Condenas de entre 16 y 18 años para los tres Vargas acusados por la desaparición de Sabena

"Yaca" Vargas recibió 18 años de prisión efectiva; José "Pepe" Vargas 17, y su hija Lucía Inés, 16 años. Conformidad en la familia del joven desaparecido.

Los jueces Emilio Andruet, Daniel Mola y Carlos González Castellanos sentenciaron con penas que van desde los 16 a los 18 años de prisión a los miembros de la familia Vargas acusados de secuestro coactivo agravado por el número de participantes en el marco de la investigación por la desaparición de Nicolás Sabena. 

Puntualmente, José Francisco "Yaca" Vargas recibió 18 años de prisión efectiva; José "Pepe" Vargas Miserendino 17, y su hija Lucía Inés Vargas, 16 años. La sentencia se conoció en una sala colmada de familiares y allegados a la familia Sabena como así también un sinnúmero de medios de prensa.

Rosa Sabena, madre del joven desaparecido, se mostró conforme con la sentencia aunque volvió a recalcar que ninguna condena suplirá a la ausencia de su hijo.

En medio de pancartas y gritos en pedido de que se conozca el paradero del joven desaparecido Nicolás Sabena, ingresaron a la Cámara Segunda del Crimen los tres miembros de la familia Vargas.

El domingo se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición de Nicolás Sabena. Seis años pasaron desde aquel otro domingo 14 de septiembre cuando se cortó toda comunicación con el chico de 21 años que había dejado su casa paterna para instalarse en una quinta de las afueras de la ciudad.

Tanto Jorge Valverde, abogado defensor de "Pepe" y "Yaca", y Osvaldo Narcisi, defensor de Lucía Vargas, manifestaron su decisión de apelar la condena en el Tribunal Superior de Justicia. 

Qué condena habían pedido**

José Francisco Vargas Miserendino y sus dos hijos están acusados de secuestro coactivo agravado por el número de participantes y, después de los alegatos del 26 de agosto pasado corren serio riesgo de recibir una importante condena, si los jueces los declaran culpables.

El fiscal de Cámara Fernando Moine solicitó 23 años de prisión para José Francisco “Yaca” Vargas, en tanto que para su padre “Pepe” Vargas y para su hermana, Lucía Inés -alias “Cori”- pidió 20. 

En cambio, el abogado de la familia Sabena, René Bosio, solicitó una condena de 23 años para los dos varones y 20 años para “Cori” Vargas. Los defensores pidieron la absolución por entender que no hay pruebas para declararlos culpables.

Fuente:Puntal

Crónica de una crisis anunciada: Ivecor en reitrada

Viviendas: se va Ivecor y el plan se cede a otra empresa.

Puntal 19.09.14

Por su crisis financiera, la firma de Monte Maíz no puede cumplir con las casas de clase media al ritmo que fija el pliego.

Ivecor, cargada de deudas y acosada por los cheques que no paran de rebotarle por falta de fondos, dejará de ser en los próximos días la empresa que ejecuta el plan municipal de viviendas de clase media y el contrato de más de 220 millones de pesos será cedido a una nueva constructora.

El acuerdo entre los empresarios de Monte Maíz y los funcionarios del gobierno de Juan Jure está avanzado en un 90 por ciento. En las últimas horas, miembros del gabinete municipal viajaron a la sede de Ivecor para ajustar los detalles. La empresa del sudeste cordobés empezó a tener inconvenientes financieros serios a principios de año y con el correr de los meses, lejos de encontrar la solución que prometieron los directivos esa situación se fue agravando.

Hoy, según base de datos del Banco Central de la República Argentina,  Ivecor tiene 655 cheques rechazados por falta de fondos por un total de 13,6 millones de pesos. En mayo, un informe de este diario había revelado que a la empresa de Monte Maíz le habían rebotado 417 cheques por 7,5 millones de pesos. Es decir, en solamente cuatro meses sumó 238 documentos que emitió sin respaldo y agregó 6,1 millones de pesos a su cuenta de incumplimientos.

Como consecuencia, antes de que la constructora termine de saltar por los aires, el gobierno de Jure decidió acudir a un plan B: según pudo determinar este diario, la semana próxima se anunciaría la salida de Ivecor y su reemplazo por otra constructora.

