Tras 15 años de reclamos, podrían escriturar en barrio Gualcamayo
El Juzgado
Federal de San Juan organizó una audiencia de conciliación entre el interventor
de la cooperativa y los empresarios que construyeron las 50 viviendas. Si se
pacta con los vecinos un valor razonable por las casas, el próximo 28 de
noviembre quedaría allanado el camino hacia la escrituración.
Aunque el barrio terminó de
edificarse en 1996, al día de hoy pueden contarse con los dedos de una mano los
vecinos que lograron escriturar las coquetas casas desplegadas a lo largo de
calle Dinkeldein en el ingreso a Bimaco.
Quince años después, el prolongado conflicto que mantienen los adherentes de la cooperativa Gualcamayo con una empresa constructora sanjuanina estaría en vías de solución.
Así al menos lo creen los vecinos que el viernes último se reunieron para evaluar los avances de la audiencia de conciliación que convocó el juez federal de San Juan.
En la sede de ese juzgado se vieron las caras el 14 de octubre pasado el interventor de Cooperativa Gualcamayo, el contador Héctor Márquez, con los apoderados de las firmas sanjuaninas Admicor S.A. y Kuantica S.A.
De la ríspida discusión también tomó parte el controvertido ingeniero Jorge Eduardo Suárez, el mismo que en plena época del uno a uno había sobrevaluado las viviendas en 90 mil dólares cada una y les exigía a cada uno de los adherentes atrasados en sus cuotas el pago de un 8 por ciento mensual, en concepto de intereses.
“Esa determinación nos había tomado de sorpresa a todos porque ninguno de los vecinos teníamos conocimiento de la existencia de ese contrato leonino, en realidad fue una documentación que nos hicieron firmar a todos sin leerla y sin entregarnos ninguna copia. Era la condición que ponían los empresarios para entregarnos las casas”, recordó José Luis Salazar, representante de los vecinos.
La desproporción entre lo que les exigía Suárez y el valor real de las viviendas puso en serios aprietos a los adherentes, muchos de los cuales quedaron al borde de perder las propiedades.
En medio de la desesperación, se fueron organizando por pequeños grupos para presentar sus denuncias en la Justicia.
Después de varias idas y venidas consiguieron que se dictara una inhibición a las empresas que operaban alrededor de la cooperativa.
Eso obligó a los constructores a revisar sus números y atemperar sus ánimos de lucro. Esa es la idea del Juzgado Federal de San Juan, que en la audiencia de conciliación las empresas se comprometan a suministrar cuanto antes un listado en el que establezcan claramente:
» El valor de cada vivienda, según la documentación original.
» Los pagos que fueron efectuando los adjudicatarios.
» El saldo que queda por pagar.
» Las alternativas de pago en base a un valor cierto y razonable, que contemple los derechos de los adjudicatarios.
El mismo juez determinó que en caso de que los planes de pago que se propongan no resulten razonables y accesibles para todos los vecinos, las negociaciones se suspenderán pero se mantendrán las inhibiciones sobre las empresas que están causando graves inconvenientes a los vecinos.
Después de dar a conocer estas premisas, el Juzgado dictó un cuarto intermedio hasta el 28 de noviembre próximo cuando las partes volverán a verse las caras.
La presunción del interventor Márquez que fuera nombrado por el Instituto Nacional de Acciones Cooperativas (Inaes) es que se está en el camino de una inminente solución, por eso le solicitó al representante de los vecinos de Gualcamayo que hiciera conocer estas novedades en el barrio.
José Luis Salazar comparte el optimismo del interventor de Cooperativa Gualcamayo. “A pesar de esta muy buena noticia después de tantos años de lucha, la presencia de los vecinos no fue la que esperábamos, pero lo importante es que todos tomamos con agrado y con alegría estos avances, esperemos que a fines de noviembre se llegue a la solución definitiva”, se ilusionó.
La escrituración se haría a nombre de cada titular, esté o no al día con sus cuotas, las viviendas serán hipotecadas y cada vecino tendrá una chequera para pagar su cuota en una entidad bancaria a designar.
