Por Ricardo Monner Sans
El relato de cómo hice la denuncia por contrabando de armas que lleva al banquillo al ex presidente Carlos Menem.
Febrero de 1995. Es sábado. Abro mi estudio. Hay un sobre. Contiene lo que parece una fotocopia de un decreto secreto y reservado. Lleva el número 103 y dice enero de 1995. Leo su inicio: “Visto el pedido de armas efectuado por Venezuela…”, etc. Trae una advertencia: “Estudie, investigue, el decreto existe, Venezuela no pidió armas”. En un congreso en la isla de Malta había conocido a un abogado venezolano. Llamo a Caracas y pregunto. Pide 48 horas: “En enero de 1995 no hemos pedido armas a ningún país del mundo”, contesta. Pero, ¿y si la fotocopia no se correspondía con un original y se quería que pisara cáscara de banana por aquello de que me he metido contra la corrupción practicada durante todos los gobiernos que supimos conseguir? Hubo y habrá gente que trabaja en la administración pública con mucha antigüedad a quien le perdura la sensación de asco. Me vinculo. “El número del decreto corresponde a la fecha, es imposible ver el original.” Segundo dato. Dos matutinos empiezan a poner en alta voz que se cargaban armas a Ecuador en Ezeiza. Por la guerra del Cóndor entre Perú y Ecuador el Protocolo de Río de Janeiro había atribuido a la Argentina el carácter de cogarante de la paz. La luz se hacía. La audacia también. Alguien dibujaba decretos, reales en su apariencia, falsos en su contenido, y entonces se apropiaban dineros por izquierda.
15 de marzo de 1995. El mismo día en que cae horas después el helicóptero y muere Junior. Voy a los tribunales federales con el texto de denuncia y con fotocopia de lo recibido. Sorpresa y desconfianza. Supe, años después, que yo había estado bajo investigación. “¿A quién sirve?” Y si bien por aquel tiempo tenía ganado un cierto respeto por haberme metido también con los mequetrefes del elenco menemista, 1995 le va a dar a Carlos Saúl la reelección. Quedé a contramano de aquello tan ambiguo: la opinión pública. ¿Meterme con un presidente en ejercicio? El tema empezaba a avanzar y –más allá de mi disenso actual– el entonces fiscal Stornelli empuja. Empuja la Sala II de la Cámara de Apelaciones –Cattani, Luraschi, Irurzun–, indicándole al juez Urso medidas profundas. Así, más allá de Sarlenga, de Palleros, empiezan a aparecer nombres de ministros. Se descubren varios decretos. Uno hasta indicaba “armas a Panamá”, cuando el país invadido por los yanquis no podía haber pedido nada. Ninguna voz política acompañaba el esfuerzo. Algún gobernador de Santa Cruz explicaba que Carlos Saúl era el mejor presidente en toda la historia. ¿Y el hombre de la gran confianza presidencial –Balza, hoy embajador de los Kirchner– de cuyo ámbito salió la mayor cantidad de armas, maquilladas en Río Tercero para ser enviadas a Croacia y a Bosnia?
Noviembre de 1995. Hay que borrar pruebas. Se provocan muertes y pánico. “Ustedes los periodistas –dice don Carlos– tienen que explicar que Río Tercero ha sido un accidente.” El tiempo me iba a permitir ser querellante en Córdoba. El tiempo me iba a permitir ser abogado de la viuda del coronel Aguilar, el militar argentino que desde Perú advirtió a los poderosos que ese país conocía que se iban a cargar armas a Ecuador. Enviuda por la extraña caída de un helicóptero y el Ejército le entrega un cajón cerrado. La asisto como querellante. Hasta hoy no sabe a quién le está poniendo flores. Con él muere otro testigo clave: el general Andreoli, hombre que por haber pertenecido a la Dirección de Arsenales (Ejército) y a Fabricaciones Militares seguramente complicaría a más de uno. El jueves comienza –más de trece años después del 15 de marzo– el juicio oral y público. ¿Será justicia?
Ricardo Monner Sans
Fuente: Crítica Digital 14.10.08
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