La jueza Silvia Marcotulio no tenía motivos para temer. Era
una magistrada reconocida, acordaba ideológicamente con la dictadura militar y
tenía un hermano dentro de la fuerza. Sin embargo, nunca pudo olvidar la
conversación que mantuvo con el capitán del Ejército Argentino Héctor Pedro
Vergéz, alias Vargas, con motivo de su investigación judicial sobre las
irregularidades cometidas por los directivos del Banco Popular Financiero de
Río Cuarto. Corría el año 1978 cuando Vergéz, que por entonces se desempeñaba
como jefe de interrogatorios del campo de concentración La Perla, se presentó
de civil en su departamento céntrico.
- Tenemos que arreglar este asunto del Banco Popular
Financiero-, le dijo, enérgico pero cortés.
- No sé a qué se refiere. Yo ya fallé en esa causa y ahora
la que tiene que decidir es la Cámara-, se atajó Marcotulio.
- Me refiero a Quenón. Usted tiene que meterlo preso porque
está extorsionando a los verdaderos dueños del Banco Popular Financiero-,
insistió el militar.
La magistrada sabía que Vergéz no era un simple asesor del
directorio del Banco Popular Financiero. "Ojo que es un tipo peligroso.
Fue dado de baja del Ejército por atorrante y ahora está contratado en Córdoba
para hacer tareas sucias", la había prevenido su hermano, militar en
actividad. Ella lo había consultado porque el propio Vergéz se había presentado
como "amigo de su hermano" cuando le pidió la entrevista.
Marcotulio recordaría a Vergéz como un tipo siniestro, buen
mozo, "el típico villano de película", que pasó de la adulación a la
amenaza en cuestión de minutos. De
aquella tensa entrevista no salió nada en limpio. Marcotulio la dio por
concluida cuando percibió que el represor había entrado en terreno pantanoso.
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| Héctor Pedro Vergéz |
Pero no se quedaría quieto.
Nicanor Quenón fue uno de los fundadores del Banco Popular
Financiero, en 1965. Ostentaba el 65 por ciento del paquete accionario y era el
gerente general de la entidad -el presidente era Carlos Cravero-, capitalizada
gracias a un crédito de 62 millones de pesos procedente del Banco de Italia.
El banco arrancó con el pie derecho y pronto se convirtió en
una entidad pujante y respetada. Puertas adentro, sin embargo, las cosas no
iban nada bien. En los albores de los años ´70, su fundador se presentó en los
tribunales de Río Cuarto para denunciar que había sido despojado de la mayoría
accionaria por sus propios socios.
Sin Quenón, el nuevo directorio del banco fue integrado por
Carlos Caramuti, Carlos y Héctor Conti, Osvaldo Travaglia, Marcos Giuliano y
Pedro Bruno, entre otros. Fueron designados síndicos Fernando Mauhum y Pedro
Marinelli, en tanto que Jorge Joaquín Cendoya fue nombrado asesor legal. Estaba
claro que el radicalismo de Río Cuarto había tomado la conducción del banco.
Quenón inició una interminable pelea judicial, a la que se
irían sumando nuevas denuncias hasta conformar un voluminoso expediente en el
que el prestigioso Banco Popular Financiero fue mutando hasta convertirse en un
virtual centro de operaciones ilegales de una asociación ilícita conformada por
los más conspicuos dirigentes del radicalismo riocuartense.
La leyenda cuenta que cada vez que el Banco Central enviaba
un inspector a auditar los números del Banco Popular Financiero, éste
presentaba un informe favorable y volvía a Buenos Aires, pero con un auto nuevo
en su poder. Hasta que en 1971 un inspector de apellido Sayago rompió con esa
la tradición y elevó un lapidario informe a sus superiores. Entre otras
irregularidades, constató la existencia de una "cueva" financiera en
la localidad de Achiras, la apertura de cuentas corrientes ficticias y depósitos
de "vales" en lugar de dinero, además de un doble juego de libros de
contabilidad.
En 1975, una nueva denuncia acusó al directorio del Popular
Financiero del pago de honorarios en forma indebida a los abogados de las
personas que habían sido denunciadas por Quenón (el juicio era a título
personal y no contra la entidad, por lo que los acusados deberían haber
afrontado los honorarios de su bolsillo). Tres años después, una nueva denuncia
acusó a los directivos del banco de prestar dinero sin cobrar intereses (un
hecho sin precedentes en el mundo financiero) y haber estafado a los hermanos
José Domingo y Tomás Larrañaga, que hipotecaron -y perdieron- un campo como
garantía de un préstamo que nunca recibieron.