Los empresarios de Monte Maíz terminarán de construir las viviendas que tienen en marcha -principalmente en Castelli y en Cispren 2- pero del resto del plan se encargará una nueva firma o una UTE (es un aspecto que resta definir en el gobierno).

Desde el Palacio de Mójica aseguran que comenzaron a monitorear la situación de Ivecor cuando surgió la información de que acumulaba cheques voladores. La alternativa que se analizó está en la Ley de Obras Públicas, que le permite al Estado reemplazar a una empresa que haya ganado una licitación cuando no pueda garantizar la continuidad de un proyecto. Por eso, según trascendió, no habrá una subcontratación de Ivecor a otra sociedad sino que, directamente, se cederá el contrato.

Actualmente, Ivecor ha entregado solamente 63 viviendas de la primera etapa de un plan integral de más de 770 destinadas a la clase media. Y si bien desde el gobierno aseguran que no se registraron atrasos preocupantes, sí hubo quejas de las familias que ya recibieron las casas por fallas estructurales y de terminación.

“Los adjudicatarios tienen que quedarse tranquilos porque no va a haber ningún problema. Estamos preparando una transición ordenada, sin cortes abruptos ni traumáticos. Actuamos de esta manera porque queremos evitar el riesgo de que la situación financiera de la empresa empeore y tengamos inconvenientes más graves”, indicaron en el Municipio.

Según explicaron, Ivecor podría seguir encargándose del plan de viviendas que Jure prometió durante la campaña pero no a la velocidad que requiere el gobierno. Se trata del principal compromiso que el intendente asumió para su segunda gestión y es uno de los logros que pretende mostrar para dar el salto al escenario político provincial. “El ritmo de obra que nos puede dar Ivecor no se ajusta al que necesita la obra que hemos contratado”, declararon en el gobierno.

En el pliego de licitación del plan municipal constaba expresamente que la empresa ganadora debía tener una espalda financiera que garantizara no sólo el cumplimiento de los plazos previstos sino que, además, estuviera en condiciones de adelantar inversión de las etapas posteriores. Hoy Ivecor no puede cumplir con ninguna de las dos exigencias.

En el Municipio todavía no se inició el trámite formal de cesión del contrato, aunque arrancará en los próximos días. Así terminará la accidentada y corta historia de Ivecor en tierras riocuartenses.

Una situación que fue empeorando

El declive de Ivecor se fue acentuando con el correr de los meses. La situación endeble de la empresa constructora fue revelada por este diario en un informe que se publicó el 4 de mayo. Entonces, la firma Ivecor había emitido 417 cheques sin fondos por un total de 7,5 millones de pesos.

Ayer, el informe del Banco Central indicaba que Ivecor ya acumula 655 cheques sin fondos por más de 13,6 millones de pesos.

Cuando se publicó el primer informe en PUNTAL, el presidente de Ivecor, Walter Rubino, aseguró que la crisis financiera era pasajera y que estaban trabajando en una solución inmediata. Detalló que el principal inconveniente había sido una firma que los había subcontratado y no les había pagado 10 millones de pesos.

Desde entonces, Rubino no sólo no pudo levantar los cheques rebotados sino que fue acumulando cada vez más a un ritmo frenético.


Marcos Jure

Dos madres que no claudicaron

Hoy, cuando se conoce el veredicto que condena a los Vargas Parra no podemos menos que destacar la lucha de estas madres que no claudicaron.

Susana Dillon y Rosa Sabena 24-11-2010

¿También los cordobeses pagamos a los tuiteros de De la Sota?

Denuncian que la Provincia gasta 96 mil pesos en "ejército tuitero"

El legislador Fonseca pidió informes sobre el contrato con una consultora para "asesoramiento en redes sociales". Lo vinculó con la presentación De Loredo sobre "cuentas falsas" que apoyan al gobernador. (La Voz)

 El legislador Ricardo Fonseca denunció hoy que el Gobierno provincial pagó 96 mil pesos para sostener "un ejército tuitero".

El parlamentario del Frente Cívico se basó en el informe que elaboró semanas atrás el radical Rodrigo De Loredo, quien presentó datos sobre cuentas falsas que respaldan al gobernador José Manuel de la Sota y su gestión.

El tema se había disparado cuando en un programa de radio porteña, el periodista Ernesto Tenembaun le alertó al propio De la Sota sobre sugestivos apoyos en la red social.
 
