siquiera en forma genérica, “es una práctica antirrepublicana”.

Argumentó que según el artículo 70 de la Constitución provincial, “la ley de presupuesto prevé los recursos pertinentes y autoriza las inversiones y gastos del Estado, explicitando los objetivos”. Agregó que “el llamado ‘gasto reservado’ es parte necesaria de una ley madre (la de Presupuesto), que debe adecuarse a los principios constitucionales”. Y que la Constitución “establece un sistema republicano, en el que la publicidad de los actos del Estado es un principio liminar”.

En este sentido, al formalizar su rechazo al último expediente del Ministerio de Seguridad, Medina citó el artículo 15º de la Constitución provincial, que establece: “Los actos del Estado son públicos, en especial los que se relacionen con la renta y los bienes pertenecientes al Estado Provincial y Municipal. La ley determina el modo y la oportunidad de su publicación y del acceso de los particulares a su conocimiento”.

En efecto, para Medina, “en obligada sujeción a la norma constitucional transcripta, no se puede legislar secretamente ni gobernar ocultando los actos del Estado. A lo sumo, podrá restringirse la forma de publicidad y el modo de conocimiento, pero jamás consagrando el ocultismo del actuar gubernativo, en especial si se trata del erario”. Agregó que “el uso oculto de dinero público por el Ministerio de Seguridad, a título de gasto reservado, carece en absoluto de razones o motivos que lo justifiquen”.

En otros momentos, el Gobierno sostuvo la necesidad de mantener “en reserva” erogaciones para pagar información que combata al delito, prevenirlo o reprimirlo. Pero, en general, los partidos de la oposición (Frente Cívico, UCR, Encuentro Vecinal y Frente de Izquierda y los Trabajadores) entienden que la rendición de cuentas pública exigida podría resguardar a quien brinda la información.

Para el tribuno juecista, “sólo una circunstancia excepcionalísima, donde esté en juego la suerte del Estado en su subsistencia misma (un conflicto bélico, por ejemplo), podría justificar por el tiempo que dure tal situación de necesidad, como razón de Estado y guardando proporcionalidad con lo que se encuentra en peligro, la no publicidad de una ley o un tramo de la misma”.

La Voz 23/12/2012 00:01 , por Javier Cámara