Todas las causas referidas al Banco Popular Financiero
-incluida la denuncia original de Quenón- se acumularon en el juzgado de Silvia
Marcotulio. Sorprendida ante semejante muestrario de delitos y su continuidad
en el tiempo, la jueza imputó el delito de asociación ilícita a todos los
directores del Popular Financiero. Y, como se trata de un delito no
excarcelable, ordenó la prisión preventiva de los imputados.
De esta manera, en los años más álgidos de "Proceso de
Reorganización Nacional", lo más granado de la dirigencia de la UCR
riocuartense fue a parar a prisión. Pero no por combatir a la dictadura, sino
acusados de haber conformado una banda dedicada a estafar a los clientes del
Banco Popular Financiero y producir el vaciamiento de la entidad en beneficio
propio.
La resolución de Marcotulio, fechada en noviembre de 1978,
ordenaba el procesamiento de todos los miembros del directorio del Banco
Popular Financiero (Travaglia, Caramuti, Conti, Giuliano y Bruno), de los
síndicos Fernando Mauhum y Pedro MarineIli y de los funcionarios del banco Eduardo
Rivera y Arturo Soria. En cambio, ordenaba el sobreseimiento de Jorge Joaquín
Cendoya, Alberto Righetti, Ricardo Maluzán y Omar Depetris. Aunque consideró
probados los delitos de defraudación y asociación ilícita, entre otros, la
jueza consideró que habían prescripto por el paso del tiempo.
Mientras los acusados de haberlo despojado del Banco Popular
Financiero acumulaban denuncias por irregularidades, Nicanor Quenón seguía su
interminable periplo judicial en tribunales. A comienzo de la década del '70
había obtenido sendos fallos favorables en primera y segunda instancia y en
1973 el mismísimo Tribunal Superior de Justicia de la Provincia le había dado
la razón en su reclamo. Pero los directivos del Popular Financiero apelaron a
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Era 1973 y el presidente Héctor J. Cámpora ya había delegado
el poder en Raúl Lastiri, el hombre de las corbatas que convocaría a elecciones
generales para que Juan Domingo Perón pudiera presentarse como candidato a
presidente. En ese ínterin institucional, la Corte Suprema ordenó volver el
voluminoso expediente de la causa iniciada por Quenón -que acumulaba más de
2.000 páginas- a fojas 90. La excusa fue que no se había dado participación al
banco, pese a que el juicio era contra sus directivos en forma particular.
Quenón estaba convencido de que el insólito fallo de la Corte había sido
consecuencia del lobby político realizado en Capital Federal por el influyente
Mauhum -que por entonces era diputado nacional, el hermano del dirigente
radical Ricardo Balbín y el propio Lastiri. Pese a la adversidad, el lobby
político en su contra y el tiempo transcurrido, el fundador del Banco Popular
Financiero vendió su estancia para poder continuar con el -a esa altura-
oneroso proceso judicial. Su denuncia terminó anexándose al voluminoso
expediente que llevaba adelante la jueza Silvia Marcotulio.
Enterado de la prisión preventiva dispuesta por la jueza,
Quenón mandó un emisario a visitar a los directivos del Banco Popular
Financiero a la cárcel. Les propuso comprarles las acciones para retomar el
control de la entidad a cambio de no presentar nuevas denuncias en su contra. A
los pocos días, el teniente Maffini, lo citó para reunirse con él en el
edificio del Centro Comercial (Cecis). Cuando llegó, además de Maffini -yerno
del gerente detenido Eduardo Rivera-, había un hombre de civil que se presentó
como jefe de relaciones públicas del banco. Era el tristemente célebre capitán
del Ejército Héctor Pedro Vergéz, sindicado como el jefe de interrogadores del
campo de concentración La Perla, en Córdoba capital.
Quenón y Maffini no se pusieron de acuerdo, se produjo un
altercado y la reunión se dio por terminada de manera abrupta. Esa misma noche,
un grupo parapolicial presuntamente encabezado por el propio Vergéz fue a
buscar a Quenón a su casa, pero éste logró escapar por los techos y llegó hasta
la vivienda de un amigo, que le consiguió refugio primero en San Luis, luego en
Santa Fe y finalmente en Paraguay, donde Quenón se exilió algunas semanas para
salvar su vida. En abril de 1979, Travaglia, que todavía estaba preso, denunció
a Quenón por tentativa de extorsión ante id jueza Marcotulio. Lo acusó de haberle
propuesto comprarle las acciones a cambio de desistir de sus denuncias. Entre
los testigos que desfilaron por el proceso estuvo el propio Vergéz, quien dio
su versión del encuentro mantenido en el Centro Comercial con Maffini y Quenón.
