En busca de información acerca del proyecto que ya recibió media sanción de Diputados, y preparándonos para conocer que deciden en la Cámara de Senadores, estamos leyendo opiniones sobre el proyecto tan defendido por el oficialismo, y tan rápidamente aprobado por la Cámara Baja. Así insertamos los videos con una de las voces disidentes de Córdoba, como es la de la diputada Norma Morandini. La posición que adjuntamos ahora es la de Beatriz Sarlo, ensayista, que publica la misma bajo el título de:
“Los que defienden el pluralismo ideológico tienen de qué preocuparse”.
EL PODER EJECUTIVO AUMENTA EL CONTROL SOBRE MEDIOS PUBLICOS Y PRIVADOS
Por: Beatriz Sarlo, ENSAYISTA
No hay que ser particularmente leguleyo para opinar que el proyecto sobre medios audiovisuales fue votado de atropellada. Incluso si los foros hubieran funcionado como asambleas de ciudadanos de la república ateniense, la Cámara de Diputados no es un foro más, dato evidente si, en vez de citar a Giovanni Sartori y Umberto Eco (pensadores no extremadamente compatibles, pero bueno, nadie puede estar en todos los detalles), se entendiera un poco la Constitución y otro poco la dinámica de los foros donde los militantes sociales expresan legítimos intereses sectoriales y, también, pasan por alto cuestiones fundamentales.
Muchos de los argumentos parecían inventados ad hoc. Súbitamente, una cantidad importante de diputados descubría que el país se volvía irrespirable si vivíamos unas semanas más con la "ley de la dictadura", argumento que los obligó a manotear la oportunidad que los despertaba de tal pesadilla. Si les queda tiempo libre, podrían ahora revisar todas las leyes vigentes desde la época de la dictadura y derogarlas, no sea cosa que el día de mañana aprueben otro proyecto de apuro porque se despabilaron con una "ley de la dictadura" sobre el pupitre.
Las palabras no reemplazan a la realidad y la palabra "dictadura" no reprime las libertades y el pluralismo tanto como una dictadura verdadera. Demasiado Foucault oratorio y demasiado olvido de que, como enseñó Saussure, la palabra "caballo" no trota.
De todos los aspectos que han sido discutidos, el proyecto incluye uno que no recibió mayor consideración. Ni las empresas ni los defensores de la ley afinaron la vista sobre las disposiciones referidas a la Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, creada bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional.
Miguel Bonasso sostuvo de esta manera su abstención: "Aclaro en forma terminante que no voy a ceder al punto de la autoridad de aplicación de la Ley de Radiodifusión. El reemplazo del viejo y desprestigiado Comfer debe ser un ente autárquico, federal, controlado por el Parlamento y asociaciones de la sociedad civil. Nunca bajo la órbita del Poder Ejecutivo, ni de este, ni de ningún gobierno".
Lo que para Bonasso es uno de los peligros más evidentes de la Ley reaparece, como si estuviera calcado, en el organismo que se hará cargo de la televisión y la radio del Estado nacional. En efecto, el Poder Ejecutivo también obtendrá fácilmente la mayoría simple en este organismo que, por otra parte, funciona dentro de su esfera para que no pueda colarse allí ningún viento desorganizador. Es comprensible que para las empresas del sector privado este aspecto del proyecto no se convierta en el centro de sus reclamos. No se desvelan con la radio y televisión estatales, como las preocupa, justificadamente, la misma mayoría sencilla que el Poder Ejecutivo tendrá en el órgano cuyas disposiciones caen sobre los medios comerciales.
Sin embargo, el destino de Canal 7 y de Radio Nacional debería preocupar a todos aquellos que juran por los valores del pluralismo cultural e ideológico, es decir, a muchos de los defensores del proyecto.
La nueva ley era ocasión de legislar sobre la autoridad que dirigirá la sociedad de medios nacionales, proponiendo una jurisdicción independiente para impedir que éstos se conviertan en medios del Gobierno, sea éste el que sea. Sin duda, esta posibilidad de Canal 7 no va a preocupar a las emisoras privadas, que piensan que a más gubernamental, menos audiencia. Pero debería preocuparnos a los televidentes.
Subrayo este aspecto del problema porque el órgano que controlará y dispondrá la actividad de los medios del Estado será dirigido por el Poder Ejecutivo por la sencilla razón de que nombrará directamente a su presidente y director; el Parlamento nombrará a tres representantes, uno de ellos por la primera minoría, que es la del Ejecutivo. Sobre siete miembros, y tomando resoluciones sólo sobre la base de una mayoría simple, el Ejecutivo tiene casi todo en sus manos para mandar. Habrá que implorar al destino para que ninguno de los miembros del Consejo se engripe o salga de viaje.
Por otra parte, los diputados que votaron este proyecto deberían estar ya mismo preparando una ley orgánica de los medios estatales que tenga un poco más de contenido y regale un poco menos de control al Ejecutivo, aunque no los apuren como los apuraron en estos días.
