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25 nov 2011

Quien fue Roca. Carta al Director de PUNTAL


Quien fue Roca
En la sección Cartas al Director  del diario local PUNTAL del día de la fecha, 25 de noviembre leemos las consideraciones  que mereció la nota de Susana Dillon, acerca de la figura de Julio Argentino Roca. La carta publicada expresa:

Señor Director.
Es digno de destacar, celebrar y ponderar lo publicado en su diario PUNTAL el día 9 del corriente mes, en su página de opinión, así como el amplio despliegue histórico con que examina minuciosamente los actos del dictador sempiterno nuestra brillante escritora Susana Dillon, revelaciones bajo el título “Sí, sabemos quien fue Julio Argentino Roca”.
Con ese final que es una bomba, cuando se refiere a esa prenda de vestir holgada y sin botones. Bomba con mecha, destinada a una explosión.

Mario F. Fumarco Arzaguet
DNI 1.134.120

24 nov 2011

Multas de la Policía Caminera de la provincia de Córdoba


La realidad de lo que pasa con la Policía Caminera y el golpe al bolsillo de los usuarios afectados por actas labradas por infracciones de tránsito en las rutas de la provincia, fueron anticipados en una nota periodística de hace poco más de un año.
Cuando Ud cometió una infracción, le labraron un acta y le ofrecieron la alternativa de hacer un descargo, sepa que puede caer en una trampa si hace uso de esta posibilidad. El paso siguiente puede ser que una notificación aparecezca en su domicilios sin previo aviso y con sumas abultadas de dinero a pagar que supera los montos iniciales y otras intimidaciones como la quita de puntos.
Así los "rebeldes" debemos encolumnarnos y aceptar sin chistar lo que desde la provincia dispongan. Conclusión: Ud. que optó por hacer el descargo, y esperó una respuesta tranquilo en su casa como le prometieron al llevar la nota al Tribunal de Faltas en definitiva perdió tiempo y plata.
No le responden y cuando lo hacen es para decirle que está en rebeldía y duplicarle o más el valor inicial de lo que estipulaba el acta que le hubieran labrado. Es una recurso más para acercar unos pesos, y no pocos a las debilitadas finanzas públicas. Ah! eso si, en la DGR le dan la posibilidad de iniciar un plan de pagos. ¡¡ Cómo habrán sido los casos y los reclamos, amén de los números que facturan !!
La nota que hace mención al tema merece ser leída por que fue una voz de alerta y aunque pasó el tiempo, el problema sigue y Ud. tiene que saber que pasa para " no pisar el palito".

CIUDADANOS AUTOCONVOCADOS DE RIO CUARTO

Está claro que algo no funciona bien

Centenares de miles de cordobeses recibirán en poco tiempo una intimación de pago por una cifra considerable cuya erogación, sin dudas, golpeará fuerte en el presupuesto familiar. Jorge Londero. La Voz 4.08.2010
De acuerdo a lo que explica el titular de la empresa dedicada a enviar las cédulas de notificación de las multas labradas por la Policía Caminera de la Provincia que ingresan en rebeldía, hasta hace dos meses no se hacían bien los deberes en esa instancia pero, ahora, desde que ellos se hicieron cargo, se activó un mecanismo muy eficiente mediante el cual se pondrán al día las cobranzas.
Como consecuencia directa y casi inmediata, centenares de miles de cordobeses recibirán en poco tiempo una intimación de pago por una cifra considerable cuya erogación, sin dudas, golpeará fuerte en el presupuesto familiar.
Si a esto sumamos que el director de Prevención de Accidentes de Tránsito asegura que no hay errores en esas notificaciones, o que los errores son mínimos, y que cada notificación se corresponde con un acta labrada en forma correcta y oportuna, el escenario es mucho más amplio y complejo de lo que podíamos imaginar.
Los primeros efectos ya se notan: hay cientos de reclamos y protestas en los medios y un gran resultado claro: el trabajo de la Policía Caminera de los últimos meses redundará en una millonaria recaudación pero, al mismo tiempo, y a la luz de las estadísticas, no tiene hasta ahora su correlato en la reducción y prevención de accidentes fatales, motivo por el cual se justificó su creación.
Mientras la sangría sigue y aumentan los dramas en las rutas, los controles permanecen sin cambios, estáticos, con más celo por encontrar la falta que por prevenir el accidente y con el detalle insalvable de que se ven muchos infractores que circulan con impunidad con vehículos que adolecen de todas las medidas de seguridad.
Hay quienes dicen que el accionar de la Policía Caminera responde más a fines recaudatorios que a una vocación preventiva y educativa ¿Cómo refutarles?
Estoy seguro de que la mayoría de los conductores están dispuestos a reconocer y pagar una multa si cometen una infracción evidente. No parece ser equivalente la disposición a reconocer falencias que tienen los responsables de un sistema con excelente recaudación pero escaso, nulo o negativo resultado en objetivos, al menos en los que declaman.

