Alex Sabbatini, el intendente santafesino de 22 años

El joven se impuso en los comicios locales en Uranga, un pueblo cercano a Rosario de apenas mil habitantes. El prematuro jefe comunal se declaró fanático de Lisandro de la Torre y afirmó que el gobierno nacional "despilfarra el dinero"

Puede sonar descabellado, pero por segunda vez en dos décadas, un joven de 22 años fue elegido intendente. Sucedió el domingo pasado, cuando los vecinos de la localidad de Uranga, un diminuto pueblo rural cerca de Rosario con apenas mil habitantes, eligieron como jefe comunal a Alex Sabbatini que representaba al Frente Progresista Cívico y Social y se quedó con el 60%, casi el doble de lo que consiguió su adversario kirchnerista.

Alex habló con Infobae sobre su proeza electoral y dijo que a pesar de las críticas que recibió por su juventud y su corto tiempo involucrado en la política -milita desde hace menos de cuatro años-, su triunfo demuestra que "la gente está cansada del amiguismo y quieren una política distinta, lejos de la confrontación y en la que sus problemas sean escuchados".

Sabbatini, quien debió interrumpir sus estudios de Ciencia Política para poder dedicarse de llenoa su campaña electoral, aseguró estar preparado para encabezar el gobierno ejecutivo municipal, una labor que le despertaba interés desde muy pequeño.

"Ya desde chico me interesaba por los problemas de mis vecinos y pensaba en cómo podía ayudarlos. También me gustaba leer sobre historia política y estar informado de lo que pasaba en el país", dijo el joven, quien mencionó al mítico ex senador demócrata progresista Lisandro de la Torre y a la reelecta diputada y líder de UNEN, Elisa Carrió, como referentes.

"Carrió es una mujer que se ha enfrentado sola a los poderosos y siempre investigó y denunció la corrupción, eso me parece admirable en un dirigente político", aseveró Sabbatini, quien enumeró las principales propuestas de su triunfante plataforma electoral: arreglo y mantenimiento de calles, más iluminación vial, mayor integración de los jóvenes, actividades culturales también para adultos y personas de la tercera edad, y separación de residuos.

Consultado sobre su opinión sobre el gobierno de Cristina Kirchner, dijo que había que reconocer tanto lo bueno como lo malo que se había hecho estos diez años, pero dijo que en general su opinión era de "disconformidad" hacia la actual gestión.

"Hay muchos lugares que no tienen las necesidades básicas cubierta y sin embargo el gobierno destina millones en cosas como Fútbol para Todos y Automovilismo para Todos. Es un despilfarro", sostuvo Alex, quien asumirá su cargo en diciembre próximo. Esta semana, el joven fue recibido por el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, ocasión que el joven aprovechó para, en sus palabras, "transmitirle los problemas de los vecinos".

Fuente:Infobae

Ricardo Lorenzetti admitió que habló con Carlos Zannini por la ley de medios

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, admitió que habló con el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, antes de que el máximo tribunal declarara la constitucionalidad de la ley de medios. En ese sentido, advirtió que dialogó con Cristina Kirchner "hace dos meses", pero que no tocó el tema del fallo.

Durante una extensa entrevista con el Diario Perfil, el titular de la Corte volvió a negar que haya existido "un pacto" entre el máximo tribunal y el Gobierno, tal como denunció la diputada Elisa Carrió. "No me acuerdo la última vez, pero por supuesto que hablamos", respondió Lorenzetti, al ser consultado por el periodista Jorge Fontevecchia, sobre una comunicación con Zannini, el colaborador más estrecho de la Presidenta, antes de fallar a favor del oficialismo.

Enseguida, agregó: "Este tema fue [el de la Ley de Medios] el último tema grave y que realmente hablamos muchísimo. Pero hemos hablado con todos también en el tema de las drogas, que es una de las cosas más graves que tenemos".

El presidente de la Corte contó que pidió una audiencia con la jefa del Estado, luego de que el máximo tribunal fallara en contra de la reforma judicial, impulsada por el kirchnerismo. "No hablé de la ley con la Presidenta. Además, si yo hablara y arreglara algo, porque esto es lo que andan diciendo, si yo me pusiera de acuerdo con la Presidenta en cómo sacar la ley, ¿qué pasa con los otros? Nosotros somos siete. La gran garantía que tiene un tribunal colegiado es que son muchos. No hay uno que pueda dominar", apuntó.

Fuente:Perfil

BOUDOU ESTA DE LIGA: Justicia uruguaya mandó a congelar las cuentas de una S.A. de Vandenbroele

Un juez de Crimen Organizado puso la mira en una empresa que inyectó dinero a la dueña de la exCiccone y citó a declarar al supuesto testaferro de Boudou. El vínculo con el Partido Popular de España.

