19 de abril: Dia del aborigen americano

El Día del Aborigen Americano (o Día Americano del Indio) se celebra cada año en conmemoración del Congreso Indigenista Interamericano reunido en México el 19 de abril de 1940. El congreso fue convocado en Patzquaro (estado de Michoacan) por el entonces presidente Lázaro Cárdenas, que era descendiente de aborígenes.

La Justicia Española , el Juez Baltasar Garzón y la Justicia Argentina

Las secuelas de los gobiernos dictatoriales dejan su marca en la historia de los pueblos. Por estos días nuevamente, ha tomado público y notorio protagonismo la figura del juez español Baltasar Garzón quien estuvo especialmente abocado a la investigación de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en las dictaduras latinoamericanas. Hoy en su tierra española pretende investigar los crímenes cometidos durante el franquismo y por esta razón ha sido acusado de un presunto delito de prevaricato.

La situación ha provocado una condena importante  en distintos ámbitos y desde los medios de prensa de todo el mundo se han expresado al respecto. Por ejemplo, Una injusticia en España, es lo que dice New York Times: "Los verdaderos delitos son las desapariciones, no la investigación del juez. Si, como parece, se trataban de crímenes contra la humanidad, la amnistía de 1977 no podía absolverlos", al referirse a la ley de amnistía española de ese año.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha lamentado el nuevo jarro de agua de fría que supone el rechazo del recurso presentado por el juez Garzón para defender su investigación sobre los crímenes del franquismo. "Si se sienta en el banquillo, se estarán sentando con él miles de hombres y mujeres que llevan décadas esperando a la justicia y que no han podido todavía ejercer sus derechos", aseguran en un comunicado. Las asociaciones de memoria entregaron al juez Garzón los nombres,  documentados  de 130.000 desaparecidos por el franquismo, lamenta que Garzón "vaya a ser juzgado por haber cumplido el deber de cualquier representante de la justicia de investigar los crímenes de la dictadura franquista", mientras, añaden, "los violadores de derechos humanos se mueren disfrutando de privilegios como la impunidad".

"El sistema judicial español lleva prevaricando más de tres décadas porque no ha sido capaz de juzgar ninguno de los miles de asesinatos y violaciones de derechos humanos cometidos por la dictadura", añaden en un comunicado. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica considera que quienes han prevaricado son los jueces de primera instancia que al notificarles el hallazgo de restos humanos con signos de muerte violenta (impactos de bala, huesos rotos...) no han acudido a las fosas y han abierto una investigación.

Así  expresando que: "Nos basamos en los mismos principios por los que Garzón juzgó desde España la dictadura argentina y la chilena: la jurisdicción universal",  el Dr. Carlos Slepoy, abogado argentino, especialista en temas de Justicia Universal y premio internacional de Derechos Humanos 2008, señala la posibilidad que se concretó el 14 de abril pasado de recurrir a los tribunales argentinos.. "En España se han paralizado las investigaciones sobre los crímenes del franquismo y los tribunales argentinos pueden intervenir para frenar esa impunidad".

El Dr. Carlos Slepoy  se convirtió entonces en el gestor de esta demanda en nuestro país.

La querella abarca el periodo comprendido entre la Guerra Civil y el último día de la dictadura de Franco. De ser admitida a trámite, los querellantes solicitarían un listado completo de todos los dirigentes de Falange -uno de los grupos que ha sentado a Garzón en el banquillo-, la Guardia Civil, el Ejército y los Gobiernos franquistas que continúan vivos para depurar responsabilidades. Además, pedirían a modo de pruebas el censo de víctimas y desaparecidos, el mapa de fosas comunes halladas en España y toda la documentación recabada por el juez Baltasar Garzón cuando decidió investigar los crímenes del franquismo.

Una interesante entrevista digital realizada on line al Dr. Slepoy,  publicada por El País nos permite interiorizarnos de esta situación y entender un poco más su compleja trama, es sumamente ilustrativa y le aconsejamos su lectura:


Entrevista digital del  abogado Carlos Slepoy por el caso del Juez Baltasar Garzón


¿Por qué cree usted que no acusaron por prevaricación al juez Garzón cuando investigó las dictaduras latinoamericanas y sí cuando ha investigado la española?