22 nov 2011

Sí, sabemos quien fue Roca (3º parte)


De Huellas de Ranqueles

Por Susana Dillon

Y para finalizar viene muy oportuna la cita de Luis Franco sobre estos temas:
"Sin duda a Sarmiento y a Alberdi, como a Martí, más tarde les faltó el ojo avizor, o el valor o el tiempo para ver la verdad más subterránea: que todo gobierno de clase, implica, fatalmente una dictadura oligárquica o sea, que bajo el biombo democrático y parlamentario, la clase poseyente gobierna por sí y para sí y el pueblo elige lo que le mandan elegir", que se ajusta como un guante a la realidad presente, en que no solamente se ha segregado a nuestros aborígenes sino millones de argentinos que han quedado fuera del sistema.
Antes les tocó a los indios, ahora les toca a los argentinos pobres.
"Tengamos presente: recordar es mirar para adentro", es estar advertidos de que ya antes hubo quien sufrió y quedó en el camino. Solo los pueblos con memoria sobreviven.
Estos artículos precedentes son una recopilación de lo que se dijo de los mapuche-ranqueles en épocas en que aún las tribus habitaban y guerreaban por sus tierras. La gran mayoría de los que aquí opinan son sus contemporáneos, con quienes a veces tuvieron trato amistoso y otras estuvieron divididos por la constante guerra desatada para arrebatarles las tierras con la excusa de llevarles la civilización y el progreso.
Hay opiniones de viajeros, científicos y extranjeros, de políticos y también de militares que los combatieron y les reconocieron valores admirándolos aún como enemigos.
La lectura de estos trozos, en su gran mayoría cartas, son el mejor homenaje que se le pueda rendir a este pueblo.
No olvidemos que varias generaciones de sus descendientes están aún esperando justicia por el arrebato de sus tierras y por el menosprecio de su cultura.
Ellos son los primeros paisanos que tuvo nuestra patria, por lo tanto con nuestros mismos derechos.
Sólo cuando los hayamos reconocido como nuestros iguales sabremos a ciencia cierta lo que es nuestra identidad.

Si, sabemos quien fue Roca. (2º parte)

