El fiscal federal admitió la denuncia e imputó a dos integrantes de Hijos
Se trata de Luciano Giuliani, investigado por mal desempeño de los deberes de funcionario público,
y de Mariano Cessano, acusado de amenazar a la mujer que aseguró que le frenaron una pensión
El fiscal federal de Río Cuarto, el doctor Guillermo Lega,
admitió la denuncia de una ex presa política por el supuesto desvío del
trámite que inició en la Anses para cobrar una pensión e imputó a dos
integrantes de la agrupación de derechos humanos Hijos. Se trata de
Luciano Giuliani, sindicado como presunto autor del delito de mal
desempeño de los deberes de funcionario público (es director
institucional de la Anses local), y de Mariano Cessano, acusado de haber
amenazado a la denunciante.
“Tras analizar la denuncia, entiendo que la forma en la que se llevaron a cabo las maniobras en la Anses no fueron regulares. En función de eso, he solicitado que el Juzgado Federal desarrolle algunas acciones para investigar el hecho”, indicó el doctor Lega en diálogo con PUNTAL.
-¿La denuncia es contra una persona en particular?
-Es contra (Luciano) Giuliani y (Mariano) Cessano. El primero es por incumplimiento de los deberes de funcionario público (abuso de autoridad y supresión de documento). Mientras tanto, el segundo es por amenazas (que abría recibido la mujer poco después de haber denunciado al funcionario de la Anses). El Juzgado Federal debe determinar si está bien o no, es decir, si hubo delito o no. En mi caso, considero que el trámite se manejó de manera irregular y que se incumplieron las normativas establecidas por ley, por eso están imputados.
-Justamente sobre ese punto se armó una polémica porque hay quienes sostienen que para que exista una imputación debe haber un llamado a indagatoria de parte del juez federal (Carlos Arturo Ochoa)…
-El hecho de que para que estén imputados tienen que ser formalmente citados por el juez es una interpretación del abogado (Benjamín Valverde, patrocinante de la denunciante); para mí están imputados desde el momento en que hago el requerimiento para que se lleve adelante la investigación (el pasado martes).
-En caso de que la Justicia los encuentre culpables, ¿qué penas les podrían caber a las dos personas acusadas?
-En el caso del incumplimiento de los deberes de funcionario público la pena es de hasta 4 años (de prisión) y en lo que respecta a las amenazas la pena es de hasta 2 años (de cárcel).
El origen
El origen de la denuncia tiene que ver con un expediente que inició una ex presa política en la Anses para cobrar una pensión, como actualmente percibe un gran número de ex detenidos de la ciudad.
Según la denuncia, dicho trámite apareció en la Casa de la Memoria, cuando debería haber estado en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para su correspondiente análisis.
Si bien desde la Anses desmintieron las acusaciones, hasta el momento nadie se ha referido públicamente sobre la determinación del fiscal federal Guillermo Lega.
Asimismo, cabe decir que por el momento no se han producido citaciones para la toma de testimonios, aunque sí hubo un pedido formal para que el titular de la Anses, Sergio Rivarola, presente un escrito en la Justicia informando cómo se desarrollan los trámites vinculados a las pensiones.
A todo esto, el abogado de la mujer denunciante, el doctor Benjamín Valverde, dijo ayer a PUNTAL que el próximo paso es que la Justicia determine si existió o no el hecho denunciado, y si el mismo es o no un delito. A la vez, el letrado sostuvo que el objetivo que se proponen es buscar la verdad.
“No hemos tenido acceso al expediente todavía, pero creemos que se debe investigar. La Justicia debe determinar si hay elementos suficientes para citar a indagatoria a las personas denunciadas. Queremos saber qué fue lo que pasó”, indicó Valverde.
Por último, vale recordar que el caso de esta señora no sería el único y que la parte acusadora no entiende cuál o cuáles serían los motivos que llevaron a los funcionarios a actuar de la forma en la que actuaron, por lo que se deduce que puede tratarse de una cuestión política.
Fuente: Puntal 02.07.15
“Tras analizar la denuncia, entiendo que la forma en la que se llevaron a cabo las maniobras en la Anses no fueron regulares. En función de eso, he solicitado que el Juzgado Federal desarrolle algunas acciones para investigar el hecho”, indicó el doctor Lega en diálogo con PUNTAL.
-¿La denuncia es contra una persona en particular?
-Es contra (Luciano) Giuliani y (Mariano) Cessano. El primero es por incumplimiento de los deberes de funcionario público (abuso de autoridad y supresión de documento). Mientras tanto, el segundo es por amenazas (que abría recibido la mujer poco después de haber denunciado al funcionario de la Anses). El Juzgado Federal debe determinar si está bien o no, es decir, si hubo delito o no. En mi caso, considero que el trámite se manejó de manera irregular y que se incumplieron las normativas establecidas por ley, por eso están imputados.
-Justamente sobre ese punto se armó una polémica porque hay quienes sostienen que para que exista una imputación debe haber un llamado a indagatoria de parte del juez federal (Carlos Arturo Ochoa)…
-El hecho de que para que estén imputados tienen que ser formalmente citados por el juez es una interpretación del abogado (Benjamín Valverde, patrocinante de la denunciante); para mí están imputados desde el momento en que hago el requerimiento para que se lleve adelante la investigación (el pasado martes).
-En caso de que la Justicia los encuentre culpables, ¿qué penas les podrían caber a las dos personas acusadas?
-En el caso del incumplimiento de los deberes de funcionario público la pena es de hasta 4 años (de prisión) y en lo que respecta a las amenazas la pena es de hasta 2 años (de cárcel).
El origen
El origen de la denuncia tiene que ver con un expediente que inició una ex presa política en la Anses para cobrar una pensión, como actualmente percibe un gran número de ex detenidos de la ciudad.
Según la denuncia, dicho trámite apareció en la Casa de la Memoria, cuando debería haber estado en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para su correspondiente análisis.
Si bien desde la Anses desmintieron las acusaciones, hasta el momento nadie se ha referido públicamente sobre la determinación del fiscal federal Guillermo Lega.
Asimismo, cabe decir que por el momento no se han producido citaciones para la toma de testimonios, aunque sí hubo un pedido formal para que el titular de la Anses, Sergio Rivarola, presente un escrito en la Justicia informando cómo se desarrollan los trámites vinculados a las pensiones.
A todo esto, el abogado de la mujer denunciante, el doctor Benjamín Valverde, dijo ayer a PUNTAL que el próximo paso es que la Justicia determine si existió o no el hecho denunciado, y si el mismo es o no un delito. A la vez, el letrado sostuvo que el objetivo que se proponen es buscar la verdad.
“No hemos tenido acceso al expediente todavía, pero creemos que se debe investigar. La Justicia debe determinar si hay elementos suficientes para citar a indagatoria a las personas denunciadas. Queremos saber qué fue lo que pasó”, indicó Valverde.
Por último, vale recordar que el caso de esta señora no sería el único y que la parte acusadora no entiende cuál o cuáles serían los motivos que llevaron a los funcionarios a actuar de la forma en la que actuaron, por lo que se deduce que puede tratarse de una cuestión política.
Fuente: Puntal 02.07.15
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