 El juez Garzón actuó en cumplimiento de lo que ordena la ley española, es decir, la persecución de crímenes lesivos para la humanidad, aun cuando se cometan fuera del territorio español. Con más razón, esos mismos crímenes deben ser perseguidos cuando se cometen en el propio territorio. Por eso es incomprensible que se le acuse en este momento de prevaricación. En todo caso, las resoluciones de Garzón en lo esencial fueron confirmadas tanto por la célula de lo Penal de la Audiencia Nacional como por el Tribunal Supremo.

  

Somos muchos los que opinamos que en España, desde 1936 se cometió un genocidio y que por tanto nunca podrán prescribir esos delitos. ¿Qué opina usted?

 Efectivamente, es así. El genocidio se comete desde el comienzo del alzamiento nacional hasta el fin de la dictadura franquista, sin perjuicio de que la mayor criminalidad masiva se produce en las dos primeras décadas del régimen. También en el caso de la dictadura argentina, que duró siete años, la mayor cantidad de violaciones de los derechos humanos se produjeron en los tres primeros años, lo que no impidió que la investigación judicial se extendiera a todo el periodo de la dictadura, tanto por parte de los tribunales españoles como ahora por parte de los tribunales argentinos que, anuladas las leyes de punto final y obediencia debida, están juzgando a los criminales. 


 ¿Qué consecuencias en el proceso puede tener el hecho de que gran parte de los acusados hayan fallecido? 

El periodo de investigación que nosotros proponemos abarca toda la dictadura. Se extiende hasta las primeras elecciones democráticas, es decir, hasta el 15 de junio de 1977. Como se comprenderá, es innumerable el número de responsables que hoy están vivos, y muchos de ellos, con posiciones de poder político, económico o social dentro de la sociedad española.

¿Por qué han presentado ustedes una querella contra el franquismo?

 Se ha presentado como consecuencia de la aplicación del principio conforme al cual deben ser perseguidos internacionalmente todos los que cometan crímenes como los que cometió el franquismo y, sin duda, incentivados por la impunidad que sobre los mismos existe en España y la paralización de las actuaciones judiciales del juez Garzón, que pretendían terminar con esa impunidad.


 ¿Por qué vía se plantea presentar la querella, por genocidio o por crímenes de lesa humanidad?

 

La querella se presentó ante los tribunales federales argentinos que son los competentes para juzgar este tipo de delitos internacionales. Hemos calificado los hechos como genocidio porque entendemos que esto es lo que sucedió en España, aunque subsidiariamente también lo hacemos por crímenes de lesa humanidad. El genocidio es un crimen que se comete cuando el propósito de destruir grupos humanos enteros dentro de una nación a efectos de crear una sociedad sin la existencia de los mismos. El represor se propone depurar la nación y llevar adelante su proyecto político, económico y social sin la presencia de los mismos. La represión por tanto es discriminada y se elimina a los individuos con el objetivo de destruir su grupo de pertenencia. Los crímenes de lesa humanidad, en cambio, son también crímenes masivos, pero indiscriminados, constituyen ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, pero no es su propósito reorganizar o recrear la sociedad en la que se cometen.  

 ¿Puede explicarnos cómo es el clima en Argentina de cara a la querella que ustedes van a presentar sobre el franquismo? ¿Este clima se está dando en otros países de su entorno?

A diferencia de lo que ocurrió en su día con la apertura de los procedimientos en España en relación con el genocidio cometido en Argentina y Chile, que se instruyeron durante mucho tiempo sin ningún tipo de apoyo, esta querella ha recibido la adhesión unánime y calurosa de infinidad de personas y organizaciones sociales y de derechos humanos desde el mismo momento en que fue anunciada su presentación. Ha despertado una enorme expectativa no sólo en Argentina, sino en muchos países de América Latina en donde residen muchísimos españoles exiliados del franquismo. Por otra parte, en el momento en que se iniciaron los procedimientos en España respecto de lo sucedido en Argentina y Chile, nadie prácticamente había oído hablar del principio de jurisdicción o justicia universal. Hoy, pasada algo más de una década y por la influencia en gran medida de los procedimientos abiertos por parte de la justicia española en la aplicación de este principio, la gente siente que éste es un modo legítimo y eficaz para perseguir a criminales internacionales y deposita entonces su confianza en que el procedimiento que ahora se abre será útil para terminar con la impunidad de crímenes que se cometieron durante 40 años y fueron silenciados durante algo más de otros 30, generándose la sensación de que nunca podrían ser juzgados.


¿No hubiese sido mejor intentar impugnar la Ley de Amnistía por ir contra los derechos humanos que intentar obviarla pues en un estado de derecho un Juez debe aplicar la Ley que hay aunque no le guste?