       
Por Susana Dillon
 EL REPARTO DEL DESIERTO
       "La conquista definitiva del desierto y la expansión de la frontera,  benefició sin duda a un sector: el que compró tierras baratas en virtud del empréstito de 1878 que financió la campaña dedicándolas a la producción o a la especulación."
          Silvia C. Mallo. Todo es Historia. N° 144. Mayo 1979.
    A los fines de la presidencia de Avellaneda, nuestro país se define por la explotación ganadera y tardíamente por la agraria, entendida por la propiedad latifundista que se extendería no sólo en el territorio pampeano sino también en la Patagonia.
    La expresión de estos intereses tanto económicos, como políticos y sociales se centralizaban en la figura del Gral. Julio A. Roca, quien sería el adalid de la Campaña del Desierto, una especie de nuevo conquistador, cuyo objetivo final, era llegar a la presidencia de la nación junto con el botín de guerra que venía por añadidura: la posesión del "Desierto", al que luego le llamaron "El Granero de América".
    El plan de la campaña que terminaría dejando libre de indios las mejores tierras del país y el norte de la Patagonia se venía gestando entre 1863 y 1864 por el Cnel. Manuel de Olascoaga, quien exploró prolijamente esos territorios entre los años 1869 al 1874. Residiendo en Rosario, se puso en contacto con el Gral. Roca enviándole, mapas, cartas y demás documentos de la futura campaña. En 1877 Olascoaga pasa al servicio de  Roca, recalcándole también su pensamiento, en el que no cabía la aniquilación de los indígenas, sino el hacerlos útiles para las explotaciones agrícolas ganaderas a las que eran afectos, adjudicándoles, también tierras.
    El Gral. Roca en abril de 1879 llega al cuartel general instalado en Carhué donde comienza a organizar la campaña con el objetivo de que fuera una apropiación de lo que ahora veían eran "Las tierras más fértiles y ricas de la República". La oligarquía latifundista de la provincia de Buenos Aires sería la que pagara las armas necesarias para la acción bélica que se estaba gestando.
La conducción de dicha empresa recaería en el Gral. Roca que de ese modo accedería a la presidencia nacional.
    El periódico La Prensa del 9 de diciembre de 1879 lo dijo claramente:
       "El general ejecuta, en cumplimiento de sus deberes, una ley del congreso y no corresponde que la utilice para otros fines. ¿Qué tienen que ver los indios con la lucha presidencial?, no comprendemos como la presencia de los indios de la pampa sea una garantía para la verdad del sufragio popular".
    Eduardo Gutiérrez decía a su vez:
       "Es necesario contraer méritos en el país, méritos que nadie puede negar aunque sea una farsa la Conquista del Desierto y exclamaron en el Congreso, He aquí la piedra filosofal... tomar todos los indios que se quiera y volver con el título de conquistador. El falso título de conquistador del desierto fue el que empezó a invocarse para que el Gral. fuese acreedor de ocupar la presidencia".
    Siendo Avellaneda presidente, tuvimos un conflicto con Chile que estaba en plena expansión territorial, pero Roca no quiso enfrentarlo por combatir a los indios. Hubiera sido más digno resolver ese conflicto que se postergó por diez años. Se dijo entonces que Roca debió probar sus zorrerías frente a los chilenos que con sus conciudadanos por un delirio de poder. Anteriores legislaciones habían protegido al indígena, el mismo Olascoaga no auspiciaba la aniquilación, sino la incorporación a la vida nacional de los naturales.
    Pero donde vemos el meollo de la cuestión es cuando se adjudicaron "Las tierras más ricas y fértiles del país" a los protegidos, amigos y parientes de Roca. Veamos primero la ley de premios en tierras del 5/9/1885, a los militares que habían realizado la campaña, según sus grados.
    Se acordarán con acceso a ríos y arroyos
15.000 has. a los herederos de Adolfo Alsina 
8.000 a los jefes de frontera
5.000 a los jefes de batallones
2.500 a los capitanes y ayudantes
1.500 a los subtenientes
                Para la tropa, terreno para una chacra, 1/4 de manzana en un pueblo, 100 has a todo individuo de tropa dado de baja por cumplido o inutilizado en el servicio.
                ¡Cien hectáreas sin agua! A quienes se las dieron, bien pronto las tuvieron que cambiar por víveres al no poder trabajarlas. La ley decía que el máximo de tierra que podían acceder los jefes era de 8.000 has.
           La investigación del parlamento demostró que hubo más de 79 casos de diversas personas que llegaron a adquirir ellos solos 1.404.351 has.
           Otros ejemplos:
              Rafael Igarzábal 10.000 has, en Chubut
              Luis Belaustegui 20.000 has. en Chubut       
              H. Von Bernard 50.000 has. en Chubut     
              Enrique Garrido 30.000 has. en Río Negro                                  
              Nuevo Banco Inglés 35.000 has. en Chubut                             
              Francisco Melchor y Fco. Bustamante 49.000 has en Chubut              
                Pero todavía quedan en el misterio las que se adjudicaron Roca sus hermanos con amistades y parientes, refugiados en Sociedades  Anónimas, tampoco figuran en esta lista ni los Martínez de Hoz, ni Anchorena, ni Santamarina.
                Para aquellas épocas aparece Ambrosio Olmos en el sur cordobés, cerca de Río Cuarto con 250.000 has., que más tarde fueron a parar a las manos de doña Adelia María Harilaos de Olmos, su esposa, pero ésta será otra historia para desmenuzar en los tiempos de las vacas gordas, de los inviernos en París y los casinos de la Riviera que me reservo para el futuro. Queda claro de lo expuesto: la famosa Conquista del Desierto no tuvo otro fin que la apropiación de las mejores tierras del país, la gran pampa y el norte de la Patagonia por la oligarquía terrateniente de Buenos Aires a quienes se les dio en llamar irónicamente "los condes pampas", beneficiando a una clase cuyos descendientes todavía gobiernan entre bambalinas, disimulados tras los títeres políticos que se han sucedido continuamente, alternando otros émulos de Roca, con entorchados, sables y golpes. A todo esto el pueblo empobrecido seguía poniendo los muertos y el atraso. Sin que le tocara otra cosa que las migajas del banquete, y tanto los soldados como los indios no tuvieron más suerte que ser parias.