Fonseca reclamó informes sobre la contratación de la empresa BRIC Brain, Innovation de Buenos Aires por 96.800 pesos "para asesoramiento de redes sociales"

"¿Por qué contratan a una empresa que los asesore en temas vinculada a redes sociales? Más allá del costo, es el abuso de autoridad y el concepto ético en la utilización de gastos públicos", sostuvo Fonseca, en diáologo con Radio Mitre Córdoba.Y se siguió preguntando: "¿Por qué el Gobierno contrata asesoramiento para redes sociales, si tiene una secretaría de Información Pública con un ministro muy costoso que se dedica a apretar periodistas, en lugar de informar o de por lo menos proveerle al gobernador de los instrumentos necesarios de la estrategia y que no tenga que pagar la provincia a una empresa de Buenos Aires para que haga un call center cada vez que el gobernador aparece un programa de televisión".

Fuente: La Voz del Interior 19.09.14

Acusaciones de Scholender compromenten a Boudou

La Nación: Denuncia de Schoklender por desvío de fondos en el caso de las Madres

Dijo que Boudou se valió de un testaferro para desviar dinero de la Fundación

 Sergio Schoklender contraataca y para defenderse acusó al vicepresidente Amado Boudou de valerse de testaferros para cobrar 160 millones de pesos que debía percibir la Fundación Madres de Plaza de Mayo y quedarse con esos fondos.

 

Schoklender hizo estas acusaciones al realizar ayer una declaración espontánea en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi que lo investiga, junto con empresarios y funcionarios acusados de desviar dinero que el Estado entregó a las Madres para la construcción de viviendas sociales.

Schoklender declaró ayer por escrito y en 27 carillas señaló que se desvió el dinero de las Madres a un fideicomiso mediante el cual "se robaron todo el patrimonio de la Fundación". Y dio un dato sorprendente: aseguró y puso por escrito que "según comentarios, Boudou habría adquirido un Rolls Royce que se encontraría a nombre de su padre". Dio la patente CNR 301. Sin embargo, LA NACION comprobó que ese dominio corresponde a una limusina Peugeot que está registrada a nombre de una persona domiciliada en Villa Lugano, sin relación aparente con el vicepresidente.

En su escrito, Schoklender dijo que cuando dejó la fundación quedaban por cobrar 160 millones de pesos de diversas jurisdicciones por casas construidas por las Madres. Afirmó que en ese momento, 2012, las Madres constituyeron un fideicomiso merced a las gestiones de un allegado a Boudou, Aybar Roberto Domínguez. El administrador de ese fideicomiso es el ingeniero mendocino Luis Debandi. Schoklender dijo que Domínguez y Debandi "siguiendo instrucciones de Boudou, desviaron el dinero con la firma de Hebe de Bonafini " .

Schoklender declaró como acusado, es decir, sin prestar juramento de decir la verdad, y se está defendiendo de una acusación. En esta causa que investigó el juez Norberto Oyarbide , y que la Cámara Federal anuló parcialmente, quedan por ser indagados unos 60 acusados, entre los que está Schoklender. El juez avanza para comenzar a fin de año las indagatorias que involucrarán a los funcionarios nacionales que autorizaron el envío de los fondos y no controlaron su destino.

LA NACION reveló el 28 de julio pasado que el administrador del fideicomiso cobra de honorarios el 16% del giro de fondos destinados a emprendimientos que lleven adelante las madres y que el contrato original, firmado el 24 de agosto de 2011, establecía que los honorarios del administrador iban a ser sólo de 1%. Schoklender ahora volvió a la carga sobre esta información para sostener que los fondos habían ingresado al fideicomiso al que fueron desviados. Además, que la Fundación no presenta balances desde hace dos años.

LA NACION consultó con el fideicomiso, que informó que las deudas se están pagando y que las cuentas ya fueron auditadas dos veces.

Schoklender insistió en que se haga una auditoría sobre los fondos de la Fundación y denunció que el fideicomiso es "sólo un medio para vaciar las arcas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo en beneficio propio y de terceros".

"Ninguna donación ni subsidios que se otorguen a las Madres pueden tener como pretensión endulzar los bolsillos de un particular, presumiblemente testaferro de Amado Boudou", escribió con asistencia del defensor oficial Hernán Figueroa.

Y advirtió que se vació la Fundación y que el dinero cobrado "fue a parar a manos de distintos funcionarios nacionales, entre los que se encuentra el contador Amado Boudou".

Fuente: La Nación 19.09.14