En primer lugar, el juez Garzón ha interpretado, y nosotros compartimos esa interpretación, que la ley de amnistía sólo ampara delitos con intencionalidad política, y no pueden considerarse como tales delitos como el genocidio o los crímenes de lesa humanidad. Así lo establecen múltiples resoluciones internacionales y en general los convenios de extradición, que establecen que se extraditarán a personas acusadas de delitos políticos pero no se considerarán como tales los crímenes lesivos para la humanidad. Lo cual quiere decir que es posible llevar adelante estos procesos en España aun subsistiendo la ley de amnistía, aunque, como ya lo ha manifestado por ejemplo el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, esa ley debería ser derogada. En segundo lugar, aunque la ley de amnistía expresara que los responsables de estos crímenes quedan amnistiados, sería contraria a las normas imperativas del derecho internacional, por lo que cualquier juez debería aplicar este derecho, que es de rango superior al derecho interno de los estados. En tercer lugar, el modo más eficaz de impugnar la ley de amnistía y conseguir que los crímenes no queden impunes, es precisamente a través de las actuaciones judiciales. Así ha ocurrido en relación con las leyes de impunidad de Argentina y Chile, que fueron anuladas tras el desarrollo durante varios años de procesos judiciales que declararon la contrariedad de los mismos con las leyes internas y del derecho internacional.

Agradecemos poder conocer  estas esclarecedoras respuestas del prestigiado jurista argentino radicado en España, Dr. Carlos Slepoy y realmente no podemos menos que adherir a sus finales reflexiones que figuran en la despedida de su entrevista

Mensaje de despedida del Dr. Slepoy

Agradezco las preguntas, lamento no haber podido explayarme más sobre las mismas, y quiero destacar ante algunas insinuaciones respecto de qué hace un abogado argentino metiéndose con cuestiones de España, dos cosas. En primer lugar, que vivo en España desde hace 32 años, tengo la nacionalidad española, en España se han criado mis dos hijas y ha nacido mi hijo, he vivido momentos dolorosos y felices en este país, especialmente en lo que se refiere al extraordinario aporte que se hizo desde España para que terminara la impunidad en Argentina y Chile. Y en segundo lugar, y fundamentalmente, lo que ha ocurrido en España es motivo de preocupación y dolor para cualquier ciudadano del mundo. Llegará el tiempo en que se sienta ya definitivamente una conciencia universal de que los enemigos del género humano deben ser perseguidos en todo tiempo y en todo lugar. Será posible entonces pensar en un mundo mejor.


Fuente: El País de España. Abril 2010



Audio con entrevista al Dr. Carlos Slepoy realizado por Radio Univ. de Bs.As.. Quienes y porqué quieren inhabilitar al juez Baltasar Garzón


CIUDADANOS AUTOCONVOCADOS DE RIO CUARTO.

Abusos sexuales y la Iglesia Católica

Una carta del actual Papa cuando era prefecto de la antigua Inquisición revela que frenó varios años la secularización tras la denuncia del obispo de Oakland

 Información del diario EL PAÍS - Madrid - 09/04/2010

El goteo de noticias sobre abusos sexuales que achacan a la Iglesia católica ya es una lluvia y amenaza con transformarse en un ciclón. Mientras el Vaticano reiteraba la disponibilidad de papa Benedicto XVI de entrevistarse con las víctimas de los curas pederastas, nuevas revelaciones volvieron este viernes a implicar directamente al jefe de la Iglesia en las tentativas de las altas esferas vaticanas para parar los escándalos. La agencia Associated Press publicó nuevos documentos que apuntan a la resistencia a la destitución de curas implicados en abusos por parte del entonces cardenal Ratzinger.