            La Ley de Hogar, dictada en 1884 durante la presidencia de Roca, daba solución a la radicación de los indígenas: Artículo 1°, se destinan 20 secciones de 50 leguas cada una en terreno propio para el pastoreo, Artículo 2°, provistos de aguadas o de irrigación. Artículo 3°, cada sección debe ser dividida en 625 has. para repartirlas con acceso a aguadas, ríos y arroyos.
            Ninguna de estas leyes favoreciendo a los indios se cumplió, los indígenas fueron diezmados de acuerdo con el mensaje de 1878 donde se ordenó someter y expulsarlos; sin embargo, algunas colonias prosperaron, al fin todas tuvieron la misma suerte: la expulsión y el aniquilamiento.
            Hasta los mismos participantes de la campaña, como el Cnel. José María Sorobe expresó: "Al llevar las armas nacionales hasta los más remotos confines... el estado argentino contrajo la alta responsabilidad moral de propender por todos los medios a su alcance a la regeneración moral y espiritual de las tribus indígenas...", agregando: "Nada se ha hecho, ni se ha tomado medida alguna orgánica y seria en el sentido de conseguirlo". "Nada se hizo, los indios capturados fueron transferidos al norte donde fueron aniquilados por la explotación de los ingenios, diezmados por las epidemias de la zona".
             Les tocó padecer el "extrañamiento", sistema que tuvieron los conquistadores españoles que aplicaron entre otras etnias a los Quilmes.
            La apropiación de tierras se hizo a través de leyes confeccionadas a la medida de los que pagaron la conquista. El mismo Cnel. Olascoaga, gestor y creador de los planos y documentos de la conquista fue quien condenó, a la postre, este proceder maquiavélico.
            El Comandante Prado, otro comentarista de la campañas, ha dejado también su opinión al respecto: "lamentando que todo aquel desierto no se allase aún en manos de Reuque o de Sayhueque.... pero así es el mundo: "Los tontos amasan la torta y los vivos se la comen".
            Una de las leyes que prueban el favoritismo y la corrupción son aquellas consideradas "especiales", por eiemplo la 2211 del 28-10-1887 por la cual se otorgaba, entre otros al Gral. José M. Arredondo 17.000 has, en Neuquén y 7.500 has. en La Pampa; al Gral. Lucio V. Mansilla 15.000 has. en Neuquén y 10.000 has. en el Chaco.
Por la Ley 1806 del 20-10-86 se adjudicó a la viuda de Avellaneda y a su hija 17.000 has. en Río Negro y 22.500 has. en Neuquén, al Tte, Cnel. José M. Uriburu 10.000 has. en el Chaco.
La Ley 2209 del 05-11-88 autorizó vender a Juan M. Temperley 50.000 has. en Chubut a $700 la legua cuadrada, pero todavía no se registran datos de los que se le otorgaba al Ferrocarril Central Argentino. ¿Se encuentra acaso alguna ley que le otorgara tierras labrantías a los aborígenes?... y eso que sobraba pampa, pero los indios seguían errantes o servían para hacer puntería.
A este respecto hay una investigación del escritor Osvaldo Bayer que dice:
"...se reproducía la resolución del primer presidente de la Sociedad Rural Argentina, por supuesto Martínez de Hoz, casualmente bisabuelo del Ministro de Economía de Videla. En ese aviso la S.R.A. recordaba con emoción que esa organización de ganaderos había ayudado al Gral. Roca en su expedición contra los indios con 1.500 caballos. Fue un buen negocio. Al bisabuelo le correspondieron 2.500.000 has. de esas mejores pampas de los ranqueles y los mapuches"
Revista Umbrales. Nº 16. 1 de marzo de 2006, pág. 31.
Una parte del botín
La provincia de Buenos Aires fue donde quedó patentizado el proceder de los que se quedaron con lo mejor del botín de la Campaña.
Luego de la repartija, ya fuese obtenidas las tierras por remates o en orden a las leyes que se dictaron para satisfacer a los que de una u otra manera participaron en los actos bélicos, los propietarios no las habitaron, sino los peones, jornaleros, puesteros, criadores y muy escasamente labradores. Preferentemente estos pobladores eran naturales del país. Los propietarios fueron llamados "condes pampas", residieron en rumbosas residencias porteñas, pero a los inviernos los pasaban en París (allá verano).
Un censo efectuado en 1895, permitió verificar que sólo los casos de los estancieros Chute y Mullhall, residieron en los campos adquiridos, los demás sólo visitaban sus propiedades para verificar sus ganancias o pasar vacaciones "lejos del mundanal ruido".
Muchos de estos estancieros edificaron en los cascos reproducciones de castillos del Loire, donde disfrutaban en verano de las delicias del campo con nutridos grupos de amistades con igual o parecida suerte.
Aquí faltan las extensiones con las que se quedó el Gral. Roca y sus generales y parientes diseminados en las provincias de Córdoba, Santa Fe, San Luis, La Pampa, Río Negro, Chubut y Neuquén, de donde fueron expulsados los indígenas.
En cuanto a nuestro coterráneo Ambrosio Olmos logró reunir 250.000 has„ en las inmediaciones de Río Cuarto que tuvieron el mismo origen y que pasaron a nombre de su viuda doña Adelia María Harilaos.
El cuadro siguiente es obtenido de la revista Todo es Historia, Nº 144, mayo de 1979, edición especial, pág. 91.
En la provincia de Buenos Aires. Propietarios de más de 30.000 has.
Estas cifras hablan por sí solas. Los lectores pueden agregar datos de tierras de nuestras cercanías que siguen perteneciendo a los descendientes de los favorecidos. La memoria popular los anota. Algún día se hará justicia.

