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8 abr 2016

Renunció el juez federal Oyarbide, una vez más zafa del juicio político. Será Justicia?

Acorralado, el juez Oyarbide renunció después de 21 años

Enfrentaba un proceso en su contra en el Consejo de la Magistratura; sin apoyo político, decidió jubilarse; Macri ahora debe aceptar la dimisión

Por Paz Rodríguez Niell

Norberto Oyarbide renunció. Después de 21 años como juez federal y 40 en Tribunales; después de un juicio político, de múltiples escándalos y de denuncias de mal desempeño, dejará su juzgado.
Acorralado por un proceso que avanzaba en su contra en el Consejo de la Magistratura, decidió jubilarse. Ya no tenía ningún apoyo. Se había enfrentado incluso con el kirchnerismo, que lo había salvado los últimos años. Ayer, pasadas las 14, se presentó en el Ministerio de Justicia con el texto de la renuncia en la mano. Lo recibieron el ministro Germán Garavano y su viceministro, Santiago Otamendi. Antes, había reunido al personal de su juzgado para decirles que se iba. Esta vez era en serio.

Para hacerse efectiva, ahora la renuncia debe ser aceptada por el presidente Mauricio Macri. El Gobierno adelantó que Macri lo va a dejar ir. En la Casa Rosada dicen que es necesaria una renovación de la Justicia y, para eso, anunciaron que aceptarán la renuncia de aquellos magistrados que quieran irse.
"El Ministerio realizará los pedidos de informes correspondientes y la renuncia se enviará al Presidente de la Nación para ser aceptada, lo que se espera que suceda al 15 de abril", informó ayer un comunicado del Ministerio de Justicia, redactado tan pronto terminó la reunión.
"Jamás tuve ningún tipo de presión, me voy porque todo en la vida tiene un principio y un final -afirmó Oyarbide-. Me voy porque necesito otras cosas para mi vida."

Oyarbide, que está al frente del Juzgado Federal N°5 desde 1994, seguirá en su cargo hasta que la aceptación de su renuncia se formalice.

Renunciar es para él un lujo. El Consejo lo investigaba por haber frenado una veintena de allanamientos luego de una llamada de un funcionario kirchnerista que por entonces tenía despacho en la Casa Rosada, Carlos Liuzzi, segundo del entonces secretario legal y técnico Carlos Zannini. El propio Oyarbide admitió la llamada y la justificó.

Los pronósticos de ese proceso eran muy malos para el juez porque entre quienes votaron su citación como acusado en el Consejo hubo un kirchnerista, el académico Jorge Candis. El oficialismo, más jueces y abogados, tenía los votos para enviarlo a un jury y suspenderlo.

Varias veces se salvó Oyarbide de ser echado. El 11 de septiembre de 2001, cuando en Nueva York acababan de caer las Torres Gemelas, el PJ reunió los votos para un empate y lo absolvió. Oyarbide enfrentaba entonces un juicio político ante el Senado, señalado como cliente VIP de Spartacus, un burdel gay, y acusado de proteger una red de prostíbulos.

Una década más tarde, el Consejo acumulaba nuevas acusaciones contra él, que eludió gracias al apoyo del kirchnerismo. Pero ahora enfrentaba un escenario que nunca había sido tan malo.
Intentó un acercamiento con el nuevo gobierno, pero no le funcionó. Un canal fue el presidente de Boca, cuentan en Tribunales y denunció Elisa Carrió. Para Macri, Oyarbide es el peor de los jueces. Además de sus favores a los Kirchner (el más famoso, haberles cerrado en tiempo récord la última causa por enriquecimiento ilícito), Oyarbide fue quien procesó a Macri en la causa por las escuchas ilegales. El Presidente sostiene que el juez se la inventó.

Yéndose por su propia voluntad Oyarbide podrá seguir cobrando del Estado casi lo mismo que hoy. Un juez jubilado percibe el 82 por ciento de su sueldo, y a eso se suma que deja de tener descuentos jubilatorios. En definitiva, percibirá cerca del 95% de lo que cobra como salario hoy.
Oyarbide cumplió 65 años el 1° de enero. Empezó en Tribunales como "pinche". En 1993, cuando Carlos Menem era presidente, lo designaron al frente de la Fiscalía Federal N°1, la única con competencia electoral. Un año y tres meses más tarde, ya era titular del Juzgado Federal N°5. Su pliego lo aprobó el Senado con la oposición del radicalismo.

Oyarbide no sólo fue el primer juez de su familia, también el primer abogado. Su padre tenía una peluquería de hombres en San José, Entre Ríos, y su madre trabajaba en una empresa telefónica.
Antes de renunciar, volvió a intentar quedarse, pero se dio cuenta de que no lo lograría. En diciembre anticipó que presentaría su jubilación, pero jugó una última carta: activó causas contra el kirchnerismo (procesó a Amado Boudou) en un último intento de mejorar su relación con el macrismo. Ya era tarde.

Fuente: La Nación Viernes 08 de abril de 2016

5 abr 2016

Detuvieron a Lázaro Báez

Se montó un operativo en el aeropuerto de San Fernando. Es en el marco de la investigación por supuesto lavado de dinero. También estaría detenido su hijo, Martín.



