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Los servicios que ofrece el Estado a la población dependen
decisivamente de la calidad de la gestión de los recursos humanos. Comparado con
el sector privado, el Estado argentino se caracteriza por salarios y demás
condiciones laborales mucho más atractivas junto
con criterios de selección y
promoción mucho más
discrecionales. Esto promueve la mediocridad y genera
condiciones propicias para que los funcionarios usen
el empleo público para distribuir favores electorales y personales. Para que el Estado sea un factor de desarrollo
social es crucial cambiar esta realidad profesionalizando la gestión del empleo
público.
Aun cuando los avances de la tecnología tienden a reducir la
necesidad de mano de obra, la mayoría de los servicios que ofrece el Estado se caracteriza
por un uso intensivo de trabajo humano. Educación, salud, seguridad, justicia son sectores
que ilustran esta particularidad.
Este rasgo lleva a que
la calidad en la gestión de los servicios del Estado dependa decisivamente de la disponibilidad, capacidad y compromisos
de sus empleados. Asimismo, también lleva a que el pago de salarios represente un
componente muy importante dentro de las erogaciones públicas.
Inconsistente con la alta relevancia de los recursos humanos para el
funcionamiento del Estado, la información disponible sobre empleo público es
escasa y fragmentada. Sin perjuicio de ello, se puede aproximar su evolución con los datos
del Ministerio de Economía, lo cuales se obtienen de las declaraciones juradas para el
pago de cargas sociales a la AFIP del sector público nacional y de las 11 provincias con
sistemas previsionales transferidos a la Nación. Esta fuente de información oficial permite
identificar las siguientes tendencias:
* Entre los años 1997 y 2011 la cantidad
de empleados en el sector público nacional
pasó de 720 mil a 1,5 millones, es decir una tasa de
crecimiento promedio de 5% por
año.
* En el mismo período la población
total del país creció a razón del 1% anual.
* Es decir, la tendencia de largo plazo
es que el empleo público crece 5 veces más
que la población total.
El fuerte crecimiento
del empleo público no constituiría síntoma de un problema si formara parte de una mejora sustantiva de los servicios estatales.
Pero las evidencias muestran que es creciente el uso
que hace la población de instituciones
privadas para acceder a los servicios públicos. Por ejemplo, la cantidad de alumnos en
el nivel primario atendidos por escuelas públicas se redujo en los últimos 15 años. En contrapartida, un cuarto de las familias argentinas hacen
el esfuerzo para que sus hijos accedan
a la educación privada.
Procesos análogos se observan con la salud y la seguridad.
Crear más empleo público para producir menos servicios
denota muy bajos niveles de productividad. Esto
es generado por reglas que promueven la mediocridad y la falta de compromiso, ya que las condiciones de trabajo de los
empleados públicos son mucho más favorables que las de los empleados privados. En el Estado
las jornadas de trabajo son más reducidas, el régimen de licencias y feriados más generoso,
y las remuneraciones más altas.
Según datos del INDEC, el salario promedio registrado en el
sector privado en el 3º trimestre del año pasado fue de $5.194. En el sector público, en
cambio, la remuneración media fue de $5.846, es decir un 12% más alto. Particularmente notable
es que en el sector público nacional el salario promedio llega a los $8.609, es decir un
66% más alto que la media en el sector privado.
Con salarios y demás
condiciones laborales mucho más atractivas que las que disfrutan el resto de los trabajadores, la presión para
ingresar al Estado es muy intensa. A su vez, como el ingreso al empleo público
responde a procedimientos arbitrarios, los funcionarios con poder de decisión están tentados a utilizar el empleo público como mecanismo para
retribuir favores partidarios y
personales. En suma, fruto de reglas que promueven la mediocridad y el uso del empleo público para
fines personales, el Estado tiene más erogaciones y peores resultados.
Es de importancia estratégica cambiar la gestión de los recursos humanos en el Estado. Para ello, se debería adoptar el criterio de que
todo ingreso al sector público tiene que estar avalado por una necesidad objetiva, la selección
en base a procedimientos transparentes y la permanencia sujeta a evaluación de
desempeño. Tan importante como esto es iniciar el proceso para que los salarios y demás
condiciones laborales del empleo público converjan a las que prevalecen en el sector privado.
Evolución del empleo público nacional y la población total
del país.
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