Un diario uruguayo reveló hoy que la Justicia de Crimen Organizado ordenó hace un mes al Banco Central de ese país congelar las cuentas de una sociedad anónima que preside Alejandro Vandenbroele, mencionado en una causa judicial como presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou.

Según el diario El Observador, el juez Néstor Valetti aceptó el pedido del fiscal Juan Gómez y ordenó el congelamiento de las cuentas de Dusbel SA., empresa que inyectó dinero en The Old Fund, la sociedad que controla a la Compañía de Valores Sudamericana (exCiccone), cuya compra investiga la Justicia argentina.

Asimismo, el magistrado citó a declarar en calidad de indagado al propio Vandenbroele y en los últimos días envió a la Argentina un exhorto para que la Justicia local notifique al empresario de la citación.

El Banco Central del Uruguay denunció en 2012 movimientos sospechosos de lavado de dinero en las cuentas bancarias de Dusbel, lo que llevó al juez Valetti a iniciar la investigación y a disponer el congelamiento de las cuentas hace un mes, siempre según el mismo diario.

En ese sentido, la Justicia uruguaya intenta además establecer un posible vínculo en esa causa con el extesorero del Partido Popular de España (PP), Luis Bárcenas, quien también es indagado en Montevideo por lavado de dinero.

Según el semanario uruguayo Búsqueda, un nexo entre las dos partes sería a través de dos sociedades anónimas uruguayas: la propia Dusbel y PT Bex Bursátil Sociedad de Bolsa SA.


En caso de que se pruebe la conexión, ambas causas, que tramita el juez Valetti, podrían unificarse.

Fuente:Perfil

Problemas para Boudou: revalidan todas las pruebas del caso Ciccone y la causa seguirá adelante

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes un pedido de nulidad contra un testimonio considerado clave en el caso Ciccone, que tiene como imputado al vicepresidente Amado Boudou por tráfico de influencias.

La Sala IV de la Cámara no hizo lugar al planteo para invalidar el testimonio de Laura Muñoz, ex esposa del abogado Alejandro Vandenbroele quien, como titular de la firma The Old Fund, compró la gráfica Ciccone luego de que se levante la quiebra que pesara sobre esta última y ante la sospecha que para ello intervino el vicepresidente.

Muñoz denunció y aseguró ante los medios, en pleno trámite de divorcio, que su ex esposo Vandenbroele era "testaferro" del Vicepresidente Boudou, y aquel había pretendido se declare inválido su testimonio basándose en la norma penal que prohíbe que una persona declare contra su cónyuge.

A partir de allí se hicieron dos denuncias que se transformaron en la investigación en la que el actual presidente en ejercicio está imputado por negociaciones incompatibles con la función pública.

Se lo acusa de, cuando era ministro de Economía, haberse interesado ante la AFIP para que la empresa The Old Fund recibiera un plan de facilidades de pago de la deuda impositiva que tenía Ciccone.

Por esto, Boudou y Vandenbroele quisieron anular el testimonio de Muñoz y con ello cuestionar la validez de toda la investigación que lleva adelante el juez Ariel Lijo.

Primero fue Lijo y luego la Sala I de la Cámara Federal, los que convalidaron las pruebas. Pero esta vez Vandenbroele fue en queja ante la Casación.

En junio pasado los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos abrieron la posibilidad de revisar el caso y decidir. El tercer juez Juan Geminiani rechazó directamente el recurso.

El fiscal de Casación Javier De Luca dictaminó el 30 de agosto pasado en contra de los deseos del dúo Boudou- Vandenbroele.

Respetado en el ambiente penal e integrante del colectivo judicial kirchnerista "Justicia legítima", De Luca consideró que era válida la declaración de Muñoz y lo que se había hecho en consecuencia. El fiscal sostuvo que el Caso Ciccone era conocido antes de la declaración de Muñoz.

A partir del dictamen de De Luca comenzaron a correr los plazos para que los jueces resolvieran.

Y los tres votaron por el rechazo del planteo de la nulidad. Entonces validaron el testimonio de Muñoz, que había señalado que Vandenbroele hacía negocios para Boudou, el allanamiento que se hizo en la casa de la mujer y el inicio de la causa, según consignó Infobae.

En aquel allanamiento del año 2012 la Justicia incautó dos computadoras, una era la que usaba Vandenbroele.

A partir de la validación de las pruebas, el juez Lijo podrá abrir los discos rígidos de las computadoras y ver si allí hay información importante para determinar o desestimar que la compra de Ciccone fue un negocio de Boudou y su círculo de amigos y conocido

Fuente:Yahoo

Argentina en la CIDH - Qué denunciaron Ruiz Guiñazú y Morales Solá

Los periodistas Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá comparecieron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para denunciar las condiciones de la libertad de prensa en Argentina. Contra el rechazo de la embajadora argentina en ese organismo, Nilda Garré, los periodistas llevaron el reclamo de otros cinco colegas, en torno al enfrentamiento del Gobierno Nacional hacia la prensa opositora.