El empresario kirchnerista Lázaro Báez quedó detenido este martes en San Fernando, en el marco de la investigación por supuesto lavado de dinero.

La detención del empresario fue confirmada por el Centro de Información Judicial.

La Justicia ordenó "cercar" con un operativo de seguridad al aeropuerto de la localidad bonaerense de San Fernando, donde también habría sido detenido Martín, hijo del empresario.

SAN FERNANDO. El operativo en el aeropuerto (DyN).


Así lo informaron a DyN, fuentes judiciales y policiales, que precisaron que en caso de que el empresario y su hijo aterricen en el aeropuerto, serán detenidos.

El operativo se enmarca en la causa por lavado de dinero que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello.

Fuente: LaVoz

El gobierno de Macri y una designación polémica en Salud


Asumió en Salud un procesado por la mafia de los medicamentos

Por Andrés Fidanza

En su gesto de conceder el control de las obras sociales a los gremios, el Gobierno le dio un cargo importante a uno de los procesados en la causa por la “mafia de los medicamentos”. Se trata del abogado Oscar Cochlar, nuevo asesor de gabinete y virtual número dos de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), organismo que tiene a cargo el manejo de los fondos de las obras sociales. Dirigente confiable para la CGT, Cochlar fue procesado junto al ex recaudador de la campaña de Cristina Kirchner de 2007, Héctor Capaccioli.

Sin dirigentes propios familiarizados con el tema, Mauricio Macri optó por premiar a la CGT, y así intentar comprar paz social con los gremios: al frente de la Superintendencia puso al médico Luis Scervino, a su vez director de la Obra Social de Obras y Servicios Sanitarios y un técnico de confianza del jefe de ese sindicato, José Luis Lingeri. La SSS cuenta con un presupuesto anual de unos $ 7 mil millones y se encarga de la distribución de fondos millonarios entre las obras sociales.

Es además un lugar clave en la relación del Gobierno con los sindicatos: de hecho, tras la pelea de Cristina Kirchner con Hugo Moyano, la Superintendencia se convirtió en uno de los principales focos del conflicto. Macri entonces optó por congraciarse con la CGT –tanto la de Moyano como la de Antonio Caló– por vía de esta designación.

De buen vínculo con los gremios, el asesor de Gabinete de Scervino es el abogado Cochlar. En la intrincada y mediática causa de la mafia de los medicamentos, Cochlar fue procesado en 2011 junto a Capaccioli, ex superintendente de Servicios de Salud, acusado por los delitos de “malversación de caudales públicos y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. El juez Norberto Oyarbide le endilgó a Capaccioli la distribución arbitraria de $ 50 millones.

Por esa misma investigación, que debía ir a juicio a mediados de este año, el sindicalista bancario Juan José Zanola y el droguero y financista Néstor Lorenzo estuvieron presos durante dos años, acusados por la supuesta adulteración de medicamentos para pacientes oncológicos.
Ahora, por decisión de Macri, Cochlar volvió a ocupar un cargo similar al que ya tenía en la Superintendencia. Dentro de la SSS, respondía a Rubén Torres, superintendente desde 2003 a 2006, y mano derecha de Ginés González García. Cuando Torres fue reemplazado por Capaccioli en 2006, Cochlar mantuvo su cargo y su influencia.

Además de su buen feeling con los gremios, Cochlar se mantiene fiel a Torres, quien estuvo a punto de convertirse en el ministro de Salud de Macri. “Es un técnico que conoce el tema, pero firmó lo que no debía. Se supone que no se va a volver a equivocar”, explica un sindicalista que lo conoce desde hace años.

Fuente: Perfil 27.03.16

4 abr 2016

Jaime ante el juez: "Cumplí directivas de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner"

El exsecretario de Transporte además dijo que desde 2008 la responsabilidad ferroviaria corrió por cuenta de De Vido, quien quedó bajo la lupa de la Justicia. 
 
El exsecretario de Transporte Ricardo Jaime aseguró hoy ante la Justicia que para la compra de trenes a España y Portugal cumplió "directivas" de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner.

"Cumplí directivas del Poder Ejecutivo, primero de Néstor Kirchner y después de Cristina Kirchner", resaltó el exfuncionario, según trascendió esta tarde, tras su declaración ante el juez Julián Ercolini.

En tanto, Jaime enfatizó que tras volver de España e informar al gobierno kirchnerista sobre el estado de los trenes, recibió "expresas instrucciones" de avanzar en la compra.

"Le manifesté a Néstor Kirchner y Julio De Vido (el estado de los trenes), recibiendo expresas instrucciones de que tenga como prioridad avanzar en la compra para realizar las reparaciones en la Argentina", subrayó el exsecretario de Transporte.

Jaime se encuentra detenido desde el sábado en el marco de una causa en la que se investiga la compra de trenes a España y Portugal y, según señalaron fuentes judiciales a NA, se quedará en la sede de Gendarmería hasta mañana, tal como él solicitó, ya que tiene que volver a presentarse ante la Justicia.