"Me presenté formalmente con mi apellido y mi grado militar, aunque no me
consta que el señor Quenón me escuchó", dijo, enigmático, el represor que
por entonces integraba el directorio de la financiera cordobesa Condecor y era
socio del dirigente peronista Julio César Aráoz en una mueblería ubicada en la
calle Castro Barros, en el centro de la ciudad de Córdoba. Los seguidores de
José Manuel De la Sota acusaron en su momento a Aráoz y Vergéz de haber
utilizado ese local para vender muebles procedentes de los operativos ilegales
de secuestro y desaparición de personas.
Su desembarco en Río Cuarto como asesor del Banco Popular
Financiero no habría sido su única visita la ciudad. Un testigo que siguió de
cerca los pasos del tenebroso capitán del Ejército recordó que el represor
utilizaba una furgoneta -pintada con propaganda de una confitería-, que tenía
el caño de escape orientado hacia el interior del vehículo. Allí, según refiere
el testigo -cuya identidad se mantiene en reserva-, habrían muerto por asfixia
algunas de las víctimas de la represión, entre las que mencionó a Gabriel
Blaustein, cuya desaparición investiga el juez federal Carlos Ochoa.
A LA ESPERA DEL JUICIO
Vergéz debía ser juzgado este año por el Tribunal Oral
Federal N° 1 de Córdoba (TOF1), pero la causa sufrió inexplicables dilaciones,
como sucedió durante mucho tiempo con la investigación de los crímenes
cometidos en la Unidad Penitenciaria N° 1 de Córdoba (UP1). Es que si la causa
de los fusilamientos en la cárcel de barrio San Martín incomodó a los magistrados
(sindicados como cómplices de los represores) y a prominentes dirigentes del
radicalismo como Oscar Aguad (que cobijó al represor Carlos Yanicelli como jefe
de inteligencia policial cuando fue ministro de Gobierno de Ramón Mestre), la
causa de Vergéz roza a destacados dirigentes justicialistas, de! que Aráoz
-amigo y mentor del camarista José María Pérez Villalobos- es sin duda el más
emblemático.
La presencia de Vergéz en Río Cuarto como
"empleado" del Banco Popular Financiero confirma la estrecha relación
que existió entre et poder militar, económico y político (amén del poder
eclesial) durante los años de plomo. En la misma época y con total impunidad
-pese a que el caso era conocido por la Justicia-, en Río Cuarto se vendían
decenas de bebés a costa del engaño a sus jóvenes e inexpertas madres, según la
impactante investigación del periodista Alejandro Fara publicada recientemente
en diario Puntal.
Nicanor Quenón falleció en 1986. Al año siguiente se produjo
la "masacre" que hizo tristemente conocida la entidad a nivel
nacional. L justicia condenó a Francisco Nieva y Miguel Ángel Salinas como
autores materiales de la matanza de los empleados bancarios, que fueron acribillados
sin miramientos mientras permanecían maniatados e indefensos. Pese a la condena,
siempre quedó la duda sobre la autoría intelectual de la masacre.
Para entonces, Jorge Joaquín Cendoya era ministro de
gobierno de Eduardo César Angeloz y Fernando Mauhum ocupaba una banca en el
Senado de la Nación. La jueza que los había metido presos fatigaba los pasillos
de tribunales, pero del otro lado de la barandilla.
El radicalismo nunca le perdonaría a Marcotulio haber
encarcelado a sus principales figuras en Río Cuarto y la expulsó sin
miramientos del Poder Judicial, donde había sido ascendida a camarista por los
militares: apenas recuperadas las instituciones, el Senado no prestó acuerdo a
su pliego y Marcotulio fue dejada cesante.
En el plano judicial, su brillante investigación fue
desarticulada por la habilidad de los abogados defensores, que consiguieron que
un grupo de permeables camaristas del crimen -de convenientes vínculos con el senador
Mauhum- fueran desestimando las acusaciones -en su mayoría por prescripción-
hasta absolver de culpa y cargo a todos los protagonistas de la historia negra
del Banco Popular Financiero.
Marcotulio tendría su revancha: en 2003 reingresó por
concurso a los tribunales de Río Cuarto, de donde se jubiló como camarista en
2008.
Vergéz todavía espera el veredicto de la Justicia por sus
crímenes y estafas.
Fuente: Revista El sur
Buenísima nota. hay que conocer la verdad
ResponderEliminarExcelente información
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