Una carta, datada en 1985 y firmada por el mismo Ratzinger, demuestra cómo el futuro Papa, en sus funciones de prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se opuso a la destitución del cura Stephen Keisle "por el bien de la Iglesia Universal", según aparece en el texto. El documento, escrito en latín, forma parte de la amplia correspondencia entre la diócesis de Oakland (California) y el Vaticano sobre el caso Kiesle. La diócesis había recomendado la destitución del cura acusado de abusos sexuales en 1981, el año en el que Ratzinger fue nombrado jefe del organismo de la Iglesia al que compete la disciplina de los religiosos.
Fue sólo cuatro años más tarde cuando, según AP, el futuro Papa escribió al obispo de Oakland, John Cummins, que había sometido el caso. Y fue para decirle que, a pesar de la importancia de las argumentaciones en favor de la destitución de Kiesle, hacía falta tener en cuenta "el perjuicio que puede causar en la comunidad de los fieles de Cristo, sobre todo considerando su joven edad". Kiesle tenía entonces 38 años. Ratzinger también instó al obispo a ofrecer a Kiesle "todo el cuidado paternal posible", mientras esperaban una decisión. En 1978, Kiesle había sido sentenciado a tres años de libertad condicional por abusos contra dos jóvenes. Cuando acabó la condena pidió la destitución y fue cuando la diócesis remitió el caso a Roma.
Un portavoz del Vaticano confirmó la autoría de la carta, pero no quiso hacer comentarios sobre las revelaciones. "La oficina de prensa no considera necesario contestar a cada documento sacado fuera de contexto que se refiere a una situación legal particular", dijo Federico Lombardi, portavoz de la Santa Sede. "No es extraño que haya documentos con la firma de Ratzinger".
Cummins incluso acudió en persona a Roma para mover el caso de Kiesle, pero no le hicieron caso. Por fin, la secularización del sacerdote fue en 1987, seis años después de que se iniciara el proceso. El ex sacerdote vive en Walnut Creek (California) donde está incluido en la lista de delincuentes sexuales.
Este no es el primer caso que involucra al Papa como encubridor -o, por lo menos, como reacio a actuar- de sacerdotes implicados en abusos a menores. El pasado 22 de marzo, The New York Times desveló un comportamiento similar con Lawrence Murphy, quien abusó durante años de unos 200 niños sordos en Wisconsin. En aquel momento, Ratzinger alegó para no castigarlo que era muy anciano.
Nuevos casos en Holanda y Noruega
Por otro lado, tres sacerdotes católicos han sido apartados de sus funciones en Holanda, mientras que en Noruega se han desvelado la existencia de cuatro nuevos casos de posibles abusos sexuales a menores.
En el caso de Holanda, donde algo más de una cuarta parte de sus 16 millones de habitantes están registrados como católicos, se trata de las primeras suspensiones que vive la institución en ese país. Las primeras denuncias por abusos se hicieron públicas hace aproximadamente un mes. El religioso salesiano Herman Spronck ha señalado que, tras consultar con los superiores de la congregación en Bruselas, se pedirá a los tres curas acusados que cesen en sus actividades.

Masiva marcha para apoyar Ley de Medios

Los manifestantes reclamaron la vigencia de la ley votada y aprobada en el Parlamento. 

15.04.2010 | 17:35

Representantes de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos marcharon hoy hacia Tribunales para realizar un acto en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, suspendida por la Justicia de Mendoza.

Los manifestantes le reclamaron además a la Corte Suprema de Justicia que "libere" la Ley de Medios y aseguraron que seguirán "en las calles hasta que se aplique" la normativa.

La movilización se enmarcó luego de que la Ley de Servicios Audiovisuales, sancionada el año pasado en el Congreso, quedó suspendida por dos fallos de la Justicia mendocina.

El Gobierno apeló la sentencia y ahora espera una resolución de la Cámara Federal de Mendoza para que habilite la elevación de la causa a la Corte Suprema que tendrá la última palabra sobre el futuro de la ley.

Un número importante de personas participaron desde las 17.30 de la marcha que partió desde el Congreso hasta el edificio de los Tribunales donde se realizó un acto organizado por la Coalición por una Radiodifusión Democrática.

En la plaza Lavalle, se levantó un escenario desde donde pronunciaron un discurso la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, el secretario de Derechos Humanos de la CGT Julio Piumato y la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, entre otros.

De Bonafini expresó el discurso más duro al asegurar que "tenemos una Suprema Corte muy decrépita, mientras ellos no nos respeten, nosotros no los vamos a respetar". "Señores jueces, pongan las bolas (sic) donde hay que ponerlas", afirmó Hebe de Bonafini, quien sentenció que "les exigimos que voten a nuestro favor. Alguna vez voten para el pueblo, las madres estamos hartas de la injusticia de ustedes, de esta Suprema Corte, de los jueces corruptos", aseguró. La titular de Madres opinó que "hay que empujar a la Justicia, desde las calles, porque sino no funciona".

Bajo la consiga "Aplicación ya de la Ley de Medios", De Carlotto inició el acto al pedir "libertad de expresión".

