Los desastres como el de la Barrick debieran ser juzgados como traición a la patria

25/09 – 11:30 - Quienes hemos dicho una y otra vez, que las empresas multinacionales actúan en una virtual neo-conquista sobre “las colonias” del Río de la Plata, como simulamos ser, para ellos, los países ricos en recursos naturales como Argentina, también repetimos permanentemente que somos una sociedad que actúa sobre los hechos consumados, es decir, “cuando nos tapa el agua” y es claramente lo que ha sucedido en el caso de San Juan. Hoy, cuando la población está amenazada de muerte, se sanciona, se buscan culpables, se producen renunciamientos, se hacen notas y se satura a la opinión pública de información que antes, nunca se abordó. Ahora es tarde y los verdaderos responsables: los gobiernos (nacional y provincial), justicia y la empresa, cortan por lo más fino y ellos siguen indemnes. (Por: Rubén Lasagno)

Funcionarios, políticos, jueces y empresarios que funcionan como una perfecta maquinaria para brindar impunidad a empresas como la Barrick Gold, que provocó el derrame tóxico de más de un millón de litros de sustancia cianurada, declaró 224 mil, solamente y ha estado fuera de control todos estos año, amparadas por la corrupción gubernamental, tanto provincial como del gobierno sanjuanino de Gioja y el propio gobierno nacional, debieran ser juzgados por traición a la Patria, por cuanto sobran los argumentos para conectar este lobby a favor de empresas transnacionales, con el fin de encubrir desastres que ponen en riesgo la salud de las poblaciones y el entorno medio ambiental.

Lo ocurrido en San Juan, jamás podría ocurrir en el “primer mundo” sin consecuencias drásticas para la cadena de responsabilidad existente y particularmente para la empresa que hubiera provocado este atentado masivo a la salud de la población. Es un acto de flagrante negligencia empresaria, encubrimiento estatal y complicidad de autoridades provinciales y nacionales, más preocupados, hoy, en que la Barrick siga extrayendo oro, que en la salud del poblado de Jáchal, que está en emergencia ambiental, social y las mismas autoridades que nunca controlaron y los dejaron librados a la suerte del cianuro, le dicen que pueden tomar agua del río, porque ya no existe problema de envenenamiento.

El apriete político llegó a San Juan, desde el gobierno nacional y por eso, el juez de Jáchal Pablo Oritja, quien había dispuesto prolongar la suspensión de las actividades de la Barrick en El Veladero, 24 horas después de esta decisión, decretó el levantamiento de la medida, argumentando que “admite la realización de las obras, para que el valle de lixiviación, tenga más garantías, tras eventualidades como las ocurridas con el derrame de los líquidos cianurados”, señala el fallo.

Ocho empleados de la minera están en las puertas del despido y por allí va a terminar todo. El Gobernador Gioja aseguró que “los culpables serán castigados y los argentinos deben entender que minería es sustentable” y ya está, nada ha ocurrido, todo está bien. Un millón de litros ( o más, nadie sabe a ciencia cierta) de líquido cianurado cayeron al río Jáchal, del cual se abastecen poblaciones río abajo. Un asesino silencioso, un veneno mortal, flota entre las cristalinas aguas que bajan de la montaña y el gobernador, la justicia de San Juan y el gobierno nacional, no solo no contemplan castigos y fuertes multas para la Barrick Gold, sino que a costa de la salud de sus propios pueblos, habilitan una actividad de seguridad ineficiente y controles inexistentes, para que el negocio de la multinacional no se detenga, que es lo mismo a decir que “el negocio de todos ellos no se corte”.

Pensemos lo que ocurriría en Santa Cruz si algo parecido sucediera, aunque a decir verdad tampoco sabemos si algo similar no pasó, porque, de ser así, jamás nos enteraríamos, a menos, claro, que alguna información al respecto cayera en nuestras manos.

En Santa Cruz hay cero control minero desde hace más de una década, hay legisladores que son socios de las mineras y tienen empresas que las abastecen, hay funcionarios que mantienen intereses con empresas tercerizadas y éstos a su vez, poseen fuertes vinculaciones políticas con el oficialismo o son parte del mismo oficialismo, junto a Intendentes y sindicatos afines.

Hace pocos días, la policía detuvo un convoy de camiones transportando cianuro para las mineras, transitando por Río Gallegos, sin las habilitaciones correspondientes en uno de los vehículos que llevaba la peligrosa carga. Era la empresa del diputado Leonardo Álvarez. No hubo repercusiones. Nadie se ocupó en aclarar, sancionar o preguntar. La Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, ni siquiera emitió un comunicado. Todo pasa, hasta que pase lo irremediable.

Nadie se hace cargo. Desde OPI hemos denunciado por años la precariedad con la que se transporta cianuro en Santa Cruz, los manejos inadecuados de este elemento tóxico que usan por toneladas las mineras en la provincia; las filtraciones en los diques de cola, la falta de mallas geotérmicas o las filtraciones de estos tóxicos en los acuíferos, el cruce de camiones por puentes precarios, cargados de cianuros y químicos, poniendo en peligro el Río Pinturas y otros cursos de agua en la provincia. ¿Y si ya pasó algo parecido a lo de Jáchal y nunca nos enteramos?. Nadie sabe ni contesta. Hay silencio total, complicidad absoluta e impunidad garantizada para todos y todas las empresas mineras que actúan a su antojo y por fuera de toda regla, esquilmando los recursos naturales y recreando una nueva conquista de América, de los buscadores de oro que llegaron hace 4 siglos a costa de la salud de la población y el medio ambiente que nos rodea.

Todos, absolutamente todos los involucrados en la cadena de responsabilidad, empezando por la cabeza política y empresaria, pasando por la justicia y terminando por el irresponsable que no cerró una válvula, no controló un flujo de desecho contaminados o el que tuvo la tarea de controlar y no lo hizo, debieran ser juzgados por traición a la Patria. El gran problema de países subdesarrollados como el nuestro, es que el cipayismo nace como un condicionante de la enorme corrupción que es transversal a todos los estratos de la sociedad. Allí se incuban negocios que luego terminan en tragedia. Lamentablemente la sociedad en su conjunto aún no lo entiende así, no lo ve, no lo advierte y muchos siguen creyendo que, cosas como éstas, pasan producto de la fatalidad y no de la entrega de nuestra salud, por parte de corruptos insalvables a los que nada les importa el país y su pueblo, sino, las monedas que puedan juntar en tiempo record, pagadas en tiempo y forma por multinacionales que solo vienen a llevarse el oro y la plata en tiempo record, aprovechando nuestra tendencia a ignorar la realidad, con esta mirada tercermundista que tenemos los argentinos sobre la realidad que nos pasa por encima y que solo lamentamos cuando se nos revela. (Agencia OPI Santa Cruz)