La presentación se enmarcó en el 149 período de sesiones de la Comisión que promueve la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Ruiz Guiñazú denunció que "hace tres años" fue "sometida a un juicio llamado ético y popular que se desarrolló frente a la Casa de Gobierno a plena luz del día" en el que fue "acusada falsamente de haber sido jefa de prensa del Ministerio de Economía de la dictadura". En su testimonio, la periodista no sólo rechazó la acusación sino que además calificó el acto como "una parodia".

Por su parte, Joaquín Morales Solá advirtió que "la libertad de expresión en la Argentina está siendo cercenada", al tiempo que destacó "represalias que se dan a través de la demonización del periodismo independiente" que, dijo, "ha perdido la tranquilidad" para su profesión. El comunicador se refirió a la "censura indirecta" a través del Estado, que "ha usado diversos métodos" como "la difamación de periodistas que tenemos una visión crítica del Gobierno". "Están buscando la autocensura", afirmó.

Ruiz Guiñazú y Morales Solá representaron también a Nelson Castro, José Eliaschev, Alfredo Leuco, Luis Majul y Mariano Obarrio, quienes denunciaron la existencia de "distintas acciones adoptadas por el Estado argentino que implican serios retrocesos en la vigencia del derecho de libertad de expresión".

Respuesta diplomática. La embajadora argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Nilda Garré acusó hoy a los periodistas Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Sola de haber viajado a Washington para "victimizarse" ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la entidad continental (CIDH).

La diplomática señaló en su página de Facebook que ambos periodistas son "voceros de grupos monopólicos que resisten los avances democráticos" y agregó que "vinieron a formular la denuncia inverosímil de que en la Argentina son presionados, amenazados y objeto de persecuciones".

Aunque la presentación había sido gestionada con anterioridad, la ex ministra de Defensa y de Seguridad enmarcó la visita "a tres días del fallo de la Corte Suprema de Justicia" y dijo que "la propaganda opositora vuelve a la carga para tratar de imponer de facto lecturas inconcebibles". Para Garré, la finalidad de la presencia de los periodistas "es martillar sobre alguna opinión pública internacional predispuesta a interpretaciones negativas en torno a las políticas nacional-populares en América latina".

No fueron los únicos. Argentina no fue el único país que denunció conflictos con el ejercicio de la libertad de expresión. A su turno, organismos de Venezuela y Ecuador llevaron a la CIDH reclamos similares.

Tan sólo en 2013, Venezuela sufrió 71 casos de censura, así como de periodistas que son insultados públicamente por altos funcionarios públicos, la destrucción de material informativo o el cierre de programas radiales o televisivos críticos al gobierno, dijo la investigadora de la asociación Espacio Público, Gloria Salazar.

"Cada cuatro días hay un caso de censura en Venezuela, un aumento de 87% respecto a 2012", dijo Salazar, acompañada de representantes de otras organizaciones.

En Venezuela, los periodistas enfrentan restricciones para acceder a la información oficial o son agredidos en sus labores, mientras que los periódicos tienen dificultades para obtener divisas del Estado para importar papel, denunciaron los ponentes.

Los casos se intensificaron durante los días previos y posteriores a las elecciones del 14 de abril, en las que resultó electo el presidente Nicolás Maduro, tras la muerte en marzo del mandatario Hugo Chávez.

"Persiste el desproporcionado uso del poder del Estado para criminalizar a periodistas", así como defensores de derechos humanos y reporteros ciudadanos, señaló Marianella Balbi, del Instituto Prensa y Sociedad.

A su vez, entidades de la sociedad civil ecuatoriana reclamaron el lunes en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la adopción en Ecuador de leyes y decretos que limitan la libertad de prensa y de asociación.

En especial, los representantes de diversas entidades criticaron la aplicación de la ley de comunicación y el alcance del polémico Decreto Ejecutivo 16, que regula el funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil.

"La ley orgánica de comunicación, el Decreto 16 y el reglamento para el sistema unificado de información contienen graves violaciones a los derechos ciudadanos previstos en la Constitución de Ecuador", dijo Carlos Castellanos, presidente de la federación de comerciantes minoristas.

De acuerdo con Castellanos, el alcance del Decreto 16 hace que organizaciones que no tengan sus reglamentos internos y estructura debidamente registrados "pasan a actuar fuera de la ley".

Por su parte, los periodistas Miguel Rivadeneira y Jean Cano afirmaron ante la CIDH que la nueva ley de comunicación contempla la colocación de un funcionario oficial en cada órgano de prensa. Ese funcionario tiene facultad "para verificar los contenidos", de acuerdo a Cano.

Por ello, las entidades sociales pidieron a la CIDH que realice una visita a Ecuador y que "elabore un informe especial sobre la situación de los derechos humanos y la democracia" en ese país.

Fuente:Perfil