"Queremos libertad de expresión", aseveró e instó "a darse la mano con persistencia, con tozudez y coraje para vencer a los que se interponen al cumplimiento de la ley, hoy la ley es nuestra, a luchar todos juntos".

En tanto, Yasky advirtió que "vamos a seguir en la calle hasta que la ley se aplique" y, por su parte, Piumato aseguró que "esos jueces de Mendoza quisieron pisotear la voluntad popular". El acto también incluyó un mini recital a cargo de las artistas Teresa Parodi y Liliana Herrero. Participaron además el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde; el titular de la Autoridad Federal de Aplicación de la Ley, Gabriel Mariotto; el dirigente de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) Luis D'Elía; los diputados Silvia Vázquez, Martín Sabbatella y Juan Carlos Dante Gullo, el titular del Suteba, Roberto Baradel y representantes de organizaciones sociales y medios independientes.

COMENTARIO DE LECTOR DE PERFIL:

5-04-2010 21:32:33 hs | cazadordeutopias escribió:

Hebe: muchos ciudadanos estamos hartos de ciertas madres, abuelas e hijos que vendieron a los oportunistas kks más de 30 años de lucha genuina. No hables en nombre del pueblo, sino de tus intereses. Revisá un poc el paso de los kks, y te vas a dar cuenta que tirando del carretl ellos estabn junto con los genocidas, pero por lo que veo eso avos no te importa, dado que pudo más la chquera que bancamos entre todos. Sabbatella, Baradel, de qué se van a disfrazar cuando estos tipos se vayan o los traicionen. Vos Sabbatella te cagaste en el mandato de el 5% de la población del PBA que te votó creyendo que eras distinto a los kks...pero nada bueno se puede esperar de un esperpento salifo del as filas de la FJC (Partido Comunista) que apoyó ala dictadura más sangrienta de la que se tenga memoria tildando a Videla de ¨General democrático¨. Publicar!!!

Fuente: Perfil

LOS HECHOS ACAECIDOS EN LA CÁRCEL DE RIO CUARTO

Teniendo en cuenta las denuncias realizadas en el transcurso de estos últimos días y la muerte del joven  Silvio Adrián Robledo en  la cárcel de nuestra ciudad, no podemos menos que sensibilizarnos con la situación de los presos sociales que sufren allí detención.

En el artículo 18 de la Constitución Nacional se expresa claramente… “Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes.

Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”.

También el artículo 44 de la Constitución Provincial expresa:……”Los reglamentos de cualquier lugar de encarcelamiento, deben atender al resguardo de la SALUD física y moral del interno y facilitar su desenvolvimiento personal y afectivo. Prohibida la tortura o cualquier trato vejatorio o degradante que el funcionario que participe en ello no lo denuncie, estando obligado a hacerlo, o de cualquier manera lo consienta, cesa en su cargo y no puede desempeñar otro por el término que establece la ley. Los encausados y condenados por delitos son alojados en establecimientos SANOS Y LIMPIOS y sometidos al tratamiento que aconsejen los aportes científicos, técnicos y criminológicos que se hagan en esta materia”

Es nuestra opinión que la falta de medicamentos, el hacinamiento, la suciedad como consecuencia de la superpoblación de una cárcel construida para albergar 120 reclusos y que actualmente tiene cerca de 500 constituyen violaciones a los artículos antes mencionados.

Los tratos  inhumanos y los vejámenes denunciados por los familiares, no tienen más finalidad que dejar pasar situaciones con una indiferencia que nace de la consideración de que los que están allí encerrados , no merecen el mínimo respeto por el hecho de ser seres humanos , más allá de su culpabilidad o inocencia. La mentalidad autoritaria que a pesar de que vivimos en democracia no parece haberse transformado, sigue proponiendo políticas de seguridad basadas en la “eliminación de los elementos perturbadores” No es extraño escuchar esas voces pidiendo condenas más severas, penas de muerte, en lugar de pedir más escuelas, más trabajo, más lugares de contención para  jóvenes y adolescentes para que no caigan en el peor de todos los flagelos que es la droga.

Solicitamos a las autoridades una exhaustiva investigación y transformación de las condiciones de vida de la cárcel de Río Cuarto en el menor tiempo posible.

LA VERDADERA SEGURIDAD SE LOGRA DEFENDIENDO LA DIGNIDAD HUMANA.

ASOCIACIÓN DE EX PRESOS POLÍTICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA- DELEGACIÓN RÍO CUARTO