20 nov 2011

LA HISTORIA NEGRA DEL BANCO POPULAR FINANCIERO


Por Hernán Vaca Narvaja

La jueza Silvia Marcotulio no tenía motivos para temer. Era una magistrada reconocida, acordaba ideológicamente con la dictadura militar y tenía un hermano dentro de la fuerza. Sin embargo, nunca pudo olvidar la conversación que mantuvo con el capitán del Ejército Argentino Héctor Pedro Vergéz, alias Vargas, con motivo de su investigación judicial sobre las irregularidades cometidas por los directivos del Banco Popular Financiero de Río Cuarto. Corría el año 1978 cuando Vergéz, que por entonces se desempeñaba como jefe de interrogatorios del campo de concentración La Perla, se presentó de civil en su departamento céntrico.
- Tenemos que arreglar este asunto del Banco Popular Financiero-, le dijo, enérgico pero cortés.
- No sé a qué se refiere. Yo ya fallé en esa causa y ahora la que tiene que decidir es la Cámara-, se atajó Marcotulio.
- Me refiero a Quenón. Usted tiene que meterlo preso porque está extorsionando a los verdaderos dueños del Banco Popular Financiero-, insistió el militar.
La magistrada sabía que Vergéz no era un simple asesor del directorio del Banco Popular Financiero. "Ojo que es un tipo peligroso. Fue dado de baja del Ejército por atorrante y ahora está contratado en Córdoba para hacer tareas sucias", la había prevenido su hermano, militar en actividad. Ella lo había consultado porque el propio Vergéz se había presentado como "amigo de su hermano" cuando le pidió la entrevista.
Marcotulio recordaría a Vergéz como un tipo siniestro, buen mozo, "el típico villano de película", que pasó de la adulación a la amenaza en cuestión de minutos.  De aquella tensa entrevista no salió nada en limpio. Marcotulio la dio por concluida cuando percibió que el represor había entrado en terreno pantanoso.
Héctor Pedro Vergéz
Vergéz se fue de mala manera, convencido de que su gestión con la jueza había sido infructuosa.
Pero no se quedaría quieto.