Naturalmente, las notas a pie de página de la ley, tan desordenadas como las de una monografía estudiantil en borrador, dan casos de legislación comparada donde también hay representación del Poder Ejecutivo en este tipo de organismos: Australia o Chile, por ejemplo. Pero la legislación comparada se vuelve abstracta si no se la completa con un poco de política comparada: el Poder Ejecutivo de Australia y Chile tiene tradiciones de mayor autolimitación que el Ejecutivo personalista y concentrado de la Argentina. Si un alumno presentara estos ejemplos de legislación comparada, cualquier profesor le sugeriría hacer también un poco de historia comparada, ya que se legisla para un país no para una historieta de ficción política.
Quienes parecen más entusiasmados por el proyecto de ley son los académicos de las carreras de Comunicación y fue uno de ellos, Gabriel Mariotto, llegado de la Universidad de Lomas de Zamora al Comfer, quien la dibujó siguiendo el borrador de los Kirchner. Sería insidioso pensar que los académicos se entusiasman porque el proyecto les asegura un lugar en cada uno de los organismos propuestos. Creo que las ideas juegan su papel.
Por ejemplo, la reserva de un tercio del espacio audiovisual para las organizaciones de la sociedad civil, disposición de la ley que es más progresista pero no menos erizada de dificultades.
Es lindo creer que allí no sólo crecerán flores envenenadas por la cooptación política o los intereses sindicales, sino organizaciones casi escandinavas, orgullosamente fuertes e independientes que encontrarán también en la sociedad civil fuentes de financiación voluntaria, convirtiendo a este país de avaros en todo lo que sea apoyo a lo público, en una república de ciudadanos encantadores, dispuestos a donar quinientos pesos anuales a la emisora de su preferencia, como sucede, sin ir más lejos, en Estados Unidos.
Los entusiastas de las radios comunitarias las ven salir de las penosas condiciones en que hoy sobrevive la mayoría de ellas para convertirse en sólidas emisoras independientes que produzcan buena información y buenos contenidos locales, nacionales e internacionales, indispensables porque los medios privados ya no podrán cubrir todo el territorio con sus redes.
Y si esas emisoras independientes no logran hacerlo, el Poder Ejecutivo, que ocupa la cabina de mando en Canal 7, no será tan mezquino como para negarles programación y apoyo. Este mundo maravilloso pasa por alto la necesidad de sentarse a pensar de qué modo es posible fortalecer las posibilidades técnicas y económicas de las pequeñas organizaciones de la sociedad civil (comenzando por las de los pueblos originarios, que la ley nombra a cada rato como si fuera un mantra). Esas radios del sector público, si no pertenecen en el futuro a sindicatos y corporaciones poderosas, pasarán por el remolino de los subsidios.
Los veloces diputados nos deben ahora una legislación que asegure la asistencia técnica y económica a las pequeñas emisoras garantizando su independencia (porque nadie quiere radios que reproduzcan la lógica de lo que fue el piqueterismo oficialista).
Cuando se menciona tantas veces a los pueblos originarios como lo hace este proyecto, es bueno recordar que los hombres y mujeres reales de esos pueblos son los que más probabilidades tienen de vivir en la pobreza.
Muchos de los argumentos parecían inventados ad hoc. Súbitamente, una cantidad importante de diputados descubría que el país se volvía irrespirable si vivíamos unas semanas más con la "ley de la dictadura", argumento que los obligó a manotear la oportunidad que los despertaba de tal pesadilla. Si les queda tiempo libre, podrían ahora revisar todas las leyes vigentes desde la época de la dictadura y derogarlas, no sea cosa que el día de mañana aprueben otro proyecto de apuro porque se despabilaron con una "ley de la dictadura" sobre el pupitre.
Las palabras no reemplazan a la realidad y la palabra "dictadura" no reprime las libertades y el pluralismo tanto como una dictadura verdadera. Demasiado Foucault oratorio y demasiado olvido de que, como enseñó Saussure, la palabra "caballo" no trota.
De todos los aspectos que han sido discutidos, el proyecto incluye uno que no recibió mayor consideración. Ni las empresas ni los defensores de la ley afinaron la vista sobre las disposiciones referidas a la Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, creada bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional.
Miguel Bonasso sostuvo de esta manera su abstención: "Aclaro en forma terminante que no voy a ceder al punto de la autoridad de aplicación de la Ley de Radiodifusión. El reemplazo del viejo y desprestigiado Comfer debe ser un ente autárquico, federal, controlado por el Parlamento y asociaciones de la sociedad civil. Nunca bajo la órbita del Poder Ejecutivo, ni de este, ni de ningún gobierno".
Lo que para Bonasso es uno de los peligros más evidentes de la Ley reaparece, como si estuviera calcado, en el organismo que se hará cargo de la televisión y la radio del Estado nacional. En efecto, el Poder Ejecutivo también obtendrá fácilmente la mayoría simple en este organismo que, por otra parte, funciona dentro de su esfera para que no pueda colarse allí ningún viento desorganizador. Es comprensible que para las empresas del sector privado este aspecto del proyecto no se convierta en el centro de sus reclamos. No se desvelan con la radio y televisión estatales, como las preocupa, justificadamente, la misma mayoría sencilla que el Poder Ejecutivo tendrá en el órgano cuyas disposiciones caen sobre los medios comerciales.