“Es importante aclarar que las cuotas que se fijen van a contemplar la situación de cada uno, pero también va a tener que existir el compromiso para cumplir con las cuotas atrasadas. Nuestra intención es conseguir una quita en los intereses para que no se nos haga tan cuesta arriba los pagos, pero lo importante es que hay un canal de diálogo abierto”, aseguró Salazar.
Fuente:Puntal
Foto:Archivo
Quince años después, el prolongado conflicto que mantienen los adherentes de la cooperativa Gualcamayo con una empresa constructora sanjuanina estaría en vías de solución.
Así al menos lo creen los vecinos que el viernes último se reunieron para evaluar los avances de la audiencia de conciliación que convocó el juez federal de San Juan.
En la sede de ese juzgado se vieron las caras el 14 de octubre pasado el interventor de Cooperativa Gualcamayo, el contador Héctor Márquez, con los apoderados de las firmas sanjuaninas Admicor S.A. y Kuantica S.A.
De la ríspida discusión también tomó parte el controvertido ingeniero Jorge Eduardo Suárez, el mismo que en plena época del uno a uno había sobrevaluado las viviendas en 90 mil dólares cada una y les exigía a cada uno de los adherentes atrasados en sus cuotas el pago de un 8 por ciento mensual, en concepto de intereses.
“Esa determinación nos había tomado de sorpresa a todos porque ninguno de los vecinos teníamos conocimiento de la existencia de ese contrato leonino, en realidad fue una documentación que nos hicieron firmar a todos sin leerla y sin entregarnos ninguna copia. Era la condición que ponían los empresarios para entregarnos las casas”, recordó José Luis Salazar, representante de los vecinos.
La desproporción entre lo que les exigía Suárez y el valor real de las viviendas puso en serios aprietos a los adherentes, muchos de los cuales quedaron al borde de perder las propiedades.
En medio de la desesperación, se fueron organizando por pequeños grupos para presentar sus denuncias en la Justicia.
Después de varias idas y venidas consiguieron que se dictara una inhibición a las empresas que operaban alrededor de la cooperativa.
Eso obligó a los constructores a revisar sus números y atemperar sus ánimos de lucro. Esa es la idea del Juzgado Federal de San Juan, que en la audiencia de conciliación las empresas se comprometan a suministrar cuanto antes un listado en el que establezcan claramente:
» El valor de cada vivienda, según la documentación original.
» Los pagos que fueron efectuando los adjudicatarios.
» El saldo que queda por pagar.
» Las alternativas de pago en base a un valor cierto y razonable, que contemple los derechos de los adjudicatarios.
El mismo juez determinó que en caso de que los planes de pago que se propongan no resulten razonables y accesibles para todos los vecinos, las negociaciones se suspenderán pero se mantendrán las inhibiciones sobre las empresas que están causando graves inconvenientes a los vecinos.
Después de dar a conocer estas premisas, el Juzgado dictó un cuarto intermedio hasta el 28 de noviembre próximo cuando las partes volverán a verse las caras.
La presunción del interventor Márquez que fuera nombrado por el Instituto Nacional de Acciones Cooperativas (Inaes) es que se está en el camino de una inminente solución, por eso le solicitó al representante de los vecinos de Gualcamayo que hiciera conocer estas novedades en el barrio.
José Luis Salazar comparte el optimismo del interventor de Cooperativa Gualcamayo. “A pesar de esta muy buena noticia después de tantos años de lucha, la presencia de los vecinos no fue la que esperábamos, pero lo importante es que todos tomamos con agrado y con alegría estos avances, esperemos que a fines de noviembre se llegue a la solución definitiva”, se ilusionó.
La escrituración se haría a nombre de cada titular, esté o no al día con sus cuotas, las viviendas serán hipotecadas y cada vecino tendrá una chequera para pagar su cuota en una entidad bancaria a designar.
“Es importante aclarar que las cuotas que se fijen van a contemplar la situación de cada uno, pero también va a tener que existir el compromiso para cumplir con las cuotas atrasadas. Nuestra intención es conseguir una quita en los intereses para que no se nos haga tan cuesta arriba los pagos, pero lo importante es que hay un canal de diálogo abierto”, aseguró Salazar.
Fuente:Puntal
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