Nicanor Quenón fue uno de los fundadores del Banco Popular Financiero, en 1965. Ostentaba el 65 por ciento del paquete accionario y era el gerente general de la entidad -el presidente era Carlos Cravero-, capitalizada gracias a un crédito de 62 millones de pesos procedente del Banco de Italia.
El banco arrancó con el pie derecho y pronto se convirtió en una entidad pujante y respetada. Puertas adentro, sin embargo, las cosas no iban nada bien. En los albores de los años ´70, su fundador se presentó en los tribunales de Río Cuarto para denunciar que había sido despojado de la mayoría accionaria por sus propios socios.
Sin Quenón, el nuevo directorio del banco fue integrado por Carlos Caramuti, Carlos y Héctor Conti, Osvaldo Travaglia, Marcos Giuliano y Pedro Bruno, entre otros. Fueron designados síndicos Fernando Mauhum y Pedro Marinelli, en tanto que Jorge Joaquín Cendoya fue nombrado asesor legal. Estaba claro que el radicalismo de Río Cuarto había tomado la conducción del banco.
Quenón inició una interminable pelea judicial, a la que se irían sumando nuevas denuncias hasta conformar un voluminoso expediente en el que el prestigioso Banco Popular Financiero fue mutando hasta convertirse en un virtual centro de operaciones ilegales de una asociación ilícita conformada por los más conspicuos dirigentes del radicalismo riocuartense.

La leyenda cuenta que cada vez que el Banco Central enviaba un inspector a auditar los números del Banco Popular Financiero, éste presentaba un informe favorable y volvía a Buenos Aires, pero con un auto nuevo en su poder. Hasta que en 1971 un inspector de apellido Sayago rompió con esa la tradición y elevó un lapidario informe a sus superiores. Entre otras irregularidades, constató la existencia de una "cueva" financiera en la localidad de Achiras, la apertura de cuentas corrientes ficticias y depósitos de "vales" en lugar de dinero, además de un doble juego de libros de contabilidad.
En 1975, una nueva denuncia acusó al directorio del Popular Financiero del pago de honorarios en forma indebida a los abogados de las personas que habían sido denunciadas por Quenón (el juicio era a título personal y no contra la entidad, por lo que los acusados deberían haber afrontado los honorarios de su bolsillo). Tres años después, una nueva denuncia acusó a los directivos del banco de prestar dinero sin cobrar intereses (un hecho sin precedentes en el mundo financiero) y haber estafado a los hermanos José Domingo y Tomás Larrañaga, que hipotecaron -y perdieron- un campo como garantía de un préstamo que nunca recibieron.
Todas las causas referidas al Banco Popular Financiero -incluida la denuncia original de Quenón- se acumularon en el juzgado de Silvia Marcotulio. Sorprendida ante semejante muestrario de delitos y su continuidad en el tiempo, la jueza imputó el delito de asociación ilícita a todos los directores del Popular Financiero. Y, como se trata de un delito no excarcelable, ordenó la prisión preventiva de los imputados.