Señaló a De Vido

Por otra parte, Jaime afirmó que la responsabilidad ferroviaria desde 2008 en adelante fue del exministro de Planificación Federal Julio De Vido. Agregó, también, que hasta que salió del cargo, en 2009, los trenes estaban "en buenas condiciones".

Además, señaló que los trenes que no estaban en buen estado habían sido traídos para "darle trabajo a los talleres ferroviarios", algo que había sido idea -según dijo- del expresidente Néstor Kirchner.

El testimonio de Jaime pone al exministro De Vido bajo la lupa de la Justicia. En este sentido, el fiscal Federico Delgado pidió que sea citado a declarar por la compra de trenes en Europa.

Por su parte, el juez Claudio Bonadio lo citó a prestar declaración en el marco de la causa por la tragedia ferroviaria de Once. La presentación del actual diputado nacional está determinada para el 21 de abril.






Fuente: Puntal 4.04.16


3 abr 2016

Detención de Jaime. Randazzo jugó un papel decisivo para la reapertura de la causa .

Pidió a las autoridades españolas que respondieran un exhorto de la Justicia


La investigación por la compra con sobreprecios de 171% de trenes rotos y obsoletos a España y Portugal es la historia de una causa que murió y resucitó casi milagrosamente con la colaboración menos pensada de un ministro de Cristina Kirchner y de la Auditoría General de la Nación.

En 2009, el juez Norberto Oyarbide investigaba a Jaime por enriquecimiento ilícito. Espoleado por el fiscal Carlos Rívolo, allanó las oficinas de Manuel Vázquez, jefe de asesores del ex secretario de Transporte en Retiro, junto al Sofitel. Se encontró con 11 computadoras y sus archivos borrados, pero se pudieron recuperar 26.000 mails que revelaron todo tipo de delitos de corrupción en el gobierno kirchnerista y sirvieron para abrir una decena de investigaciones contra Jaime y Vázquez.


Los correos eran explícitos. Se hablaba de comisiones infladas, "regalos para los nuestros", "dinero para la banda" operaciones de todo tipo, entre trenes de alta velocidad, compra de aviones Embraer, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, el terraplén de la laguna La Picasa y fotos del avión privado comprado y usado por Jaime como propio.

Había cruces de mails entre Vázquez y los españoles, en los que se repartían el dinero de los contratos por la compra de trenes usados. El 27 de febrero de 2006, desde la PC de Vázquez se remitió un correo a Miguel Ángel Llorente, socio de Vázquez en España a través de una de las sociedades que conformaban el sistema de intermediación: Controles y Auditorías Especiales. Se detallaban las cifras que se debían liquidar por la compra de material rodante usado a España.

"Querido Miguel Ángel, te envío las cifras que se acordaron oportunamente", empieza el documento. El detalle de los conceptos de facturación, que abarca pagos a la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (Renfe) y a Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE), entre otros, suma 32,6 millones de euros.

Luego Vázquez detalla cómo se dividirán los millones. "Para Renfe 13.546.927,44 (es superior a lo real pues yo lo inflé oportunamente)", empieza el detalle. Y continúa: "2.624.351,61 euros para FEVE [...] y 3.536.832 de euros para la BANDA (sic)". ¿Quién es la BANDA, así con mayúscula? No se aclara, pero se queda con el 10,8% de la operación.


Pero todo este tesoro probatorio desapareció y la causa por los trenes murió junto con las otras. La Sala I de la Cámara Federal y el juez Oyarbide anularon esos mails como prueba. Dijeron que no podía descartarse que se hubiera violado la cadena de custodia de las computadoras y que esos materiales se hubieran introducido en las máquinas.

El rayo mató de un golpe la prueba clave que revelaba la matriz de corrupción kirchnerista en media docena de expedientes.

En la causa por la compra de trenes ya se había pedido informes a España vía exhorto diplomático y los habían respondido. Pero con la nulidad, se corría el riesgo de que las respuestas de España -que le confirmaban la operatoria- también fueran declaradas nulas.

En el ínterin, la actuación de la Audtoría General de la Nación permitió en 2013 resucitar la investigación. Leandro Despouy y Alejandro Nieva presentaron otra denuncia con las conclusiones de los auditores que probaban el fraude. El juez Ercolini vio resucitar su expediente y el fiscal Federico Delgado la impulsó. La AGN concluyó que hubo sobreprecios de hasta un 171% en la compra de vagones y locomotoras usados. Y el 44% de ese material está arrumbado y en desuso.
Ercolini pidió en otro exhorto que le enviaran de nuevo las respuestas a las preguntas. El gobierno español tardó un año y medio en responder. Tenía congelado el exhorto.

Fue clave en darle nueva vida al pedido de ayuda internacional la intervención del entonces ministro Florencio Randazzo, quien intercedió ante las autoridades españolas para que respondieran el pedido.
Las respuestas demoraron, hasta que a fines de 2015, Ercolini logró completar la prueba que le faltaba para detener y llamar a indagatoria a Jaime y a Vázquez por la millonaria compra de locomotoras viejas destinadas a modernizar los trenes argentinos, hoy arrumbadas.

Fuente: La Nación 03.04.16