Sin embargo, el destino de Canal 7 y de Radio Nacional debería preocupar a todos aquellos que juran por los valores del pluralismo cultural e ideológico, es decir, a muchos de los defensores del proyecto.
La nueva ley era ocasión de legislar sobre la autoridad que dirigirá la sociedad de medios nacionales, proponiendo una jurisdicción independiente para impedir que éstos se conviertan en medios del Gobierno, sea éste el que sea. Sin duda, esta posibilidad de Canal 7 no va a preocupar a las emisoras privadas, que piensan que a más gubernamental, menos audiencia. Pero debería preocuparnos a los televidentes.
Subrayo este aspecto del problema porque el órgano que controlará y dispondrá la actividad de los medios del Estado será dirigido por el Poder Ejecutivo por la sencilla razón de que nombrará directamente a su presidente y director; el Parlamento nombrará a tres representantes, uno de ellos por la primera minoría, que es la del Ejecutivo. Sobre siete miembros, y tomando resoluciones sólo sobre la base de una mayoría simple, el Ejecutivo tiene casi todo en sus manos para mandar. Habrá que implorar al destino para que ninguno de los miembros del Consejo se engripe o salga de viaje.
Por otra parte, los diputados que votaron este proyecto deberían estar ya mismo preparando una ley orgánica de los medios estatales que tenga un poco más de contenido y regale un poco menos de control al Ejecutivo, aunque no los apuren como los apuraron en estos días.
Naturalmente, las notas a pie de página de la ley, tan desordenadas como las de una monografía estudiantil en borrador, dan casos de legislación comparada donde también hay representación del Poder Ejecutivo en este tipo de organismos: Australia o Chile, por ejemplo. Pero la legislación comparada se vuelve abstracta si no se la completa con un poco de política comparada: el Poder Ejecutivo de Australia y Chile tiene tradiciones de mayor autolimitación que el Ejecutivo personalista y concentrado de la Argentina. Si un alumno presentara estos ejemplos de legislación comparada, cualquier profesor le sugeriría hacer también un poco de historia comparada, ya que se legisla para un país no para una historieta de ficción política.
Quienes parecen más entusiasmados por el proyecto de ley son los académicos de las carreras de Comunicación y fue uno de ellos, Gabriel Mariotto, llegado de la Universidad de Lomas de Zamora al Comfer, quien la dibujó siguiendo el borrador de los Kirchner. Sería insidioso pensar que los académicos se entusiasman porque el proyecto les asegura un lugar en cada uno de los organismos propuestos. Creo que las ideas juegan su papel.
Por ejemplo, la reserva de un tercio del espacio audiovisual para las organizaciones de la sociedad civil, disposición de la ley que es más progresista pero no menos erizada de dificultades.
Es lindo creer que allí no sólo crecerán flores envenenadas por la cooptación política o los intereses sindicales, sino organizaciones casi escandinavas, orgullosamente fuertes e independientes que encontrarán también en la sociedad civil fuentes de financiación voluntaria, convirtiendo a este país de avaros en todo lo que sea apoyo a lo público, en una república de ciudadanos encantadores, dispuestos a donar quinientos pesos anuales a la emisora de su preferencia, como sucede, sin ir más lejos, en Estados Unidos.
Los entusiastas de las radios comunitarias las ven salir de las penosas condiciones en que hoy sobrevive la mayoría de ellas para convertirse en sólidas emisoras independientes que produzcan buena información y buenos contenidos locales, nacionales e internacionales, indispensables porque los medios privados ya no podrán cubrir todo el territorio con sus redes.
Y si esas emisoras independientes no logran hacerlo, el Poder Ejecutivo, que ocupa la cabina de mando en Canal 7, no será tan mezquino como para negarles programación y apoyo. Este mundo maravilloso pasa por alto la necesidad de sentarse a pensar de qué modo es posible fortalecer las posibilidades técnicas y económicas de las pequeñas organizaciones de la sociedad civil (comenzando por las de los pueblos originarios, que la ley nombra a cada rato como si fuera un mantra). Esas radios del sector público, si no pertenecen en el futuro a sindicatos y corporaciones poderosas, pasarán por el remolino de los subsidios.
Los veloces diputados nos deben ahora una legislación que asegure la asistencia técnica y económica a las pequeñas emisoras garantizando su independencia (porque nadie quiere radios que reproduzcan la lógica de lo que fue el piqueterismo oficialista).
Cuando se menciona tantas veces a los pueblos originarios como lo hace este proyecto, es bueno recordar que los hombres y mujeres reales de esos pueblos son los que más probabilidades tienen de vivir en la pobreza.
Fuente:Clarin