De esta manera, en los años más álgidos de "Proceso de Reorganización Nacional", lo más granado de la dirigencia de la UCR riocuartense fue a parar a prisión. Pero no por combatir a la dictadura, sino acusados de haber conformado una banda dedicada a estafar a los clientes del Banco Popular Financiero y producir el vaciamiento de la entidad en beneficio propio.
La resolución de Marcotulio, fechada en noviembre de 1978, ordenaba el procesamiento de todos los miembros del directorio del Banco Popular Financiero (Travaglia, Caramuti, Conti, Giuliano y Bruno), de los síndicos Fernando Mauhum y Pedro MarineIli y de los funcionarios del banco Eduardo Rivera y Arturo Soria. En cambio, ordenaba el sobreseimiento de Jorge Joaquín Cendoya, Alberto Righetti, Ricardo Maluzán y Omar Depetris. Aunque consideró probados los delitos de defraudación y asociación ilícita, entre otros, la jueza consideró que habían prescripto por el paso del tiempo.

Mientras los acusados de haberlo despojado del Banco Popular Financiero acumulaban denuncias por irregularidades, Nicanor Quenón seguía su interminable periplo judicial en tribunales. A comienzo de la década del '70 había obtenido sendos fallos favorables en primera y segunda instancia y en 1973 el mismísimo Tribunal Superior de Justicia de la Provincia le había dado la razón en su reclamo. Pero los directivos del Popular Financiero apelaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Era 1973 y el presidente Héctor J. Cámpora ya había delegado el poder en Raúl Lastiri, el hombre de las corbatas que convocaría a elecciones generales para que Juan Domingo Perón pudiera presentarse como candidato a presidente. En ese ínterin institucional, la Corte Suprema ordenó volver el voluminoso expediente de la causa iniciada por Quenón -que acumulaba más de 2.000 páginas- a fojas 90. La excusa fue que no se había dado participación al banco, pese a que el juicio era contra sus directivos en forma particular. Quenón estaba convencido de que el insólito fallo de la Corte había sido consecuencia del lobby político realizado en Capital Federal por el influyente Mauhum -que por entonces era diputado nacional, el hermano del dirigente radical Ricardo Balbín y el propio Lastiri. Pese a la adversidad, el lobby político en su contra y el tiempo transcurrido, el fundador del Banco Popular Financiero vendió su estancia para poder continuar con el -a esa altura- oneroso proceso judicial. Su denuncia terminó anexándose al voluminoso expediente que llevaba adelante la jueza Silvia Marcotulio.
Enterado de la prisión preventiva dispuesta por la jueza, Quenón mandó un emisario a visitar a los directivos del Banco Popular Financiero a la cárcel. Les propuso comprarles las acciones para retomar el control de la entidad a cambio de no presentar nuevas denuncias en su contra. A los pocos días, el teniente Maffini, lo citó para reunirse con él en el edificio del Centro Comercial (Cecis). Cuando llegó, además de Maffini -yerno del gerente detenido Eduardo Rivera-, había un hombre de civil que se presentó como jefe de relaciones públicas del banco. Era el tristemente célebre capitán del Ejército Héctor Pedro Vergéz, sindicado como el jefe de interrogadores del campo de concentración La Perla, en Córdoba capital.
Quenón y Maffini no se pusieron de acuerdo, se produjo un altercado y la reunión se dio por terminada de manera abrupta. Esa misma noche, un grupo parapolicial presuntamente encabezado por el propio Vergéz fue a buscar a Quenón a su casa, pero éste logró escapar por los techos y llegó hasta la vivienda de un amigo, que le consiguió refugio primero en San Luis, luego en Santa Fe y finalmente en Paraguay, donde Quenón se exilió algunas semanas para salvar su vida. En abril de 1979, Travaglia, que todavía estaba preso, denunció a Quenón por tentativa de extorsión ante id jueza Marcotulio. Lo acusó de haberle propuesto comprarle las acciones a cambio de desistir de sus denuncias. Entre los testigos que desfilaron por el proceso estuvo el propio Vergéz, quien dio su versión del encuentro mantenido en el Centro Comercial con Maffini y Quenón. "Me presenté formalmente con mi apellido y mi grado militar, aunque no me consta que el señor Quenón me escuchó", dijo, enigmático, el represor que por entonces integraba el directorio de la financiera cordobesa Condecor y era socio del dirigente peronista Julio César Aráoz en una mueblería ubicada en la calle Castro Barros, en el centro de la ciudad de Córdoba. Los seguidores de José Manuel De la Sota acusaron en su momento a Aráoz y Vergéz de haber utilizado ese local para vender muebles procedentes de los operativos ilegales de secuestro y desaparición de personas.
Su desembarco en Río Cuarto como asesor del Banco Popular Financiero no habría sido su única visita la ciudad. Un testigo que siguió de cerca los pasos del tenebroso capitán del Ejército recordó que el represor utilizaba una furgoneta -pintada con propaganda de una confitería-, que tenía el caño de escape orientado hacia el interior del vehículo. Allí, según refiere el testigo -cuya identidad se mantiene en reserva-, habrían muerto por asfixia algunas de las víctimas de la represión, entre las que mencionó a Gabriel Blaustein, cuya desaparición investiga el juez federal Carlos Ochoa.

A LA ESPERA DEL JUICIO
Vergéz debía ser juzgado este año por el Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba (TOF1), pero la causa sufrió inexplicables dilaciones, como sucedió durante mucho tiempo con la investigación de los crímenes cometidos en la Unidad Penitenciaria N° 1 de Córdoba (UP1). Es que si la causa de los fusilamientos en la cárcel de barrio San Martín incomodó a los magistrados (sindicados como cómplices de los represores) y a prominentes dirigentes del radicalismo como Oscar Aguad (que cobijó al represor Carlos Yanicelli como jefe de inteligencia policial cuando fue ministro de Gobierno de Ramón Mestre), la causa de Vergéz roza a destacados dirigentes justicialistas, de! que Aráoz -amigo y mentor del camarista José María Pérez Villalobos- es sin duda el más emblemático.
La presencia de Vergéz en Río Cuarto como "empleado" del Banco Popular Financiero confirma la estrecha relación que existió entre et poder militar, económico y político (amén del poder eclesial) durante los años de plomo. En la misma época y con total impunidad -pese a que el caso era conocido por la Justicia-, en Río Cuarto se vendían decenas de bebés a costa del engaño a sus jóvenes e inexpertas madres, según la impactante investigación del periodista Alejandro Fara publicada recientemente en diario Puntal.

Nicanor Quenón falleció en 1986. Al año siguiente se produjo la "masacre" que hizo tristemente conocida la entidad a nivel nacional. L justicia condenó a Francisco Nieva y Miguel Ángel Salinas como autores materiales de la matanza de los empleados bancarios, que fueron acribillados sin miramientos mientras permanecían maniatados e indefensos. Pese a la condena, siempre quedó la duda sobre la autoría intelectual de la masacre.
Para entonces, Jorge Joaquín Cendoya era ministro de gobierno de Eduardo César Angeloz y Fernando Mauhum ocupaba una banca en el Senado de la Nación. La jueza que los había metido presos fatigaba los pasillos de tribunales, pero del otro lado de la barandilla.
El radicalismo nunca le perdonaría a Marcotulio haber encarcelado a sus principales figuras en Río Cuarto y la expulsó sin miramientos del Poder Judicial, donde había sido ascendida a camarista por los militares: apenas recuperadas las instituciones, el Senado no prestó acuerdo a su pliego y Marcotulio fue dejada cesante.
En el plano judicial, su brillante investigación fue desarticulada por la habilidad de los abogados defensores, que consiguieron que un grupo de permeables camaristas del crimen -de convenientes vínculos con el senador Mauhum- fueran desestimando las acusaciones -en su mayoría por prescripción- hasta absolver de culpa y cargo a todos los protagonistas de la historia negra del Banco Popular Financiero.
Marcotulio tendría su revancha: en 2003 reingresó por concurso a los tribunales de Río Cuarto, de donde se jubiló como camarista en 2008.
Vergéz todavía espera el veredicto de la Justicia por sus crímenes y estafas.

Fuente: Revista El sur

Subido por  el 16/09/2010